Fiscal prevé juicio en junio demanda colectiva preferentes y subordinadas por práctica abusiva

El fiscal da por hecho que habrá juicio por preferentes en junio

Varela es "optimista" y confía que los argumentos de la Fiscalía en la demanda colectiva contra NCG sean atendidos ya en primera instancia

10.04.2013 | 02:57

Una protesta de afectados por las preferentes en A Coruña. / 13fotos REDACCIÓN A CORUÑA El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, da por hecho que el juicio civil por la demanda colectiva que presentó para buscar una solución única para todos los afectados por las participaciones preferentes de lo que hoy es Novagalicia se celebrará en junio. Así lo explicó Varela en las últimas asambleas de afectados a las que acudió para explicar el trámite de la demanda, que está en este momento pendiente de la fecha del juicio, que se celebrará en el juzgado de Primera Instancia número 11 de A Coruña.
El fiscal basa su causa en que los contratos firmados por los clientes de las antiguas cajas son el mismo tipo de documento firmado por un elevado número de personas sin información ni formación adecuada para entender los riesgos del producto contratado. El objetivo es que el juez reconozca está práctica como "abusiva" en una sentencia que una vez dictada permitiría a cada uno de los afectados acudir a la Justicia de forma individual para exigir la ejecución de la sentencia.
Varela es "optimista" y confía en que los argumentos de la Fiscalía sean atendidos ya en primera instancia. "Somos optimistas en que los argumentos de la Fiscalía puedan tener acogida ya en esta primera instancia", señaló ayer en declaraciones tras participar en un acto organizado por el Colegio de Periodistas en A Coruña. En caso de que el juzgado de Primera Instancia número 11 no falle a favor de las tesis de la Fiscalía, ésta podría recurrir ante la Audiencia Provincial y en último caso ante el Tribunal Supremo.
La demanda colectiva presentada por la Fiscalía considera que la venta de participaciones preferentes a pequeños ahorradores fue una práctica abusiva por lo que pide que el juez declare la cesación de esta práctica y la nulidad de los contratos, lo que implicaría la devolución de los depósitos de los afectados.
En Galicia son más de 43.000 los afectados, con un importe total de 1.200 millones de euros, cantidad a la que habría que restar los fondos devueltos a través del arbitraje -vía de la que se beneficiaron 14.500 personas-. Precisamente, tal como publicó ayer este diario, el Instituto Galego de Consumo recibió un total de 14.000 solicitudes de arbitraje solo en la provincia de A Coruña, según los datos facilitados por el alcalde coruñés, Carlos Negreira, a los afectados.
fuente: la opinión coruña