¡Fuera de las empresas! ¡Fuera del poder!

Más del 70 por ciento de las empresas y organismos públicos españoles están en situación de quiebra técnica. El enorme conglomerado público, que en regiones como Andalucía abarca, directa o indirectamente, casi la mitad de la economía, es el mayor cáncer de España. La legión de los chiringuitos públicos, integrada por las administraciones, sus empresas, fundaciones, ONGs y otros organismos dependientes del Estado, jamás podría sobrevivir en un mercado abierto, libre y competitivo. El sector público español es un conglomerado minado por la ineficacia y el despilfarro, ruinoso para el erario público, decepcionante para el ciudadano, digno de ser arrojado a la basura y necesitado de urgentes y drásticas reformas, si el país aspira a regenerarse y resurgir.

La sociedad española está cada día mas convencida de que la "casta" política española y sus acólitos son el principal problema del país, al que están conduciendo hacia la ruina y el fracaso. El sector publico es todo un drama porque los políticos, con su ineficacia y corrupciones, están destruyendo casi todo lo que tocan.

La prensa publica que sólo las empresas públicas del ayuntamiento de Sevilla tienen una deuda de más de 190 millones de euros. La Unión Europea está preocupada con España porque el de Zapatero es el único gobierno europeo que no sabe como controlar la deuda de las autonomías y de los ayuntamientos. Si se proporcionaran a los ciudadanos datos correctos sobre el alcance de la crisis económica en las instituciones y empresas municipales de toda España y en las dependientes de las auotonomías, diputaciones y gobierno central, descubririamos que el drama de la ineficacia y el despilfarro es pavoroso.

La policía local de Sevilla padece un absentismo laboral superior al 25 por ciento, algo insólito e inexplicable en un colectivo joven y en buena forma física. En muchas instituciones y empresas públicas andaluzas, el absentismo es crónico y supera con creces el 15 por ciento, mientras que la productividad, nunca medida, está por los suelos, hasta tres veces inferior a los niveles medios de la empresa privada, según algunos cálculos de expertos.

El papel de los políticos al frente del sector público es tan pésimo que merecen ser expulsados de la gestión y del poder mismo. España, para salir de una crisis que es más de eficacia y de valores que económica y financiera, necesitaría contar con representantes públicos y equipos de gobierno eficientes, honrados y no infectados por la corrupción, el despilfarro y la arbitrariedad.

Mas devastadora que la crisis es la misma casta política española, ineficaz, corrupta, endeudada, despilfarradora, pésima gestora e incapaz de someterse a las normas de la democracia. Otros países de nuestro entorno padecen también la crisis, pero disponen de equipos de gobierno eficaces que han sido capaces de neutralizar el golpe con medidas adecuadas, mientras España camina hacia el desastre, conducida por gente incapaz de ser austera, que ha preferido subir los impuestos y bajar los sueldos para seguir disfrutando de lujos y privilegios que no merecen.

El panorama de las empresas públicas en España es aterrador. Hay decenas de miles, en su mayoría inútiles y creadas sólo para que las administraciones incrementen su capacidad de endeudarse y para colocar a los amigos del partido en puestos pagados por el erario público. Los expertos aseguran que 9 de cada 10 empresas públicas son prescindibles, pero los políticos se niegan a desmontar sus chiringuitos, desoyendo el clamor cívico, que exige a los políticos la misma austeridad que, por la fuerza, tienen que padecer los ciudadanos.

El presidente de Telecinco y de UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), Alejandro Echevarria Busquet, ha advertido que España "no puede soportar la sangría" que significan las 13 televisiones públicas autonómicas existentes en el país, que este año 2010 "van a costar casi 1.900 millones de euros" y se han endeudado en otros 1.500 millones.

Si las televisiones autonómicas fueran privatizadas, el problema del déficit español quedaría solucionado en gran medida, sin que el gobierno tuviera que recurrir a congelar pensiones, a reducir el sueldo de los funcionarios y a suprimir derechos, conquistas y prestaciones sociales de primera necesidad.

Pero el poder se aferra a sus juguetes como un niño maleducado y no está dispuesto a prescindir de esos instrumentos de influencia y control, gracias a los cuales somete a los ciudadanos, a los que demasiadas veces desinforma, confunde y engaña.

Pero el sector público español entero es un desastre. El precio de una cama en un hospital público triplica y hasta quintuplica el de una cama en el sector privado. El sector público español, consciente de la carga que representa para los ciudadanos, se niega a someterse a criterios de rentabilidad y se atiene a criterios difusos y manipulables relacionados con conceptos como la necesidad, la eficacia y la eficiencia, todo para ocultar que la inmensa mayoría de esas empresas son improductivas e innecesarias y que todas ellas serían más eficientes y costarían mucho menos si fueran gestionadas con criterios privados y de mercado.