Gijón, crónica reciente de una hermosa ciudad playera desafortunada

Por Ramón López de Lucio

Asturias es una de las regiones españolas donde las sucesivas crisis han golpeado más fuerte y desde hace más tiempo. A las de los sectores productivos clásicos —minería, siderurgia, construcción naval, ganadería de vacuno— se unen problemas como son la elevada tasa de paro estructural, la insistencia en gigantescas inversiones públicas de rentabilidad más que dudosa (hasta 4 autopistas libres unen el interior del Principado con la costa, por no hablar del túnel de Pajares para el AVE y la ampliación del Musel), la relativa debilidad del desarrollo tecnológico en nuevas ramas de actividad y un cierto desánimo que corroe desde dentro el «paraíso verde», originado por todo lo anterior y acentuado por la emigración de los jóvenes más dinámicos y mejor preparados.
Dentro de este panorama la ciudad de Gijón, la auténtica capital económica de la región durante mucho tiempo, es un caso representativo. Tras las reestructuraciones de los 80’ el sector naval ha reducido mucho su importancia subsistiendo en la actualidad solo Astilleros Gijón del grupo Armón. La siderurgia especializada (Arcelor-Mittal) resiste con sobresaltos periódicos. Sin embargo el pequeño polígono tecnológico de Cabueñes parece ser un éxito, apuntando lo que podría ser una apuesta de futuro (actividades innovadoras de alto valor añadido).
  Quizás la mayor ventaja competitiva de la ciudad sea su excepcional playa urbana que con toda seguridad es —probablemente haya que decir que ha sido hasta hace poco— la mejor de todo el litoral cántabro-atlántico español y la que goza de una mejor integración y accesibilidad respecto a sus barrios y al conjunto de la población.
Sin embargo algunas discutibles actuaciones y omisiones están minando esta situación y con ella el presente y el futuro de Gijón como privilegiado lugar de trabajo y residencia, como importante destino turístico y como buque insignia de la pretendida excelencia medioambiental de la región.
En primer lugar la ampliación del puerto de El Musel realizada entre el 2005 y Enero del 2011. Costó 709 millones de Euros, cantidad que, con IVA y las reclamaciones pendientes, podría subir por encima de los 1000 millones. A la vista de su escaso uso (en la prensa local se ha podido leer: “Desde el 11 de Enero del 2011 el flamante superpuerto esta prácticamente vacío todo el año…”, 25-7-16; “La rentabilidad del puerto de El Musel está en mínimos y no puede seguir bajando”, 7-8-16), es probable que la decisión sobre su construcción se tomara sin estudios previos de viabilidad suficientemente contrastados. De hecho en el año 2015 el tráfico total en Toneladas y el porcentaje de ese tráfico correspondiente a graneles sólidos (el 89’3%), arrojan cifras prácticamente iguales a las de los años 2006 y 2007 antes de la inauguración de la ampliación (El Comercio, 21-7-2016). La carga general solo representa el 6’4% del total. La presencia de contenedores es muy reducida. Esos graneles sólidos se almacenan en montañas al aire libre sobre la costosa superficie de sus muelles, provocando problemas de contaminación por partículas de carbón en suspensión cuando el viento sopla de Norte.
Pero si lo anterior supone un grave contratiempo en términos de la rentabilidad social y económica de las obras de ampliación, existe un segundo problema originado por estas si cabe más grave. La importante prolongación del dique exterior y el consecuente cierre de la bahía se hizo, presumiblemente, sin estudios previos de suficiente profundidad en lo que se refiere a preveer y modelizar la modificación de las corrientes marinas y la dinámica en el acarreo y movimientos de arena en la zona, lo que ha originado una perceptible reducción de la intensidad del oleaje durante dilatados períodos del año en la playa de San Lorenzo. A ello hay que sumar una significativa pérdida de arena; especialmente la superficie de arena seca en marea alta se ha visto notablemente reducida.   Si esta reducción de su capacidad como aliciente turístico de primer orden es muy grave, una segunda amenaza aún más insidiosa se cierne sobre esta playa y las del resto del municipio y su comarca. En efecto, tras un largo litigio promovido por los vecinos, en Junio del 2014 la Audiencia Nacional en una sentencia, ratificada por el Supremo en Febrero del 2016, ha paralizado sine die las obras de la nueva Depuradora del Este (EDAR Este) cuando estaba a punto de ser puesta en servicio al comienzo de este verano, después de cinco años de obras y de una inversión de 36 millones de Euros. Esta depuradora debía mejorar sustancialmente la calidad de las aguas vertidas al Cantábrico por «La Plantona», buena parte de cuyas instalaciones de corrección (desarenado y desengrasado) fueron desmontadas a la vista de la inminente puesta en servicio de aquella.   Con lo cual, y aunque parezca increíble, se está arrojando directamente al mar sin tratamiento alguno (tan solo un somero filtrado de sólidos) el caudal de todo el alcantarillado de la zona Este de la ciudad, equivalente a una población de 150 mil habitantes. Desde el emplazamiento de «La Plantona», situado en una zona de cotas bajas heredera de las balsas de decantación a cielo abierto que hace décadas recogían el caudal de las redes de alcantarillado que allí convergen, se bombea a los acantilados de Peñarrubia y desde allí, mediante un emisario submarino de algo más de 2 kms (que parece que presenta alguna fuga importante) se arroja al mar a una distancia próxima a los 5 kms de San Lorenzo (*).   En esta lamentable situación están implicadas las administraciones públicas y los propietarios de la zona. Aquellas, por no haber previsto con suficiente antelación las limitaciones del entorno de cara a la urbanización residencial y a la concesión de licencias de edificación, y los propietarios por lo que me atrevería a calificar de escasa voluntad de pacto ante los graves problemas sanitarios que se pueden desencadenar.

