Por Alfredo Rodríguez Arranz
Me voy a referir a tres puntos: (a) no hay desastres naturales, sino desastres sociales que no afectan a todos por igual y, por lo tanto, (b) no son un tiempo de oportunidad para todos por igual; y (c) que sean una oportunidad depende de las respuestas ciudadanas.
Cada vez que sucede alguna crisis o algún desastre, se recurre a la “ancestral sabiduría china” (“toda crisis es una oportunidad”) para repetir que son problemas y, a la vez, situaciones que abren nuevas posibilidades. Se trata de un discurso que presenta los fenómenos naturales como eventos sorpresivos, imprevisibles; a los ciudadanos, como sujetos indefensos frente a las fuerzas incontrolables de la naturaleza; y a la conjunción de ambos, como situaciones en que surgen nuevas oportunidades para el espíritu empresarial. Es el movimiento destrucción/creación.
Los efectos del terremoto y maremoto del 27 de febrero pasado en Chile, en las regiones del Maule y Biobío, nos muestran lo contrario: los efectos de las crisis y los fenómenos naturales se pueden predecir y mitigar; no afectan por igual a todos, sus efectos son diferentes para pobres o ricos, para los hombres o las mujeres; y las oportunidades, que efectivamente se abren, son para algunos: para aquellos que tienen control de la información, de la gestión y de las decisiones. A los otros, siendo siempre la ciudad un espacio físico y social en disputa, solo les queda organizarse.
(...) ¿Qué construcciones no soportaron el fenómeno natural?
Cuatro tipos de construcciones no soportaron los efectos del sismo y maremoto: la arquitectura de pacotilla, algunos edificios de operaciones inmobiliarias recientes las construcciones en zonas de riesgo y las viejas casas de adobe.
El mejor ejemplo del primer tipo, de la arquitectura de pacotilla, es lo que ocurrió con el aeropuerto de Santiago, que primero fue clausurado y luego funcionó con instalaciones de emergencia, no por fallas de las pistas ni de la estructura de sus edificios, sino de su arquitectura interior. Una imagen de modernidad mal concebida y mal construida.
Un segundo tipo corresponde a unos treinta edificios nuevos en Concepción y en Santiago, incluso algunos sin uso, que colapsaron. ¿Falla del terreno? No, el terreno no falla; lo que falló fue la estructura colocada sobre el terreno. Con un buen estudio geológico y de mecánica de suelo es posible construir en cualquier terreno. El problema es que construir bien es caro y puede no ser un buen negocio. Un buen estudio permite saber que no se puede construir si no se quiere hacer esa inversión.
Un tercer tipo de edificaciones que no soportaron el sismo fue el de las construcciones levantadas en zonas de riesgo que no habían sido definidas como tales. Al respecto, dos ejemplos. Uno, las áreas posibles de ser inundadas por un maremoto o que ya lo habían sido, como en el caso de Talcahuano. Dos, áreas con fallas geológicas que pudieran colapsar en un sismo o terremoto y que no han sido identificadas como tales en la normativa urbana, como ocurre con el Plano Regulador de Concepción (El Sur, Concepción, 1 de febrero 2004).
Finalmente, así como el terremoto de 1985 destruyó las viejas casas de adobe en el centro de Santiago, este terremoto arrasó con las viejas casas de adobe cercanas al centro de Talca. El adobe, que bajo ciertas condiciones puede ser un buen material de construcción, no lo es si no se siguen las normas, si no se le hace mantenimiento, si no se repara, y el resultado puede ser desastroso.
Los daños no son iguales para todos
En primer lugar, los daños son mayores en las zonas pobres de las ciudades: es lo ocurrido en los centros viejos y las periferias, allí donde las construcciones eran antiguas, precarias o levantadas en zonas de riesgo no declaradas. Esto constituye la mayoría. También, aunque en grado mucho menor, algunos conjuntos de viviendas sociales han quedado inhabitables —unas 6 mil viviendas de un total de 600 mil—, mientras unas 16 mil requieren reparaciones.
Por otra parte, los daños crean nuevos pobres. En Talca, en los barrios Seminario y Santa Ana, próximos al centro de la ciudad, residían familias que, en terrenos grandes, contaban con viviendas amplias que les permitían complementar sus ingresos mediante arriendo de piezas para estudiantes, pequeños negocios, talleres, cuidado de ancianos, etcétera. Hoy día solo cuentan con una mediagua, o la posibilidad de una vivienda de 40 metros para terrenos de 500, 1.000 o más metros cuadrados. Y como no tienen capacidad de gestión y, por tanto, de acceso a crédito para realizar cooperativamente operaciones inmobiliarias, están siendo objeto de presiones para vender a precios inferiores a los del mercado anterior y tendrán que emigrar a la periferia de la ciudad, perdiendo las ventajas de su actual localización.
