Poco a poco los europeos van cediéndole a sus policías el control de algunas libertades antes intocables, como la de la inviolabilidad de la correspondencia o las comunicaciones, y lo hacen sin protestar porque creen que así los protegen mejor del terrorismo yihadista.
Ha ocurrido algo imprevisible en una de las democracias más viejas del mundo, Francia: el día 4 la Asamblea Nacional de mayoría socialista autorizó el espionaje masivo de los ciudadanos sin necesidad de orden judicial con 438 votos a favor, sólo 85 en contra y 42 abstenciones.
La ley permite vigilar y rastrear comunicaciones telefónicas y telemáticas sin autorización judicial para prevenir nuevos ataques yihadistas como los de París del 7 de enero, que provocaron 17 muertos, entre ellos 11 en el semanario Charlie Hebdo.
El Gobierno español había estudiado incorporar en enero esas medidas, totalitarias según el PSOE, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la duda sobre su constitucionalidad expresada por el Poder Judicial logró retirarlas del proyecto.
No obstante, hay casos excepcionales en los que se preveía anteriormente que el ministro del Interior pudiera intervenir las comunicaciones para salvar vidas pero sólo a supuestos terroristas 72 horas antes de comunicárselo a un juez, que luego exigiría demostrarle que esa vigilancia estaba muy motivada.
Como consecuencia, cuando sólo hay dudas y no certezas absolutas de terrorismo, la autorización es poco inaplicable.
El PSOE se sumó a regañadientes y con notables limitaciones el pasado febrero a un pacto antiterrorista propuesto por el PP. Un pacto con bastantes más limitaciones a la policía que en otros países de Europa que legislan aceleradamente como la Francia socialista, pero aún así que reduce las garantías cívicas.
Y es que la yihad está llevándonos implacablemente hacia una Europa de protectores estados policiales que reducen nuestras libertades.
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