Estado de emergencia: mayores y niños primero!

El PSOE acaba de descolgarse con un trascendental descubrimiento económico: "La pobreza es una emergencia que se puede frenar con 1.000 millones". Es bueno que lo descubra ahora, aunque mejor habría sido dejar provista esa cantidad antes de salir del Gobierno. Incrementando las pensiones mínimas, el subsidio por desempleo y una prestación a la infancia. Tres sectores contemplados en la propuesta del Observatorio de la Renta Básica de Ciudadanía relativa a laaplicación gradual del Ingreso Garantizado

Un "fondo de urgencia" de 1.000 millones de euros destinado a Ayuntamientos, comunidades autónomas y ONG, las entidades a los que se dirigen los ciudadanos en riesgo de exclusión social, serviría para atajar el aumento de la pobreza en España. Es la propuesta que acaba de hacer el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha afirmado que estas instituciones son "el primer mostrador" de los ciudadanos con más dificultades "niños, mayores, desempleados" que están ya en una "situación dramática". "La pobreza es ya una emergencia nacional", ha asegurado el líder socialista.
Esta propuesta del PSOE es asistencialista, reclamada ex post una vez certificada la pobreza. Mientras que un Ingreso Garantizado de Ciudadanía, aplicado ex ante de manera preventiva, habría evitado esa dramática situación en la que se encuentran esos "niños, mayores y desempleados" en los que ahora reparan los socialistas.
Como es sabido, la propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía suscita cierta controversia, pues sus detractores suelen especular con la hipótesis de que generaría vagos. Ya en 2006, el Observatorio de RBC advertía que esgrimir ese argumento "es un ejercicio de cinismo o cuando menos de inconsciencia moral, desde el momento en que lo que más abunda hoy entre nosotros no es precisamente una horda de felices holgazanes. La descripción real de nuestra sociedad pone de relieve la existencia de grandes capas de trabajadores cualificados y no cualificados con salarios y condiciones laborales precarias, de jóvenes excluidos de los empleos estables, de esposas dependientes, de padres que trabajan a doble turno y, sobre todo, de una legión de personas desempleadas durante períodos de larga, larguísima duración".
 
En consecuencia, hace tiempo que en el Observatorio RBC  llegamos a la conclusión de que, sin renunciar a la universalidad de la RBC, es posible iniciar ya la implantación gradual de la misma, comenzando por lo más urgente. Sería el primer paso en la aplicación de un Ingreso de Ciudadanía destinado no a alimentar demagógicos debates sobre surfistas y otras hierbas excéntricas, sino a garantizar el derecho a la existencia de toda la gente. De los ricos (¿se le pagaría también a Botín?) ya hablaremos, pero aquí y ahora, cabe acometer estas medidas conforme al clásico principio de emergencia que exige salvar a los mayores y niños, primero.  
Por ello, y para no enredarse más controversias, el Observatorio hizo una propuesta de aplicación gradual de la RBC a tres importantes sectores de la sociedad a los que se podría aplicar mañana mismo este ingreso sin suscitar ninguna de las objeciones de gorronería. Dicha propuesta figura en el artículo Los mayores y niños, primero, firmado conjuntamente por Francisco González Portal y el autor de este blog, y cuyo texto puede leerse íntegramente en este enlace. Esos tres sectores serían los siguientes:
a)   Mayores de 60 años sin derecho a pensión.
Aunque la modalidad de pensión no contributiva cubre en teoría a toda persona que no haya cotizado a efectos de la jubilación ordinaria, en la realidad no es aplicable a los cónyuges (mujeres por lo general) de aquellos jubilados con derecho a pensión normal. Esto, en el caso de los matrimonios o parejas de hecho donde sólo uno de sus miembros obtiene la pensión, y ésta en su cuantía mínima, significa en la práctica condenarlos a una situación de pobreza legalmente establecida.
En 2006, la pensión mínima para un jubilado de 60 años con cónyuge a cargo está fijada en 528,72 euros mensuales. Habida cuenta de que con ese dinero debe mantenerse un hogar de dos personas, la renta per cápita de cada una de ellas es de 264,36 euros. Es decir, una renta situada por debajo del umbral de pobreza. Situación moralmente inaceptable, se mire por donde se mire, por lo que la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía, como derecho individual de toda persona mayor de 60 años, puede ser asumida sin temor a suscitar la sospecha de estar favoreciendo la holgazanería y el surfing improductivo. [Cuantías de 2006, que no han experimentado grandes mejoras]
b)   Desempleados perceptores del subsidio para mayores de 52 años.
Un mínimo decoro moral hará que tampoco nadie caiga en la tentación de tachar de vividores a las personas que, al llegar a su madurez después de haber entregado toda una vida de trabajo a la sociedad, se quedan en situación de irremisible desempleo. Si existe alguna violación del principio de reciprocidad los perjudicados son estos ciudadanos que no sólo no ven recompensado su esfuerzo, sino que, a mayor inri, se les condena a vivir encadenados al subsidio para mayores de 52 años, prestación que, como es sabido, constituye un callejón sin salida.
 
c) Niños menores de 3 años.
   El gobierno del PP estableció para las madres empleadas por cuenta ajena una paga mensual de 100 euros, en forma de bonificación fiscal, por cada hijo situado en esa franja de edad. Se trataría aquí de universalizar como RBC la prestación para poner fin a la discriminación que sufren los hijos cuyas madres no son asalariadas, lo cual no significa que no trabajen, algo que parece una obviedad a estas alturas.
    Todo esto tenía un coste perfectamente asumible que, con datos del momento, estimamos en unos 2.500 millones de euros. No era una propuesta descabellada, habida cuenta de que la Reforma Fiscal anunciada entonces por el Gobierno de Rodríguez Zapatero suponía para la Agencia Tributaria una pérdida de ingresos del orden de 5.000 millones, según lo inicialmente declarado por el vicepresidente Solbes.
   No pretendo polemizar con mi homónimo Pérez, simplemente poner algunos puntos sobre las íes. Y animarle a quitarse complejos y subir la apuesta contra la pobreza. Solventar las situaciones más sangrantes en nuestro país no requiere sumas monetarias tan astronómicas como las que se destinan a salvar a la banca pero, en términos macroeconómicos, los 1000 millones que propone ahora el PSOE equivalen a una limosna.