Los medios informativos españoles le prestaron poca atención a la noticia de que el Estado francés presentó esta semana una demanda judicial pidiendo la disolución de una organización que quiere separar la región del Rosellón para unirla a la Cataluña que Artur Mas promete independizar.
Una de las democracias más antiguas del mundo y madre de muchas otras se enfrenta así al separatismo, que sospecha subvencionado desde Barcelona, para a poner fuera de la ley toda formación política que lo proponga.
Lo hace sin complejos. Frente a ello, es impensable que el Estado español pidiera –aunuque quizás podría conseguirlo legalmente-- la disolución de ERC, la actual CiU o la de los independentistas de Euskadi.
El Comité para la Autodeterminación de la Catalunya del Norte, presidido por Robert Casanova, aparentemente teledirigido desde la Generalidad, protestó contra la decisión de París, de la que acusó al primer ministro, Manuel Valls, natural de Barcelona, de donde proceden sus padres.
Casanova ha anunciado que protestará ante el Consejo de Europa, el Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo y ante la ONU.
Lo mismo que promete Artur Mas, al que el ministro Montoro le paga su lujosa creación de estructuras de Estado mientras buena parte del país tiene que sacrificarse.
La respuesta de las instancias internacionales a Casanova y Mas será que no, pero se sabrá tarde y mal porque los españoles estamos poco atentos a las buenas noticias.
Amamos las malas, la confrontación, el choque, y si no hubiera un conflicto entre el Estado con su subsidiaria, la Generalidad, echaríamos de menos sus navajazos.
Rehuimos la información positiva como esta, quizás por sentido místico y de martirio, por ese masoquismo quijotesco que Unamuno retrató en su “Del sentido trágico de la vida”.
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