Galtieri y la libertad de cátedra

El cartel de la polémica

Si tuviera que elegir dos misiones fundamentales de la escuela pública, probablemente me quedaría con la de educar para la democracia y la de promover el pensamiento crítico. Lo que pasó en la Pampa es interpretado por algunos pretendidamente liberales como un choque entre ambos principios, así que es necesario elaborar algunas respuestas.

Ser libre es defender la libertad de ser libre

La libertad de cátedra es una virtud connatural a los sistemas libres, por esa razón lo primero que hace cualquier tiranía es eliminarla. Que se invoque la libertad de cátedra para defender a un dictador criminal que suprimió ese mismo principio es un contrasentido monstruoso. Los beneficios de la libertad, al menos en la docencia, dependen del compromiso con ella. La democracia no puede proteger a quiénes la aborrecen, y desproteger a los ciudadanos que en el futuro tendrán que defenderla (en este caso, los niños/ adolescentes en formación). La relación entre libertad de cátedra y sostenimiento de la democracia no es de tensión, sino de correlación.

No es estupidez, sino criminalidad

¿Por qué la escuela debería permitir lo que ni siquiera se permite a quiénes no ejercen la responsabilidad de educar a la sociedad? La apología del delito es un crimen, y afirmar que la matanza de aborígenes fue correcta porque permitió instalar las colonias de alemanes en nuestro país, es indudablemente una reivindicación del genocidio. En esto, y no en la ignorancia asombrosa que la docente demostró (dijo, entre otras cosas, que lo de Galtieri había sido heroísmo militar -algo impugnado incluso por el propio ejército-, que la dictadura del 76-83 había sido el primer golpe militar de la historia, que Mirtha Legrand y Alberto Migré fueron protagonistas del bicentenario) se justifica la separación de su cargo.

Velar por la democracia es también una responsabilidad docente

Un educador no sólo debe el mismo respeto que los demás ciudadanos por los principios constitucionales y republicanos, sino que jura al recibir su título aplicarlos en el ejercicio de su profesión. Romper este juramento no es un sólo un delito penal, sino fundamentalmente pedagógico. La responsabilidad se extiende además a la dirección que es cómplice, por no haber sancionado la acción desde el principio y por intentar justificarla. La docente no sólo rompió las normas más elementales de la vida ciudadana, sino que incumplió también con sus principales obligaciones como educadora.

El derecho a aprender crea el derecho a enseñar

En nuestro país, es la escuela la que organizó el estado democrático, y no al revés. La escuela se creó y existe no porque haya docentes o funcionarios, sino porque hay alumnos que requieren una educación garantizada constitucionalmente para todos los habitantes. Los educadores están obligados, por esto, a adoptar la mirada más plural y respetuosa de las diferencias que sea posible, sin ningún margen para desvalorizar ninguna cultura. Una docente que considera positivo el exterminio de los pueblos originarios está incapacitada para educar a un niño que provenga de esa cultura. Que es igual a decir que está incapacitada para educar a cualquier niño.