José Cisneros Díaz es un adolescente de 16 años, postrado en una silla de ruedas que podría utilizar por el resto de su vida. Una negligencia médica le provocó una lesión en el cerebro que lo dejó paralítico y con retraso mental desde su nacimiento. José nunca ha caminado.
Sus padres, José Benito y Ofelia Díaz, han acudido en innumerables ocasiones a las instituciones de salud cubanas para encontrar una solución a la discapacidad motora del niño, pero según cuenta el padre, ha sido en vano. “Llamé como ochenta veces”, dice. “No me dieron respuesta”.
Sin embargo, por trescientos cincuenta dólares un médico del hospital Frank País les “resolvió” una cama para ingresar a José. Después de arreglar con el doctor el precio por ingresar a su hijo y hacerle una cirugía, un par de días después llamaron “los de admisión” –el departamento encargado de aceptar y tramitar los ingresos– para comunicarle a los preocupados padres que había camas disponibles. José Benito recuerda que, cuando le dio el dinero al doctor, este lo recibió sin chistar.
Hasta que el dinero apareció, toda gestión fue en vano. Cuba, una autoproclamada “potencia médica” que envía personal de salud al exterior para recibir dinero por sus servicios, aparentemente no tiene camas aseguradas para atender al hijo enfermo de una familia humilde del municipio habanero de Regla.
La situación general de los hospitales cubanos es pésima y las capacidades son pocas. La infraestructura de salud lleva años sufriendo grandes carencias, si bien inclusive la Organización Mundial de la Salud considera a la Isla todo un paradigma de la atención médica “gratuita”.
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