Ginés González García: “Algunos no acceden a medicamentos y otros sobre consumen”

Entrevista al ministro de Salud de la Nación

Por tercera vez titular del área, advierte que "los argentinos tenemos una relación muy intensa con los medicamentos", algo que conlleva al "sobreconsumo" en algunos sectores al mismo tiempo que, en otros, el acceso resulta arduo. En la agenda de gestión, enumera presupuestos y negociaciones con laboratorios, cannabis medicinal, políticas contra el sobrepeso y la obesidad, pero también la participación "central" en un futuro debate sobre la legalización del aborto. 

Imagen: Guadalupe Lombardo “Casi todos los días voy por algún piso, me meto con la gente”, dice Ginés González García en su despacho del ministerio de Salud de la Nación, el organismo que comanda por tercera vez. Dice también que, tal vez, esta sea la etapa más compleja, porque “la situación estructural, fuera del ministerio, es bravísima” y porque al llegar encontró “que estaba decaído el personal, falto de motivación. Y eso para un ministerio técnico es fundamental”. En 2002, agrega, era algo más fácil, porque “cuando me senté acá, nadie esperaba nada. Me puteaban cada vez que entraba, era el momento de ‘que se vayan todos’”. En cambio, en 2020, las expectativas son distintas y quizá por eso a medida que desglosa detalles de algunos ejes de su gestión, como acceso a medicamentos (y su “sobreconsumo”), presupuestos, cannabis medicinal, interrupción voluntaria del embarazo (en lo cual el ministerio tendrá un rol “central”, adelanta), políticas para combatir sobrepeso y obesidad, el cirujano enuncia tiempos que nunca parecen estar demasiado lejanos (“en 30 días”, “a mediados de mes habrá novedades”, “serán unos 45 días”, “no más de un mes”), y también complejidades, como conflictos de intereses y cambios culturales a zanjar o, al menos, confrontar. “Tenemos una relación muy intensa con los medicamentos, los argentinos”, dice el ministro, que se refiere menos a la costumbre de la automedicación que al “consumo inadecuado, el sobreconsumo. Es algo que causa enfermedad, causa daño y hay muchas muertes evitables”. -¿A qué se debe ese sobreconsumo? No cualquiera puede acceder a medicamentos de más. -Hay pacientes de instituciones como el Pami que tienen acceso fácil, y tienen muchos medicamentos gratis. Hay cuestiones de clase social que dificultan el acceso, por supuesto, hay una clase que está debajo de todo, que no tiene fácil el acceso. En Argentina hay clases sociales tan inmersas en la pobreza que cualquiera sea el precio o el sistema de cobertura que tenga, no pueden comprar el medicamento porque no lo pueden pagar. Para esa gente, nosotros tenemos una estrategia de acceso a medicamentos con un programa que hicimos en gobiernos anteriores, y que va a volver a estar. -¿El Programa Remediar? -Sí. Para mediados de febrero vamos a estar haciendo un relanzamiento del Remediar, con botiquines más provistos y, sobre todo, con más frecuencia. El Remediar ha sido muy castigado en los últimos años, no es sólo que se le cambió el nombre sino que se disminuyó la cantidad de medicamentos, la frecuencia. Estamos trabajando en el acceso a los medicamentos esenciales como política para ese sector. Para el resto de los argentinos, en verdad tenemos que seguir favoreciendo el acceso. Pero no ha caído nada el consumo de medicamentos en la tercera edad, no ha tenido impacto en las ventas la crisis. Hay estudios sobre el sobreconsumo: un año de la producción de la industria farmacéutica argentina está en los botiquines de los baños domésticos. -Hace unas semanas anunció que el Remediar va a tener botiquines regionales. -Sí, porque Argentina son varios países, con una magnitud tal que en el norte hay características subtropicales, algo muy distinto a la Patagonia, con lo cual hay una epidemiología distinta. Entonces, tratamos de ajustar algunos medicamentos a la prevalencia. Por ejemplo, hay lugares donde es preciso reforzar antiparasitarios, en otros, donde la población es más joven, hay menos hipertensivos. Como los volúmenes van según el consumo, se adecuan totalmente a las necesidades del lugar. -¿Qué va a pasar con la ley de genéricos? - La ley de genéricos sola es importante, pero no es totalmente la política. Uno tiene que buscar que, además, haya un incentivo para el paciente que tiene un sistema de obra social o prepaga. Si usted ahora va a comprar un medicamento, el sistema le cubre un porcentaje. Entonces, si a usted el sistema de cobertura le dice que le cubre el 50 por ciento, a usted le da lo mismo que valga 100 o que valga 60. ¿Por qué? Porque en realidad paga la mayoría la obra social. Entonces, lo que vamos a hacer es establecer precios de referencia: por cada producto hay un precio por el cual la cobertura, si usted elige uno de menor precio, es prácticamente total. En cambio, si elige uno de mayor precio, la cobertura sigue siendo la misma, y entonces uno tiene que pagar más. Eso tironea mucho para abajo el precio y establece competencia, porque el problema cuando nosotros no establecemos estas cosas es que no hay competencia. Si es por marca, no