Fondo de Garantía Salarial -Fogasa-, el escándalo silencioso

El Fondo de Garantía Salarial o lo que comúnmente conocemos como Fogasa, es una Institución que vela por los derechos de los trabajadores que se encuentran indefensos cuando la empresa a la que pertenecían ha caído en un concurso de acreedores, es insolvente o directamente ha cerrado y no puede hacer frente a los pagos de sueldos o indemnizaciones por despido. Este organismo se nutre de las cotizaciones que hacen las propias empresas cuando contratan a un trabajador y suele ser el 0.2% de las mismas. Se trata, como otros muchos, de un pequeño impuesto que obligan a las empresas a aplicar con el fin de consolidar los derechos de los trabajadores; por lo menos esa es la explicación oficial y con toda la buena intención que hacen los administradores de turno cuando intentan explicar algo que saben que es complicado de asumir por la otra parte. Hasta aquí la teoría, ahora vamos con la realidad.

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Cuando un trabajador pierde su empleo por las circunstancias antes descritas, acude a este Organismo Estatal para reclamar lo que es suyo por Ley, no por capricho. Recordemos que ni las empresas ni los trabajadores aprueban leyes, eso lo hacen los políticos y esta es una Ley bien clara. Es normal entender que en un período de crisis prolongada como la que vivimos, las dificultades sean evidentes, pero no es menos cierto que una vez más -y van unas cuantas-, de nuevo se tiende a menospreciar al eslabón más débil de la cadena. Si ya es un drama que una empresa tenga que cerrar por la crisis, no lo es menos que muchos -miles- de trabajadores se queden indefensos ante este dislate. La realidad de España es que se ha pasado de 68.412 expedientes en 2011 a más de 100.000 en el año 2013. No es algo sorprendente e imposible de prever, pero como hemos dicho antes, hay asuntos que no acaparan la atención de nuestros responsables políticos.

¿Y por qué digo esto de forma tan concisa?. El Gobierno y su Consejo de Ministros acordó que, en estas circunstancias especiales, lo mejor era reducir el presupuesto para Fogasa -nada menos que un 33%- y al mismo tiempo reducir también el número de funcionarios encargados de los trámites. El resultado es obvio, más de 180.000 expedientes sin resolver actualmente. ¿Qué repercusiones provoca esto en las familias?. Muy sencillo. Si antes había que esperar no más de 8 meses para cobrar, ahora el tiempo medio de espera supera el año y medio o dos años, como sucede en algunas provincias, por ejemplo Madrid, Barcelona o Valencia. No contentos con esta situación, nuestros excelentes gestores deciden asimismo que la Tesorería de la Seguridad Social no abona al Fogasa las cantidades que cobra por su cuota disminuyendo aún más su capacidad de cumplir su obligación Legal. Sí, recalco lo de Legal.

Uno se pregunta, sobre todo cuando oye a nuestros gobernantes llenarse la boca con grandilocuentes frases tipo Estado de Derecho, la Ley está para cumplirla y demás sandeces que más bien parecen sacadas de un catálogo de frases precocinadas, ¿cuántos derechos laborales están vulnerando?. La respuesta es fácil, casi todos y en muchos casos no solo lo vulneran, directamente no lo aplican. Y voy más lejos, ahondando en otra famosa perorata con la que suelen ofendernos estos sujetos, los países de nuestro entorno y el marco legal europeo. Pues bien, existe una Directiva Europea a tal efecto que, por supuesto también se saltan a la torera, sobre todo en un párrafo muy claro y conciso, que dice así:

Los Estados miembros se asegurarán de que se adopten las medidas necesarias para proteger los intereses de los trabajadores asalariados y de las personas que ya han dejado la empresa, en la fecha en que se produce la insolvencia del empresario, en lo que se refiere a sus derechos adquiridos...

Y lo explica bien claro: "en la fecha en que se produce la insolvencia del empresario...", no SEIS MESES DESPUÉS ni DOS AÑOS DESPUÉS. ¿De qué le sirve a un trabajador que ha perdido su empleo cobrar años más tarde si de momento ha de pagar hipoteca, luz, agua, educación de los hijos y demás gastos que todos conocemos?. Y ya se han dado casos en los que muchos afectados han ido a reclamar exponiendo que no tienen dinero para pagar su hipoteca y que, por ende, perderán su casa a manos de los bancos, esos a los que se ha rescatado con dinero público. Y no solo eso, muchas personas ya han perdido sus casas por este motivo.

¿Y qué otras medidas ha tomado el Gobierno para paliar este drama?. Por supuesto, la solución favorita de los neoliberales, privatizar Fogasa y ponerla en manos de sus amiguitos del alma, que en este caso da igual quiénes sean, se decide a dedo y a otra cosa. Para que nos hagamos una idea bien clara del problema, en la provincia de Madrid, para abarcar casi 40.000 casos hay 29 personas, de las que 8 son letrados, es decir, no se ocupan directamente de estudiar y gestionar cada expediente. Y ahondando en el problema, en el año 2013 resolvió 8.000 sumarios, pero le entraron 27.300 expedientes nuevos. No es necesario explicar que el asunto, lejos de aliviarse, se agrava, pero nuestros dirigentes siguen sin querer enterarse.

Y esto seguirá así porque se trata de trabajadores, gente común y corriente, que va a votar cada cuatro años y que al Gobierno le importa un bledo. Y no solo al Gobierno, que esto no sorprende a nadie, también a los medios de comunicación, ocupados y preocupados por otros asuntos de mayor calado, mucho más que unos miles de trabajadores a los que se les están vulnerando sus derechos. Si nos referimos al montante total en dinero que se necesita para resolver este problema, nuestra indignación sería insoportable, ya que es una ínfima parte de lo que se ha necesitado para rescartar un solo banco o una autopista. De todas formas, ya lo dijo en su momento la hija de... un famoso líder de Castellón -famoso por su aeropuerto sin aviones- en una sesión del Congreso, con motivo de los recortes en las prestaciones por desempleo: ¡Que se jodan!. Pues eso.