El tráfico de datos móviles en América Latina aumentará casi 13 veces durante 2018. Este dato por sí solo es un indicador extraordinario que justifica la pregunta de este artículo: ¿están la democracia institucional y el sistema político latinoamericanos preparados para la tecnopolítica? De acuerdo con el pronóstico de Cisco para los años 2013 a 2018, el tráfico de datos móviles en América Latina crecerá hasta los 1,2 exabytes por mes este año. El enorme incremento viene impulsado por el continuo crecimiento del número de conexiones a internet desde el móvil, especialmente desde dispositivos personales y conexiones de máquina a máquina, que superarán los diez mil millones en 2018.
Este crecimiento coincide con un año electoral clave en América Latina en el que las generaciones más digitales van a ser decisivas. Brasil, Colombia y México son tres ejemplos en los que los millennials serán determinantes para averiguar cómo es el mundo que quieren y cómo se van a comportar frente a las distintas opciones políticas que se les ofrecen.
Gonzalo Alonso, ex director general de Google para Iberoamérica (2005-2009), lanzaba recientemente esta contundente advertencia: “Iberoamérica está perdiendo el tren de la transformación digital”, falta una “estrategia iberoamericana de digitalización”. A pesar de tener potencial para ser una “segunda europotencia”, la falta de homologaciones al estilo europeo mantiene la región como “una bola de repúblicas desorganizadas”.
Varias son las voces que coinciden con este diagnóstico. No es que se haya perdido definitivamente la batalla, pero, si no se toman medidas a nivel regional, los beneficios económicos y sociales de la imperativa transformación digital pasarán de largo en Latinoamérica, sobre todo en un contexto mundial de Cuarta Revolución Industrial y en el que América Latina avanza de forma más lenta que sus competidores.
Esta coordinación es difícil de alcanzar, si se tiene en cuenta que los países iberoamericanos cuentan, entre sí, con una gran diferencia en el acceso al consumo de internet. Si bien hay países de la región que se acercan al número de usuarios que hay en Portugal o España, como es el caso de Chile, Argentina y Uruguay, muchos otros se quedan a la cola, como Nicaragua, Honduras o el Salvador. Y este retraso choca con una demanda regional: el acceso a internet supone una “prioridad impostergable” para el 77% de los latinoamericanos, incluso frente a necesidades insatisfechas de infraestructuras, como el desarrollo de carreteras.
Otro ejemplo que ilustra la falta de agendas sólidas de digitalización lo encontramos en dos informes publicados recientemente que demuestran que la velocidad de las conexiones, tanto de banda ancha fija como de 4G en el móvil, no está a la altura de las exigencias de los usuarios latinoamericanos. En todos los países de América Latina la velocidad de banda ancha fija es menor que el promedio mundial. Si nos fijamos en Argentina, se encuentra en el puesto 82.º de los 128 países analizados. Tampoco le va muy bien con relación a la velocidad de conexión en dispositivos móviles: es uno de los diez países con el 4G más lento del mundo, por detrás de Paraguay y Costa Rica.
Y toda esta tarea pendiente, obviamente, no se puede entender sin la participación del sector público. De acuerdo con el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la Competitividad, es imprescindible generar acuerdos políticos de largo plazo que trasciendan las lógicas de programas electorales: “Las políticas de Estado en materia de desarrollo digital, en la mayoría de los países, sufren históricamente los altibajos de los ciclos políticos; frente a esto hace falta una estrategia sostenible”.
Además, desde los organismos internacionales de cooperación se está trabajando para una política común de desarrollo digital para la región como factor de crecimiento, productividad e inclusión, aunque los avances son más lentos de lo necesario. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por ejemplo, llevan tiempo elaborando una agenda digital para la región. Para este año, todavía pendiente de aprobación, doce delegados de países latinoamericanos y caribeños marcaron las líneas de lo que será el trabajo de este organismo en su agenda eLAC2020, que coinciden con los diagnósticos especializados: inversión en infraestructura digital y aumento del capital humano, transformación y economía digital, gobierno digital y mercado digital regional. El Banco Interamericano de Desarrollo, por su parte, se encuentra repensando el futuro del Mercosur a través de un modelo de “regionalismo inteligente 4.0”, que tiene cuatro nodos estratégicos: políticas de Estado, tecnointegración, brechas de igualdad y convergencia tridimensional.
Esta es la situación: retraso, falta de coordinación regional, inversiones limitadas e inadecuadas a la demanda proyectada y muy poco tiempo —¿todavía queda margen?— para reaccionar adecuadamente a los retos y desafíos que, adicionalmente, supondrán las tecnologías 5G. En este contexto, las demandas de la ciudadanía conectada sobre la práctica, el marco institucional y las organizaciones políticas y sindicales no dejarán de crecer. Los electores van a demandar más partidos plataformas, más Administraciones abiertas y nuevas formas de participación, decisión y cogobernabilidad. Y, sobre todo, unas prácticas políticas más acordes con la vida móvil, conectada y compartida que protagonizará el día a día cotidiano de los electores. No hay tiempo que perder. O se avanza rápido y se recupera el tiempo perdido o el debate no será si América Latina está preparada para la tecnopolítica, sino si está preparada para la política. El riesgo es, si no se rectifica, que el populismo digital sustituya a las enormes oportunidades que la tecnología tiene para revitalizar nuestra frágil democracia.
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