hay competencia. Al recetar marca, usted lo que prescribe no es un medicamento: usted determina un precio, eso es la marca. Y si además de eso no tiene esquema de incentivo en el que el paciente sienta que defendiendo su bolsillo también defiende todo el sistema, no sirve. Eso lo hicimos funcionar bien la otra vez y se dejó de hacer, estamos preparando cómo lo vamos hacer. La semana que viene vamos a discutir el plan en el gabinete y creo que en febrero tendremos novedades. -¿Se podría contemplar la producción estatal de medicamentos a nivel nacional? A nivel provincial, una experiencia como la de Santa Fe con el misoprostol resulta positiva. -El de Santa Fe es un buen ejemplo, y nosotros en el ministerio tenemos un área que se dedica a eso. Estamos trabajando en que, primero, se coordinen entre ellos los centros, para que no todos los laboratorios públicos produzcan lo mismo. Segundo, trabajamos en que tengan el standard de calidad que tienen que tener, porque algunos de ellos no lo cumplen. Entonces, hay un asesoramiento de Anmat para que lo pueda cumplir, porque sin ese standard de calidad no pueden circular nacionalmente, sólo pueden ser vendidos a nivel local. Y, tercero, trabajamos en incentivar para que produzcan algún medicamento que no tenga producción o que tenga algún grado de innovación distinto. Esas son las tres líneas. Pero también es cierto que acá tenemos una gran industria productora local. Todo lo que tenemos que hacer es reglar el juego y que esa productora tenga adecuación a que la gente tenga acceso. Y después hay un tercer grupo, que son las industrias multinacionales, que trabajan con otra lógica de mercado. Ellos se dedican a productos que están protegidos por patentes, y muchos de ellos son distintos a cómo eran los medicamentos hasta ahora, son de origen biológico, y todos tienen en común una característica: son absolutamente imposibles de ser pagados. Tienen precios increíbles. Yo digo que es una verdadera extorsión sobre el Estado, porque no hay ningún sistema de financiación que lo pueda pagar -¿Ni prepaga ni de manera particular? -No, no. Hoy en la reunión de gabinete (del ministerio) informaron que esta semana, por amparos, pagamos 300 millones de pesos por productos. Ocho amparos fueron. -¿Todos de medicamentos para enfermedades raras? - Son para enfermedades raras, enfermedades que no tienen terapéutica, algunos de ellos no tienen probada ninguna efectividad. Algunos de ellos no cambian la historia de la enfermedad, pero como siempre van a través de un abogado que hace un pedido de amparo a un juez, y un juez que concede sin preguntarnos a nosotros, termina siendo así. Ahora, el problema es que se está fundiendo el sistema de salud. No estoy exagerando. Están atentando contra la posibilidad de que el sistema continúe atendiendo a todos. Lo hace para atender a poquitos y sin ningún criterio de clínica ni médica en muchos casos. Yo entiendo que la justicia defiende del derecho individual, pero cuando atenta contra el derecho colectivo hay que trabajar un poco en consonancia y dar al sistema información para que pueda tomar decisiones en base a la evidencia. Este es un tema gravísimo que tenemos que resolver. Vamos a hacer una agencia de tecnología rápidamente que determine más cosas que las que determina, un grupo fuerte dentro del ministerio que opine respecto de lo que los jueces puedan consultar y sepan cuándo hay evidencia, cuándo no hay evidencia, cuándo corresponde, cuándo no corresponde, más una estrategia con las empresas multinacionales de ponernos firmes como Estado y decir no pueden venir con ese precio. Eso es primero una conversación y yo espero que después también algún tipo de acuerdo. Si mira la ley de emergencia, va a notar que incluye “licencia obligatoria”. ¿Qué significaba licencia obligatoria? Que en determinadas condiciones, que en algunos casos se están dando, nosotros podemos ejecutar esa cláusula y que no valga más la patente. La patente es un derecho de explotación monopólico, al precio que quieran. Si usted ejecuta esa cláusula, obliga a abrir la licencia a otro. -¿Se va a modificar la reglamentación de la ley de cannabis medicinal? Las familias que habían impulsado la iniciativa reclamaron luego de la reglamentación que está vigente porque limita los alcances del texto. -Tengo gente trabajando en eso y hay otro equipo que está trabajando en el ministerio de Seguridad. Estamos trabajando en conjunto. Se ha quejado la gente de que la reglamentación no responde al espíritu de la ley. El del cannabis medicinal es un tema donde el equilibrio no es fácil. Por un lado, yo estoy de acuerdo con cualquier sustancia en dosis adecuada y con autorización racional, si sirve. Pero, por un lado, hay una presión importante para su utilización. Por otro lado, tal como está, el mercado negro tiene mucho de negro y mucho de fraudulento, porque hay muchas sustancias que no tienen criterio terapéutico. A la vez, hay una sabiduría popular que cree que tiene muchas más posibilidades que las que realmente tiene. Pero también uno investiga el efecto placebo: el efecto placebo a veces supera al medicamento