La fiscalía española pidió este miércoles la imputación del banco BBVA, el segundo del país, como persona jurídica por su presunta implicación en un caso de escuchas ilegales a periodistas y personalidades del mundo económico y político.
El ministerio público atribuye a la entidad bancaria presuntos delitos de "cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios", señala el fiscal anticorrupción en un comunicado.
El juez encargado del caso en la Audiencia Nacional, un alto tribunal de Madrid especializado en asuntos financieros, debe decidir si imputa o no al banco.
A principios de julio, nueve responsables actuales y pasados del BBVA ya fueron imputados por los mismos delitos en este causa, nacida de la investigación judicial contra un controvertido y opaco expolicía ahora en prisión.
La fiscalía sospecha que el BBVA habría contratado los servicios del grupo Cenyt dirigido por este expolicía, el comisario José Manuel Villarejo, implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluida la monarquía.
Ante el anuncio de la fiscalía, el presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, ratificó en un comunicado el "firme compromiso" de la empresa "con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley".
El banco "ha venido aportando información a la causa desde su inicio", incluso compartiendo los resultados de una investigación interna, y se compromete a seguir "colaborando activamente con la justicia", agregó el texto.
Durante años, Villarejo, encarcelado desde noviembre de 2017, grabó secretamente sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces y empresarios y ahora se le acusa de utilizarlas para hacerles chantaje.
Según la prensa española, BBVA lo habría contratado en 2004 para acceder a miles de escuchas telefónicas a periodistas y dirigentes políticos y económicos con el propósito de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.
En enero, el banco, que abrió una investigación interna sobre el caso, aseguró que "no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas" en sus primeras indagaciones.
Pero el escándalo obligó a Francisco González -su presidente entre 2000 y 2018 después de haber dirigido desde 1996 el Argentaria, cuya fusión con el Banco Bilbao Vizcaya dio lugar al BBVA-, a dimitir a principios de 2019 de todos sus cargos, incluidos los honoríficos.
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