En el caso que nos ocupa la, al parecer, insuficiente justificación de los informes de impacto ambiental y de evaluación de alternativas de localización de la depuradora, ha llevado, al fin y al cabo, a que pueda ponerse en riesgo el derecho a la salud de una población de 300 mil habitantes, sin contar los residentes estacionales y turistas. Además dichas actuaciones debilitan la base económica de la ciudad y de toda la comarca, donde la actividad turística y todo el armazón de subsectores que la integran desempeña un papel limitado pero cada vez más relevante.
En resumidas cuentas, tanto la ampliación de El Musel como la paralización de la nueva depuradora representan, en mi opinión, ejemplos de miopía de las élites locales y regionales, destacando en particular su falta de capacidad y/o voluntad para pactar el diseño de las bases estratégicas de un desarrollo sostenible y solidario, acorde con las potencialidades del territorio y con las tendencias de la sociedad en que vivimos.
(*) Durante el mes de Julio la Escalera 12, probablemente la más concurrida de la playa, ha dado dos veces en las mediciones semanales que sobre la calidad del agua se realizan, la clasificación de «suficiente»(«bañarse con precaución»), solo un grado por debajo de la prohibición de bañarse. ¿Cuántos gijoneses son conscientes de la potencial gravedad de este hecho que, quizás, no se pueda achacar en exclusiva a la situación de la depuración de residuales, aunque sin duda sea un factor que influirá en el deterioro de las aguas de la playa?
Ramón López de Lucio es arquitecto-urbanista, catedrático de Planeamiento Urbanístico en la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. Cuenta con una extensa práctica profesional en los terrenos del planeamiento y el diseño urbano en Madrid, Galicia y País Vasco, siendo autor de numerosas publicaciones sobre Urbanismo.
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Créditos de las imágenes: Imagen 01: Playa de Gijón (fuente: Ramón López de Lucio) Imagen 02: Puerto de Gijón (fuente: Ramón López de Lucio) Imagen 03: Niveles de contaminación en la costa gijonesa (fuente: Ramón López de Lucio)