Funcionarios: la profesión ansiada

El tema de la función pública en mi blog ha sido bastantes veces tratado y ahora este tema está en auge, con opiniones para todos los gustos e intentare aportar mi punto de vista al debate generado.

Muchos lanzan la pregunta ¿sobran funcionarios? Y el porcentaje mayoritario de ciudadanos dicen que sí. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que ninguno de los más de 4 millones de desempleados son funcionarios y es más, muchos de ellos se están preparando para poder entrar en la administración pública.

Lo que está claro es que algo no funciona cuando el sector que más empleo creó en nuestro país en el 2009 fue la administración pública, estatal, autonómica o local. No es lógico que por un lado, la empresa privada esté recortando puestos para ser más competitiva (o simplemente para hacer una limpieza interna) y por otro lado, las administraciones públicas aumenten el número de trabajadores. Lo primero que uno piensa es… ¿estarán algunos puestos duplicados? La distribución de funcionarios no es homogénea tampoco y seguro que hay departamentos en los que sobra gente y otros en los que falta gente. Así, de repente, me surge la idea de los funcionarios del servicio de empleo, cuyas oficinas están desbordadas con el trabajo extra que la situación laboral que vivimos les ha generado.

Los funcionarios públicos deberían poder ser reubicados rápidamente y a eso ayudaría si fuesen más multivalentes en las disciplinas donde poder actuar. La especialización ayuda al avance siempre que sea flexible a las necesidades. Lo que está claro es que cuando se produce la remoción de un puesto de trabajo la reubicación de su ocupante en un puesto del mismo nivel debería ser más rápida; es increíble que pasen más de 9 meses y esas personas estén cobrando sin desempeñar funciones productivas y, tras ese período, pasan a expectativa de destino sin trabajo, pero cobrando. Está claro que se deben respetar sus derechos y no tienen obligación de aceptar un puesto de trabajo fuera de su localidad de destino, sin embargo, debemos ser flexibles y coherentes.

Mientras no se tomen medidas reales que ayuden a que la administración publica mejore en eficacia y eficiencia, tenemos a muchas personas chupando de la burra hasta que no dé más de si. ¿La culpa? Como siempre, de nuestros políticos, encargados de efectuar la normativa de la función pública.

Y ahora todo pasa por controlar más a los funcionarios para lavar un poco su mala imagen pública y no tendría que existir tanto revuelo porque cuando se quejan es porque tienen algún problema. Siempre he dicho que si uno hace lo que le corresponde no debería tener ningún miedo. Lo que pasa es que tienen razón en plantear la pregunta ¿Quién controla a los cargos públicos? Pues a día de hoy, ellos mismos y ¿alguien pone en duda que trabajen? Es increíble que nuestros representantes parlamentarios solo tengan sesiones plenarias de septiembre a diciembre y de febrero a junio y el resto del tiempo vacaciones con la cantidad de problemas que tiene nuestro país. Porque el único órgano que permanece todo el tiempo es la diputación permanente (una por cada cámara) pero son un grupo de parlamentarios minoritario. Las comisiones en períodos no activos no funcionan.

Después creo que se debe plantear la pregunta de ¿Quién evalúa a los funcionarios? Hoy en día no tienen evaluación del desempeño que nos cuantifique y mida cuánto producen y aportan en proporción a lo que perciben. Esto incentiva que la gran mayoría de funcionarios trabajadores que hacen más de lo que les corresponde a seguir el ejemplo de los que no pegan un palo al agua porque cobran los mismo, hagan que no. Es más, su salario por lo que más aumenta es por la antigüedad, es decir, por los años que llevan en la administración. Aunque al menos la normativa actual está cambiando porque la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) ya  contiene una nueva formulación de la carrera profesional en todas las administraciones publicas, introduciendo los sistemas de evaluación del desempeño que pretende tenerse en cuenta a efectos de la promoción, provisión y mantenimiento de los puestos de trabajo de los funcionarios. De la misma forma, pretende que una parte de la remuneración vaya en variable en función de lo que cada uno rinda. Hasta que no les toque en el bolsillo nada cambiará.

La pega es que hasta que no se aprueben las correspondientes leyes de desarrollo del estatuto del empleado público, esta normativa no entrará en vigor.  Y no tienen prisa por hacerlo porque es un tema que levanta ampollas y no entiendo por qué. Si que entiendo que alienta un sistema de vagos (y ojo, que no quiero decir que todo los funcionarios sean vagos). Está claro que a todos ellos les costó su esfuerzo sacarse la plaza pero a ellos les pagan por hacer un trabajo y si no lo hacen deben de ser apercibidos de forma real. No olvidemos que muchos trabajadores de las empresas privadas tuvieron que pasar duros procesos de selección para ser seleccionados y eso no les da derecho a tumbarse a la bartola.

Los funcionarios tienen un régimen disciplinario que debería dar garantías de que aquellos que no trabajan y dan problemas pueden ser sancionados y hasta perder el puesto y aun peor la condición de funcionario. Pero os lanzo la pregunta ¿a cuantos funcionarios conocéis que les hayan aplicado el régimen disciplinario por incumplimiento de su trabajo? Pues yo solamente un caso y fue porque la hizo muy gorda y la sanción fue bastante leve y a día de hoy sigue en el mismo plan. Porque le sale a cuenta vaguear teniendo en cuenta lo que le supone. Su régimen disciplinario esta muy burocratizado y no funciona de forma ágil y rápida. Y me pregunto yo ¿a qué es debido?

Personalmente pienso que estas son las 3 claves en las que debemos ahondar para hacer que nuestra administración funcione mejor en aquellas patas en donde cojea. Porque no olvidemos que poniendo parches no hacemos nada y se debe reeducar la función publica para que el problema no resurja cada vez con más fuerza.

¿Estáis de acuerdo?