Y, tal como lo señalan todas las experiencias internacionales pos desastres, las mujeres son quienes están expuestas a situaciones de mayor violencia, ya sea que hayan visto sus viviendas reducidas a una mediagua provisoria o se vean forzadas a vivir en un campamento (aldea). En estos últimos, la vida de las mujeres —en cuanto encargadas de sostener la vida doméstica— se dificulta por el hacinamiento y las condiciones sanitarias precarias. Han perdido todo lo que era el sustrato material de su quehacer cotidiano: deben cocinar, lavar, cuidar a los niños y a los enfermos, sin conexión de agua, sin baños, sin cocina, con barro y con lluvia, y adentro de la mediagua.
Las oportunidades
El proceso destrucción/creación efectivamente puede abrir oportunidades para el desarrollo urbano, para la reconstrucción de ciudades y pueblos más amables, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. O puede cancelarlas, si es aprovechado solo como lucro.
Las oportunidades están a la vista: se necesitan materiales de construcción para reparar, rehacer los edificios y viviendas destruidas. Se necesitan planes de ordenamiento para saber qué hacer con la oferta de terrenos producto de las demoliciones.
Al respecto, el gobierno ha dado señales claras de cuál es su opción: la reconstrucción es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos del Estado, es una oportunidad que solo los grandes empresarios privados pueden conducir.
Así, el 27 de marzo se anunció el programa “Manos a la obra” a través del cual se ofrecen materiales de construcción a los municipios para que estos resuelvan problemas locales. Para su operación el gobierno entregó un fondo, de 8.000 millones de pesos, directamente sin licitación, a un consorcio formado en partes iguales por tres de las más grandes cadenas de ferreterías a nivel nacional: Sodimac, Easy y Construmart. Con esta medida se afecta no solo a las otras cadenas nacionales, sino principalmente a todos los pequeños negocios de venta de materiales de construcción en las localidades afectadas, cuya reactivación mejoraría las condiciones de empleo. La respuesta no se dejó de esperar y se generó una protesta a través de las cámaras de comercio locales y de diversas regiones del sur, como también de Chilemat y MTS, otras cadenas nacionales. El gobierno ofreció ampliar los fondos e incluir a los pequeños comerciantes, siendo este un tema aún de conflicto y disputa.
En abril, se anunció la entrega de la responsabilidad de formular y financiar planes maestros de desarrollo urbano en las trece ciudades más importantes, a trece grandes empresas. Se comenzó entregando Constitución a la empresa Celulosa Arauco y Constitución, ligada a la familia Angelini; Talcahuano, a Cencosud, de Horst Paulmann; y Talca a la Empresa Inmobiliaria El Bosque S.A del grupo Hurtado Vicuña. Cada una de estas grandes empresas subcontrata profesionales, quienes realizarán los estudios y propuestas para las ciudades correspondientes. La filantropía empresarial suplanta la responsabilidad pública de las autoridades locales y nacionales.
Se vende Talca
En Talca se impuso este proceso de privatización de la gestión pública por sobre la iniciativa ciudadana y del Concejo Municipal. Desde los primeros días después del terremoto, diversas instituciones sin fines de lucro —las universidades de la Región, el Colegio de Arquitectos, algunas ONG y la propia Municipalidad— organizaron una Mesa Técnica ciudadana que, en diálogo con los vecinos de los barrios, comenzó la elaboración de propuestas para la reconstrucción. La creación de una Corporación Municipal que se hiciera cargo de la reconstrucción de la ciudad con participación de las organizaciones ciudadanas y empresas locales fue una de las medidas propuestas, y aprobada en la reunión del Concejo Municipal del 14 de abril.
No duró mucho esta iniciativa. A los pocos días, el alcalde revirtió este acuerdo y entregó la responsabilidad del futuro urbano de la ciudad a una empresa inmobiliaria de un grupo económico de fuera de la ciudad. Independientemente de la capacidad técnica que pueda tener esta empresa, el hecho en sí es impresentable y muestra un indudable conflicto de intereses: el ordenamiento urbano de una comuna en donde se demolerán alrededor de tres mil propiedades urbanas no puede quedar entregado a la decisión de una empresa inmobiliaria.
Las organizaciones ciudadanas no han aceptado esta entrega de la ciudad y han continuado trabajando en torno a la Mesa Técnica, realizando reuniones en los barrios, organizando un seminario sobre el mercado del suelo en Talca, y el sábado 12 de junio convocaron a un Cabildo Comunal que “instale a la ciudadanía como contraparte válida de las instituciones públicas y privadas vinculadas a la reconstrucción y al desarrollo de la comuna”.
Tenemos así una situación límite en lo que ha sido la privatización de las políticas urbanas: (a) no hay municipio: la autoridad local renuncia a asumir el liderazgo de la reconstrucción de su ciudad; (b) hay una empresa inmobiliaria a la cual, sin licitación (sin mercado), se le entrega el ordenamiento del mercado inmobiliario de la ciudad; (c) hay una ciudadanía molesta que exige la palabra.
Tal vez como nunca antes en otras ciudades del país, Talca hoy día nos muestra en forma descarnada y descarada que las ciudades son un espacio en disputa.
Artículo publicado en la Revista Mensaje
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