Este miércoles, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa en compañía del Canciller de la República, Jorge Arreaza, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz y el Comisionado para los Derechos Humanos, Larry Devoe. En la convocatoria presentó el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia” en rechazo al informe presentado por la Misión de verificación de la ONU.
Saab aseveró que el informe presentado que señala que funcionarios del gobierno nacional han cometido crímenes de lesa humanidad, es un “informe pagado por el Grupo de Lima y que está basado en hechos falsos”.
“Nosotros, como instituciones, somos los responsables de investigar y sancionar cualquier forma de violación a los DDHH. Este informe es necesario e importante, porque dará para otra narrativas con base en la realidad. Con acciones judiciales, acusaciones, imputaciones y sanciones contra violadores de DDHH”.
Según Saab el informe de la Misión de Verificación de la ONU tiene como objetivo principal “dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachellet”.
“Se trata de un texto elaborado por una comisión ad hoc pagado por el Grupo de Lima que, como bien sabemos, es enemigo del pueblo de Venezuela”, aseveró.
Por su parte Jorge Arreaza, Canciller de la República, indicó que con este documento están dando respuesta a los ataques contra Nicolás Maduro y enfatizó “vamos a demostrar la invalidez del informe. Ninguna instancia de las Naciones Unidas ha votado por aprobar dicho texto. Son expertos privados que han perdido su carácter, que cometieron un error político y metodológico durante la investigación”.
Arreaza explicó que en Venezuela “se ha investigado cualquier exceso que hayan podido cometer funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones. Le pido a los medios de comunicación rigurosidad en el tratamiento de las informaciones”.
“La representación de la ONU que vela por los derechos humanos se encuentra en Venezuela y ha incrementado su presencia en el país. Mantenemos cooperación y comunicación constante con ellos”, explicó el Canciller.
Por último, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, criticó el informe porque a su juicio “viene a presentar que valen más los derechos humanos de algunas personas sobre otras. No dice nada sobre quiénes planificaron los asesinatos y ataques contra funcionarios militares en protestas o manifestaciones”.
“Es absolutamente sesgado y utilizado en contra del Consejo de los derechos humanos, para nosotros es importante frenar esta situación”, puntualizó.