En su visita a Melilla, Mariano Rajoy dijo que apoyaba la decisión de Nicolas Sarkozy de reenviar a sus países a los “Rom” o gitanos rumanos y búlgaros sin trabajo legal acampados en Francia.
Enseguida apareció una tromba de militantes y medios afines a Zapatero acusándolo de genocida neonazi.
No esperaban que horas después Zapatero dijera lo mismo en Bruselas, donde además se lanzaba contra la comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, por tachar también de neonazi al presidente francés.
El conflicto creado con estas expulsiones de Francia, como antes de Italia, tiene mala solución: todas las partes tienen razones que, en una balanza, hacen difícil saber hacia dónde inclinará su fiel.
Igual que la expulsión de un grupo étnico, religioso o cultural es inaceptable en el primer país europeo que definió los Derechos Humanos, también debe recordarse la presencia creciente de “Rom” identificados, procedentes de países ex comunistas, dedicados principalmente a la delincuencia y la mendicidad ofensiva.
El ministerio del Interior francés acaba de revelar que la delincuencia de estos gitanos rumanos y búlgaros había crecido el 259 por ciento en los últimos dieciocho meses, hasta el pasado agosto.
Para evitar esta perturbación y facilitar su integración la Unión Europea le entregó en los últimos cinco años a sus países de origen casi 17.500 millones de euros.
Y aquí encontramos una de las siniestras herencias del comunismo: dejó tal degradación económica y moral que las nuevas autoridades democráticas son mayoritariamente corruptas y se enriquecen con los fondos europeos para construir una sociedad digna, mientras los gitanos huyen de su control.
Los grandes malhechores son esos payos. Y los toleramos porque no nos molestan ni asaltan por las calles como los pequeños delincuentes, hombres, mujeres y niños.
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