Faltan 43

Familiares de los alumnos desaparecidos se manifiestan en Chilpancingo (Estado de Guerrero) / EFE

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, llega al ecuador de su mandato con una piedra en el zapato, la imposibilidad de acabar con la vinculación entre el narcotráfico y las autoridades del país. Su antecesor, Felipe Calderón prometió la guerra contra el narcotráfico, la perdió, Peña Nieto, que asumió el poder el 1 de diciembre del 2012, dijo que iba a terminar con esta lacra, que persiste en el país.

Un buen ejemplo de ello, es que desde el pasado 26 de setiembre México busca en la localidad de Iguala y sus alrededores (un suroeste del país) a 43 estudiantes de Ayotzniapa, una población cercana, que la misma policía reconoce que entregó al cártel Guerreros Unidos. Desde entonces, se han desenterrado decenas de fosas, se han hallado decenas de cadáveres, ninguno de los estudiantes.

“El caso de Ayotzinapa es el más atroz de los ejemplos que muestran un país donde desapariciones, muertes, desplazamientos forzados, masacres, son hechos cotidianos en aquellos estados donde el crimen organizado se ha unido con la política; no podemos comprenderlo de forma aislada ni fortuita” explica a Goldman Sachs is not an aftershave  Mario Antonio Villanueva Velasco, un joven mexicano de 27 años licenciado en Estudios Latinoamericanos y que ha participado en diversas manifestaciones para pedir que los alumnos desaparecidos vuelvan con vida.

Con el lema, “vivos se los llevaron, vivos los queremos” o “faltan 43” numerosas manifestaciones han recorrido las calles mexicanas para pedir la liberación de los estudiantes, pero los estudiantes siguen sin aparecer y todo hace pensar lo peor, en un caso que ha puesto de relieve la vinculación que existe entre las autoridades y el narcotráfico. Como autores intelectuales de esta matanza, las autoridades han detenido al alcalde de Iguala,  José Luis Abarca Velázquez, su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa; mientras que como presuntos ejecutores se ha arrestado una veintena de policías y miembros del cártel Guerreros Unidos.

Dos meses justos después de la desaparición de los estudiantes, el 26 noviembre Peña Nieto anunció una serie de medidas para intentar terminar la vinculación de las autoridades local, la policía y el narcotráfico. Una de ellas consiste en eliminar los fuerzas de seguridad locales y mantener tan solo las de los estados federales, así se pasaría de tener 1.800 cuerpos municipales a 32, uno por estado. Otra es que el Ejecutivo pueda disolver gobiernos locales en el caso que se demuestre que hay vinculación con el narcotráfico.

Jóvenes reclaman la vuelta de los estudiantes en Iguala / EFE

Y es la desaparición de los alumnos ha dejado un regusto amargo entre la población que opina que desde las instituciones no se ha hecho los suficiente para encontrar a los jóvenes. “Las autoridades son parte del problema.  Todo es un conglomerado de poderosos que incluye desde empresarios, el estado y fuerzas del orden, así como narcotraficantes”, expuso también a este blog Lolita Bosch, una escritora catalana que vivió diez años en México. Desde 2010, Bosch coordina la página Nuestra Aparente Rendición (NAR), una web en la que trabaja para la paz y los derechos humanos en México.

Y precisamente, esta vinculación entre el narcotráfico y las autoridades hace que muchos delitos ni se denuncien. Bosch relata que un alcalde del norte de México cifra en  unas 250.000 personas desaparecidas en este país, aunque NAR tiene contabilizadas 50.000 y asegura que ella sola ha hecho una lista de unas 10.000. Por otro lado, Bosch alerta que en este tan solo se denuncian un 10% de los crímenes y, de éstos, se resuelven solamente un 2,5%.

Uno de los problemas, apunta, de la colaboración entre el narcotráfico y la policía es que las fuerzas de seguridad no tienen suficientes recursos para hacer su trabajo ni vivir, por lo que si reciben un dinero de los cárteles para “mirar hacia otro lado”, a menudo lo aceptan. Por eso, según Bosch, México y las fuerzas del estado necesitan la ayuda y el apoyo internacional. “Es urgente una observación y atención internacional porque las fuerzas de seguridad no tienen suficiente fuerza”, resalta Bosch.

¿La gota que colmó el vaso?

Y pese que en México ocurren atrocidades, prácticamente, a diario, la desaparición de los estudiantes ha puesto al gobierno del país en jaque. La escritora explica que, por un lado, de puertas a fuera la imagen de un autobús lleno de jóvenes que desaparece “es fácil de explicar al exterior y evoca a las dictaduras” que vivió Latinoamérica.

Dentro del país, recuerda, que los estudiantes normalistas (que estudian en universidades rurales) como los de Ayotzinapa “son muy queridos, porque es uno de los colectivos más bien organizados, son pobres y buscan recursos para sobrevivir, son un reflejo del esfuerzo en el trabajo y de la dignidad, como los zapatistas”.

Villanueva argumenta que la desaparición de los estudiantes es una muestra de que las políticas militaristas que se han implementado en el país durante el sexenio de Calderón (2006-12) y que continuó Peña Nieto no funcionan.

“Tales políticas se basaron en envolver al país en un ambiente de guerra cuyo objetivo era derrotar al narcotráfico, pero que sólo generó más violencia”, dice Villanueva quien agregó que además “el gobierno y sus representantes políticos naturalizaron la cultura de corrupción como forma de guiar el país y en un país donde los cárteles de la droga tienen influencia política”. Para él, todo esto “podría ser una de las explicaciones del cinismo y la violencia que contextualiza la desaparición de los estudiantes”.

Dos meses después, México sigue buscando sus estudiantes, pero aunque el tiempo corra en su contra lo último que se pierde es la esperanza. “Si se pierde las esperanzas en la justicia y en la necesidad de encontrarlos vivos, considero que también se ha perdido con ello la posibilidad de construir un país donde este tipo de actos nunca más vuelvan a acontecer”, sentenció Villanueva.

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