Tras el comienzo de la legislatura volvió a surgir un antiguo debate: ¿Funciona correctamente la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia?
Quizá para algunos lectores esta pregunta pueda parecer absurda debido a su reciente creación, en octubre de 2013. Sin embargo, tres partidos políticos, PP, PSOE y C’s se encuentran en negociaciones para su reforma.
El máximo organismo regulador de la economía española fue creado por la ley 3/2013, de 4 de junio. Ésta responde a la unificación de distintos organismos como: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Comité de Regulación Ferroviaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional del Sector Postal y la Comisión de Regulación económica aeroportuaria, entre otras.
Para poder aproximarnos a la CNMC es necesario tener claro cómo se regula la ordenación de la economía tanto en ámbito supranacional y nacional como en autonómico y local. Esta aproximación resulta fundamental en tanto que todas las funciones y competencias que tiene la CNMC se agrupan en esta gran materia de nuestro ordenamiento jurídico.
En el plano europeo, las competencias son sobre todo normativas, por lo que la capacidad de intervención en la Administración es reducida. Estas intervenciones tienen carácter administrativo. No se puede olvidar que las competencias de ejecución del Derecho europeo son compartidas entre las Instituciones europeas y las propias Administraciones de los Estados Miembros. Los artículos 5, 119 y 120 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea prevén la política económica de la Unión. La profundización del derecho europeo ha incidido de manera determinante en la política económica de los Estados con Directivas como la 123/2006 de servicios.
Las competencias en el plano autonómico y estatal serán de difícil determinación, pues no sólo se debe acudir a lo dispuesto en el artículo 149.1 de la Constitución española, sino también a un gran número de textos normativos. Aunque debe quedar claro que lo dispuesto en la norma constitucional determina las competencias más relevantes y trascendentes en relación con la economía. Conviene señalar, también, que hay diversas materias que sin ser mencionadas como económicas tendrán un gran peso en la vida económica. Por ejemplo todas las actividades relacionadas con Fomento, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Trabajo, Ciencia e Innovación.
Por tanto, las comunidades autónomas no sólo tendrán poder en aquellas materias particulares sino también en aquellas que incidan en la economía. Por ejemplo, el Estado promulga la ley de bases para Medio Ambiente y la CCAA efectúa su desarrollo y ejecución. Lo aquí mencionado no son formalmente competencias económicas, pero es evidente que la legislación y ejecución medioambiental tendrán un claro efecto económico.
En el plano local y municipal, se debe enunciar el artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. En él se menciona el poder que tendrán las entidades locales para desarrollar actividades económicas, con el límite de cumplir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
Una vez mencionadas las competencias de la ordenación de la economía, se debe responder a la siguiente pregunta: ¿por qué es tan importante la CNMC?
Su relevancia se basa en las funciones que tiene atribuidas: control y supervisión de todos los mercados y sectores económicos, concentraciones económicas y ayudas públicas. Es decir, todas las decisiones económicas de gran envergadura que se tomen en país.
Los actores políticos coinciden en la necesidad de reforma de este órganos. Así, Ciudadanos ha manifestado una clara intención de reformar la CNMC desde que entró en el Congreso de los Diputados. Este partido quiere imitar el modelo de varios países europeos como Alemania, basado en la creación de una Autoridad Independiente de los Mercados. Ésta asumirá la supervisión y control de los sectores regulados, como Comunicaciones, Energía y Transportes, y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia con funciones encomendadas en la promoción y defensa de la competencia.
El Partido Popular se une a la propuesta de Ciudadanos tras la firma del pacto de investidura. Más difícil resulta conocer la opinión en esta materia del Partido Socialista y Podemos. Sin embargo, parece que tras los acontecimientos, los socialistas se encuentran en la misma línea de populares y ciudadanos.
Sin lugar a dudas, el aspecto más conflictivo de la reforma son los nombramientos de los diez consejeros que forman parte de la CNMC. Actualmente, los miembros del Consejo son designados por el Gobierno, mediante Real decreto, a propuesta del Ministro de economía. Las diez personas elegidas tendrán que responder a los siguientes requisitos: reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión.
Desde Podemos y Ciudadanos insisten en despolitizar este Consejo. Para ello, Ciudadanos propone la creación de una comisión independiente de nombramientos formada por un magistrado de la Sala Tercera del TS (como presidente); un consejero permanente del Consejo de Estado; el presidente de la Autoridad independiente de Responsabilidad fiscal; un catedrático de universidad que tenga reconocido el número máximo de sexenios de investigación; una persona que haya desempeñado un puesto similar al que sea objeto de informe; una persona que haya ejercicio el cargo de juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propuesta del Reino de España u otro cargo similar en las instituciones de la Unión Europea a propuesta del Reino de España y un letrado de las Cortes Generales, que actuará como secretario de la Comisión, con voz pero sin voto. Los miembros se renovarían cada dos años.
Aun así, este tipo de nombramiento no conseguiría la despolitización total, ya que esta comisión “independiente” sería nombrada por el Congreso de los Diputados. Por tanto, dependiendo de qué partido efectúe el nombramiento, la persona responderá a unos intereses u otros, siendo, además, una medida que crea una nueva duplicidad, (un nuevo órgano), sin observarse externalidades positivas.
Otras opciones que se contemplan son las del nombramiento por los propios funcionarios o a través de concurso público. No obstante, ninguna de las opciones parece la más adecuada teniendo en cuenta que se pierde legitimidad democrática.
Así pues, sea cual sea el procedimiento elegido, lo cierto es que ningún partido político parece tener especial interés en regular esta materia, más cuando dos consejeros actuales han cumplido su mandato y deben ser renovados.
En conclusión, habrá que esperar como discurre el devenir de la política para poder concretar y analizar el modelo de la CNMC que finalmente se implante. Eso sí, la clase política debe tener claro que tal organismo no es baladí en nuestro sistema económico y que cuanto menos experimentos se realicen, más beneficios tendrá la economía española.