Faycán no es una marca de turrón

¡Qué cosas ocurren en este país en el que tienen que pasar 12 años para que se sienten en el banquillo los acusados de una presunta trama de cobro ilegal de comisiones en el ayuntamiento grancanario de Telde! Y todo para que, después de tanto tiempo, la fiscalía y 20 de los 28 acusados alcanzaran un pacto por el que ninguno irá a la cárcel a cambio de confesar que, de un modo u otro, metieron la mano en la lata del gofio. Digo yo que el fiscal y los acusados pudieron haber sellado el compromiso en cuanto concluyó la investigación y la Justicia se hubiera ahorrado otra bochornosa demora que añadir a su caparazón de tortuga. Retraso, entre otros motivos, porque cierto magistrado consideró en su día que había que posponer la vista oral con la contundente razón jurídica de que una de las acusadas era candidata del PP en las elecciones de 2015. En descarga del magistrado podría alegarse que no fue a clase el día en el que se explicó lo de la separación de poderes, pero no creo que fuera eso. Con todo, lo más que sorprende no es que haya pasado más de una década para que se diriman las responsabilidades de cada uno en aquella red urdida con la presunta finalidad de financiar al PP teldense y que terminó degenerando en financiar también los bolsillos de los presuntos cofrades. Lo más llamativo es que los que llegaron al primer día del juicio aparentando arrepentimiento y contrición, se convirtieron por arte de magia en lenguaraces testigos de la acusación pública. A los que se mantuvieron en su inocencia y no se conformaron, aunque seguramente ya lo sabían, se les quedó cara de pasmo ante la masiva deserción y el aluvión de testimonios en contra que se les venía encima. No es que haya habido nada ilegal en este asunto, o al menos eso dicen los expertos en derecho procesal. 
Lo que escama no es solo la conversión en masa de los acusados en testigos de cargo a cambio de una rebaja de la petición de condena, que es algo que suele ocurrir con frecuencia; lo que ya no es tan frecuente, por no decir raro, es que entre una y otra condición no medie una sentencia del tribunal que, por casualidad, preside el controvertido juez Alba. Por decirlo en otros términos: mientras no haya sentencia, al menos in voce, se supone que los acusados siguen siéndolo y, por tanto, no podrían declarar en calidad de testigos. Al parecer, el tribunal ha dejado ese trabajo para el final de la vista, muy recortada ya en el número de sesiones previstas, toda vez que a cada día que pasa hay menos gente en el banquillo de los acusados y más en el de los testigos. Ayer mismo desertó de la incómoda condición de acusado el ex arquitecto municipal que de buena se ha librado: la fiscalía le pedía trece años – era la mayor pena solicitada en este caso -  y ahora se le queda en dos años de nada, gracias también a un pacto que lo llevará a engrosar las nutridas filas de los testigos. La defensa de los pocos que siguen acusados ha advertido que prestar declaración como testigo sin haber recibido sentencia después de ser acusado, puede ser motivo para solicitar la nulidad de los testimonios.  Y quién sabe – cosas parecidas ya se han visto – si ese mismo hecho no puede terminar provocando la anulación de todo el proceso. En ese caso puede que los que vimos estallar este escándalo hace 12 años y ahora vemos cómo se está juzgando, tengamos que dejarle la sentencia a nuestros herederos o descendientes. Eso, siempre y cuando lo del “caso Faycán” no fuera más que una marca de turrón o si para entonces queda algún acusado que aún no se haya convertido en testigo.