No existe en toda España un gobierno regional más insolidario, arbitrario e injusto que el catalán, una tierra donde la economía se deteriora a gran ritmo por culpa de la crisis y del despilfarro y de la mala gestión de sus gobernantes, mientras que desciende constantemente la calidad de los servicios públicos. También resulta difícil encontrar en Europa un país o región peor gobernado que Cataluña y más regido por el capricho la arbitrariedad y la decadencia.
Si no existiera la estafa-excusa eterna nacionalista del victimismo, según la cual España y Madrid siempre son culpables de todos los males catalanes, esa región. poblada antaño por gente sensata, ponderada y emprendedora, se habría rebelado ya contra sus sátrapas. Los gobernantes catalanes se han ganado a pulso el rechazo de los españoles y ese rechazo, temerariamente, incide negativamente en la imagen y el consumo de los productos catalanes y en la economía.
La última arbitrariedad en la loca carrera catalana ha sido un contrato del gobierno, otorgado a dedo, de 70.800 euros en taxis para la Generalitat. Poco antes se ha sabido que el gobierno otorgó una subvención al grupo Godó-La Vanguardia, una cifra que confirma el inquietante dato de que ningún otro gobierno regional español gasta tanto en subvenciones mediáticas como el catalán.
Albert Rivera, líder de Ciudadanos y una de las pocas personas decentes que hay en la fauna política catalana, ha puesto el dedo en la llaga al argumentar con razón y verdad irrefutables que castigar a los ciudadanos con más impuestos y recortes sin suprimir primero las oficinas de los ex presidentes Jordi Pujol, Pascual Maragall y Josep Montilla, lujosas, incosteables en tiempo de crisis y sufragadas por el presupuesto catalán, es una indecencia.
La oposición acusa a Mas de anunciar los recortes después de las elecciones, un verdadero engaño a los ciudadanos que no es exclusivo de Cataluña y que, por desgracia, es práctica habitual en todos los ámbito de la sucia y degradada política española.
