La Diputación General de Aragón, el gobierno autonómico reconocido como heredero histórico de las Cortes Aragonesas de 1188, se propone imponer como lengua propia en las enseñanzas primaria y secundaria la fabla aragonesa, obligatoria como el español.
Además, y en zonas cercanas a Cataluña, exigirá también el catalán, tras derogar la restrictiva ley de lenguas del ejecutivo anterior, del PP.
El gobierno constituido tras las elecciones autonómicas del pasado mayo es una coalición del partido socialista y de la Chunta Aragonesista.
Su presidente es el socialista Javier Lambán Montañés, que le debe el cargo a estos regionalistas.
¿Y en qué partido están prácticamente todos esos maestros y filólogos que se proponen vivir de una fabla heredera del castellano antiguo con derivados locales que sólo conocen 54.481 personas de entre los 1,33 millones de aragoneses?
En la Chunta Aragonesista, un partido que quisiera ser algo así como la ERC catalán o el Compromis valenciano, acercándose al nacionalismo, y que incluso tiene entre los suyos a algunos independentistas.
Un dialecto regional puede proporcionar fácilmente puestos de trabajo en todo tipo de administraciones. Llegará el día en el que para cualquier trabajo público exigirán Nivel 3 de un aragonés falso, porque debe inventarse para enriquecer su paupérrimo vocabulario actual.
Para ello está la Chunta. Un Nobel, como el aragonés Ramón y Cajal, no tendría puntos suficientes para ser jefe de un laboratorio o de un hospital público en su tierra, como tampoco ningún Nobel que no hable euskera en el País Vasco.
Todo porque la Chunta dice que los 54.481 ciudadanos aragoneshablantes, perfectamente castellanohablantes, tienen derecho a ser atendidos “su” idioma.
Se sigue el ejemplo del catalán, gallego y vasco normalizados – que mataron antes todas sus variantes locales —para crear miles de sueldos parasitarios alrededor de una fabla solamente útil para curiosos investigadores universitarios.
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