de prueba. Creer en un medicamento es parte de que el medicamento funcione. Entonces, cómo armonizar esas cosas es lo que estamos trabajando. Y como no queremos hacerlo solos, vamos a trabajar con el conocimiento de las distintas entidades que trabajan en esto, con las madres que tienen chicos con epilepsia reactiva. Si me preguntas en qué tiempo, no sé. Pero calculo que no más allá de un mes. En 30, 35 días tendríamos ya la reglamentación. -¿Hubo repercusiones por la vigencia del nuevo Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo? -No, lo que ha habido fue que hubo provincias que han adherido rápidamente y otras que no. Yo lo que le dije a todos los ministros era que, obviamente, quería que adhirieran todos, y que también yo voy a hacer todo lo posible para que en ese lugar se cumpla. Se debe cumplir la ley, es lo que tenemos que hacer todos. A la vez, me parece que es un paso adelante para que todos los equipos técnicos sepan cómo actuar, adquieran experiencia y suficiencia técnica, que por otro lado no es tan difícil. Al contrario: es mucho más simple cuando el aborto está legalizado. Eso es lo que hay que hacer. Creo que es esa la cuestión de fondo, la que tenemos que transitar ahora. -¿Cuál va a ser el rol del ministerio en un futuro debate sobre la legalización del aborto? -No digo líder porque ese va a ser el rol del gobierno, pero sí central. El enfoque nuestro es el que yo tuve toda la vida, que es el enfoque de salud. Este es un tema de salud. Estamos preparando mucha documentación de todo tipo para aportar y demostrar qué impacto tiene en la salud pública, cuánto se benefician las mujeres, cuánto se disminuyen los daños. Se evitan muertes, por supuesto, pero también hay evitabilidad de tantos tipos de consecuencias: mutilaciones, heridas, internaciones innecesarias, gastos innecesarios. Algunos andan diciendo por ahí que esto es más gasto: al contrario. No lo hacemos por eso, pero va a ser un ahorro. -En las audiencias informativas de 2018 en el Senado, la economista Sonia Tarragona detalló en ese sentido que, de acuerdo con un estudio de estimaciones de costos, para el sistema público de salud el costo del aborto legal sería de “al menos dos veces y media” menos de lo que se gasta actualmente. -Es que es así. Entre un medicamento que vale nada y las consecuencias de internaciones, legrados, antibióticos, es brutal la diferencia. Y ella, Tarragona, trabaja en el ministerio actualmente, es subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica. -Usted y el ex secretario Adolfo Rubinstein coincidieron en señalar la gravedad del crecimiento de las cifras de sobrepeso y obesidad en Argentina. ¿Cómo se interviene sobre eso? ¿El ministerio podría impulsar acciones para reducir el consumo de bebidas azucaradas o establecer pautas de etiquetado? -En un país que tiene para un sector de la población el tema de que no puede comer en su casa por falta de acceso a alimentos, por falta de poder comprarlos, uno tiene que ser cuidadoso. No se puede desconocer que, más allá de los desnutridos, que es algo que agravia a la sociedad -como país productor de alimentos que somos-, el enorme porcentaje de obesidad y sobrepeso son una cuestión sanitaria puesta sobre el futuro. Y sobre el presente también. Hoy el mayor determinante con consecuencias negativas para la salud que tienen los argentinos son el sobrepeso y la obesidad, de lo que yo soy parte. En serio, no es broma. En algunos países ya hay algunos cálculos demográficos, ya está empezando a pasar, que advierten que esta generación va a vivir menos que la anterior. Es algo que pasa por primera vez en la historia del mundo, desde que se mide, en el 1800 y pico. Hasta ahora no era así. En los últimos 50 años se duplicó la esperanza de vida, pero ahora no sólo se aquietó eso sino que además hay riesgo de volver para atrás. Hay que trabajar con la sociedad, con la cultura, con la industria alimentaria, con la publicidad, con la escuela. El otro día tuve una reunión con productores alimentarios, precisamente, para ver la estrategia de alimentos saludables. Uno tiene que hacerlo tratando de armar acuerdos con todos. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Alimentación, también estamos tratando de establecer alguna estrategia regulatoria que mejore lo que tiene que hacer la industria. -¿Y la industria está dispuesta? - A la industria le interesa vender. Algunas industrias empiezan a entender que es el destino. Como dijo usted: obviamente uno no combate el azúcar, pero claramente no es una ventaja ser primeros en el ranking de bebidas azucaradas, como lo es Argentina. Y además lo peor de todo es el enorme crecimiento en la magnitud entre la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud que hicimos nosotros en 2005 y la de 2015. Es brutal lo que empeoró. Venimos así. Mis amigos me dicen que yo cada vez que me quiero sacar un vicio de encima meto a la Argentina en una campaña de prevención. Lo hice antes con el cigarrillo cuando yo quería dejar de fumar. Ahora dicen “no te metas con la comida, que no comemos más asado”. Por Soledad Vallejos Leído en Página 12