Con el GAL el gobierno de Felipe González le pagaba a policías para matar etarras, y con el Faisán el gobierno de Zapatero pagó y premió a policías para que protegieran a ETA y al dinero que usa para matar policías y otros ciudadanos.
Es la esencia del asunto: el Ministerio de Interior avisó a los etarras para que huyeran con el dinero de los chantajes que mantiene a los terroristas, compra armas y mata.
El caso Faisán es un GAL al revés, un GAL suicida, un caso de extraordinaria maldad en nombre del buenismo.
Recordemos los hechos: un día de mayo de 2006 el juez Grande Marlaska, sustituto temporal de Garzón en la Audiencia Nacional, ordena detener al grupo de recaudadores del chantaje criminal de ETA reunido en el bar Faisán de Irún, Guipúzcoa.
Eran tiempos de negociación Zapatero-ETA, en contra del acuerdo de 2002 que comprometía al PP y al PSOE a no volver a dialogar con la banda tras tantos fracasos. Habían decidido derrotarla sin remisión. Pero Zapatero rompió el acuerdo.
Seguramente pensó que atraer ETA y darle una salida permitiría convertirla en nueva Euskadiko Ezquerra aliada del PSOE. Una fuerza que parecía entonces invencible, similar a la alianza con los independentistas catalanes. Un Pacto de Loyola a medio plazo, continuación del de Tinell que pretendía hacer desaparecer al PP de la vida pública catalana.
Marlaska se puso a investigar el chivatazo, pero Garzón volvió raudo para hacerse cargo del caso y congelarlo varios años. Aunque como cometió varias presuntas prevaricaciones, lo suspendieron de su cargo, y otro juez resucitó el chivatazo.
De las entrañas de Interior ha salido un GAL inverso. Más estúpido, más ruin y más en consonancia con la poca brillantez de las mentes que se inventaron una paz con una serpiente moribunda a la que sólo había que aplastarle la cabeza, no curarla y resucitarla.
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