La banquera de inversión peruana y exvicepresidenta de J.P. Morgan para América Latina, Susana de la Puente Wiese, detalla cómo la fiscalidad verde se ha convertido en una de las herramientas más potentes —y a la vez más debatidas— de la política económica contemporánea.
En un contexto en el que la sostenibilidad se ha vuelto prácticamente una exigencia, los impuestos dejan de ser simples instrumentos recaudatorios para transformarse en palancas de cambio hacia modelos productivos más respetuosos con el planeta. Según analiza Susana de la Puente, España avanza hacia un marco fiscal alineado con los compromisos europeos del Pacto Verde y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La cuestión de fondo, sin embargo, va más allá de la técnica tributaria: se trata de definir si el sistema fiscal puede servir para equilibrar la competitividad económica con la responsabilidad ambiental.
El debate sobre la fiscalidad verde en España y la Unión Europea no es solo una cuestión de impuestos, sino de visión estratégica. Lo que está en juego es la capacidad de nuestras economías para liderar la transición ecológica sin sacrificar empleo, innovación ni bienestar. Este artículo de Susana de la Puente aborda esa tensión en sus tres vertientes: la aceptación social de los tributos ambientales, los desafíos empresariales que plantea su aplicación, y el papel de Europa como guía y garante de una transición justa y eficiente.
Una sociedad dispuesta a premiar la responsabilidad ambiental. Susana de la Puente analiza esta tendencia.
Según la experta en inversión, España ha alcanzado un punto de madurez social en el que la ciudadanía respalda abiertamente la idea de que el sistema fiscal debe ser una herramienta activa en la lucha contra el cambio climático. No se trata de una intuición, sino de un dato: el 74% los españoles está a favor de un régimen fiscal que premie a las empresas medioambientalmente responsables y penalice a las que dañan el entorno. Esta tendencia refleja una conciencia colectiva cada vez más extendida de que el mercado, por sí solo, no corrige los desequilibrios ecológicos, y de que los incentivos fiscales pueden ser un motor decisivo hacia una economía sostenible.
El fortalecimiento de los tributos ambientales en 2025 —como el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables o el nuevo gravamen a los residuos urbanos en los grandes municipios— representa un paso importante hacia la internalización de los costes ecológicos. Sin embargo, para Susana de la Puente la aceptación social no debe hacernos olvidar que la eficacia de estos impuestos depende de su diseño. No basta con etiquetar una tasa como “verde” para que lo sea realmente.
Además, la creciente desconfianza en los sellos de sostenibilidad —que ha caído ocho puntos desde 2019— muestra que la ciudadanía exige coherencia. La legitimidad de la fiscalidad verde dependerá de su transparencia.
Competitividad y fiscalidad: la fina línea entre incentivo y castigo
Según Susana de la Puente, la fiscalidad verde debe equilibrar dos fuerzas en tensión: la necesidad de transformar el modelo productivo y la obligación de mantener la competitividad de las empresas españolas en el mercado global. Las críticas de la CEOE no carecen de fundamento. Un exceso de complejidad burocrática, la lentitud en las devoluciones fiscales o la falta de agilidad en los mecanismos de desgravación pueden convertir lo que debería ser un incentivo en un lastre.
La multiplicidad de modelos de declaración y la carga administrativa asociada a estos tributos generan, además, un efecto regresivo: las grandes compañías pueden asumir los costes de cumplimiento, pero las pequeñas y medianas empresas —esenciales en el tejido productivo español— se ven desbordadas por los trámites. Según la banquera de inversión, este desequilibrio amenaza con erosionar el consenso social en torno a la fiscalidad verde.
El verdadero desafío consiste en pasar de un enfoque punitivo a uno incentivador, reflexiona de la Puente. Los impuestos deben orientar, no obstaculizar. Una fiscalidad ambiental moderna debería incorporar mecanismos ágiles de compensación para las empresas que apuesten por la innovación verde, reducir la carga administrativa y asegurar que las recaudaciones se reinviertan en programas de transición energética, digitalización industrial y formación profesional vinculada a empleos verdes.
Europa marca el rumbo: Susana de la Puente examina la transición del Pacto Verde a la economía del futuro
Tal y como reflexiona la exvicepresidenta de J.P. Morgan, el impulso de la fiscalidad verde no puede entenderse fuera del contexto europeo. El Pacto Verde de la Unión Europea establece un marco de referencia que obliga a los Estados miembros a avanzar en la descarbonización y la eficiencia energética. Sin embargo, España sigue recaudando por impuestos ambientales un 1,5% su PIB, muy por debajo de la media europea del 2,4%. Esto evidencia que todavía hay un amplio margen de mejora para reforzar los incentivos fiscales que favorezcan la transición ecológica.
El reto, explica Susana de la Puente, no es solo aumentar la recaudación, sino garantizar que esos ingresos se destinen a políticas transformadoras: innovación tecnológica, transición energética, educación ambiental y protección de los ecosistemas. En este sentido, el papel del sector público es clave para guiar la inversión privada hacia objetivos climáticos.
El ejemplo europeo también enseña que la estabilidad normativa y la coordinación institucional son esenciales. Mientras países del norte de Europa han logrado integrar la fiscalidad ambiental en una estrategia coherente de desarrollo sostenible, España y otros Estados del sur aún muestran dispersión normativa y falta de coherencia entre niveles de gobierno. La creación de un marco común de referencia puede reducir costes administrativos y ofrecer seguridad jurídica tanto a las empresas como a los consumidores.
Según Susana de la Puente, el horizonte debe ser el de una “fiscalidad verde inteligente”: un sistema tributario que promueva la innovación, reduzca la desigualdad territorial y refuerce la competitividad europea en el contexto global.
Fiscalidad verde como inversión colectiva
Según Susana de la Puente, la fiscalidad verde no debe verse como un coste, sino como un buen impulso económico. Concluye la experta en inversión que la sociedad española ya ha dado el paso más difícil: aceptar que el cambio es necesario. Ahora corresponde a las instituciones y al tejido empresarial hacer de esa voluntad un modelo eficaz, coherente y duradero.
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