Ante la angustia de no obtener información oficial acerca del paradero de sus familiares, un grupo de personas pertenecientes al Comité Nacional de Familias Víctimas de las desapariciones Forzadas y Trata en las costas de Venezuela, se concentraron en la fiscalía de Coro. En el lugar fueron recibidos por la fiscal superior Manuela Rodríguez, a quien le entregaron un documento para exigir respuestas para los casos de La Vela y Tiralla.
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Así lo confirmó Jhonny Romero, presidente del Comité. “Expresamos a los fiscales, en Tucacas y Coro, que tiene que haber una mejor manera de tratar los casos de las personas rescatadas, detenidas, interceptadas en alta mar“.
“No puede seguir sucediendo que en el caso de la embarcación con 18 personas rescatadas de alta mar, al llegar a la orilla solo detengan al capitán o al alguien de la tripulación. Cuando en realidad, en la lancha estén los traficantes, captadores. Es necesario que la fiscalía encuentre un mecanismo de investigación antes de soltar a los encontrados en la lancha. Muchas veces los captadores se hacen pasar como pasajeros”, dijo Romero.
Aseguró que “en el CICPC desarticularon una banda en Los Taques, en Falcón, que trafica con personas. Eso nos da la razón a los familiares que hemos denunciado desde hace dos años. Solo hace falta que el Ministerio Público se enserie con la investigación”.
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