Garré, la extorsión de la "seguridad democrática"

El gobierno respondió al reclamo de aumento para todos los trabajadores del plan Argentina Trabaja con el anuncio, por parte de la Presidenta, de un premio a la “productividad” y al “presentismo”. El gobierno estableció de antemano que sólo el 20% de esos 150 mil trabajadores cobrará el adicional. Los favorecidos serán seleccionados por los punteros oficiales. Un caso ‘ejemplar’ de “sintonía fina”.
La acusación de Garré de “extorsión” a los piqueteros y de “desestabilizadores” a los dirigentes políticos de las agrupaciones en lucha encubre esa confiscación. La ministra ya había acusado de extorsivas las huelgas de los petroleros y docentes de Santa Cruz. Por la huelga petrolera, todavía está preso el delegado Víctor Oñate.
En diciembre de 2010, la ministra acusó de igual modo a los dirigentes ferroviarios del PO del Roca, Hospital y Merino, cuando luchaban por el pase a planta de 1.500 tercerizados de ese ferrocarril. Por este motivo tienen una causa penal y estuvieron varios días presos -como ocurriría más adelante con Sobrero. En aquella oportunidad, Garré ensayó una vieja práctica oficial: sentar a las víctimas en el banquillo de los acusados.
Garré acusó a los tercerizados -y al PO- por una provocación armada por la burocracia sindical en la plaza Constitución. Lo mismo habían intentado los voceros oficiales con el crimen de Mariano Ferreyra, al que calificaron como “un enfrentamiento”. El país volvió a erizarse cuando la misma Garré acusó al pibe Lucas Meghini Rey, otra víctima, por el accidente ferroviario que llevó a la muerte a 51 personas. Con los mismos métodos de la represión, además, actuó la policía de Corpacci en Catamarca, que allanó las casas de pobladores ambientalistas bajo la acusación de supuestos “atentados”.
Espionaje, criminalización
La autodenominada “seguridad democrática” se completa con el espionaje oficial. El propio comandante de la Gendarmería confirmó, ante la Justicia, la existencia de una base de datos cosechada por agentes encubiertos que actuaron en la causa Kraft. También en este caso, los antecedentes vienen de lejos. En la causa a Luis Antón (2007), dirigente del PO de Tigre, la jueza Arroyo Salgado tuvo que impugnar enteramente el proceso por estar basado en informes de agentes encubiertos de la Gendarmería. O sea que este modus operandi está instalado en todos los estamentos del Estado, antes y después de Garré. Los sindicatos de Santa Cruz denunciaron el mismo accionar por parte de la dirección de Inteligencia Policial de esa provincia. Los estudiantes de Ingeniería de la UBA acaban de destapar otro caso de espionaje sobre los dirigentes de su centro de estudiantes.
Las acusaciones de Garré contra los piqueteros y los dirigentes políticos de izquierda encuadran a la perfección con los tipos penales de la ley antiterrorista. Está claro, por lo tanto, que existe una política de criminalización de las luchas.
En sus advertencias, Garré incluyó -aunque de manera diferenciada- a Solanas y a Binner. Fue un llamado de atención al centroizquierda para que cierre filas con el gobierno. Binner respondió en consecuencia: se pronunció contra los piquetes y la lucha -que por estas horas están realizando docentes y municipales en su provincia.
El discurso presidencial en el Congreso -en el que cerró filas con petroleras, mineras y concesionarios de los ferrocarriles-, en contra de los maestros y de todos los luchadores, marca el contenido social de la “seguridad” kirchnerista, que no tiene nada de democrática. La victoria de las enormes reivindicaciones planteadas por trabajadores, desocupados, maestros y quienes combaten a los pulpos mineros está crucialmente unida a la defensa del derecho a luchar, contra la represión y la criminalización de las luchas obreras y populares.
Con ese objetivo, movilicémonos masivamente el 24 de Marzo.
Néstor Pitrola