El debate sobre la gestación subrogada
(término eufemístico que pretende maquillar la realidad de la mujer que
se ofrece a gestar a cambio de dinero) está servido en el ámbito
político y social. Los grandes defensores de la legalización de los “úteros de alquiler”
son los grupos LGTBI, en contra de determinados movimientos feministas
que la combaten abiertamente -por considerarla una violación de la
dignidad de la mujer- y los grupos defensores de la familia, que lo
califican como un atentado contra ésta, la unidad del matrimonio, la
maternidad, la mujer y el propio hijo.
La evidencia científica ha establecido bien la trascendencia de la relación materno-fetal
en la evolución y el desarrollo del feto y en el establecimiento de
vínculos de apego entre madre e hijo que serán decisivos en su
desarrollo postnatal. Gestar, renunciando a sabiendas a la maternidad posterior, es
antinatural. Además es nefasto para la mujer que gesta, que en muchos
casos cambia de opinión tras la gestación reclamando la maternidad del
hijo nacido. Pero es también un atentado a la dignidad del hijo, que
tiene derecho a un padre y una madre, que desea conocer, y que le deben
cuidados y cariño.
Entonces, ¿a quién beneficia, como para soportar tanta presión hacia su
legalización? Pues fundamentalmente a los que consideran la paternidad y
maternidad como un derecho, en beneficio personal, supeditando los
demás derechos de los afectados a la consecución de sus pretensiones.
Entre estos se encuentran varones y mujeres, que sin pareja, reclaman la
paternidad y maternidad, parejas heterosexuales con problemas de
esterilidad o simplemente de hedonismo, que les hace evitar las
“molestias” de un embarazo, y parejas homosexuales o en las que uno de
los miembros es transexual, cuyas relaciones sexuales son estériles por
naturaleza.
Te dejo aquí el artículo completo del Observatorio de Bioética