En los países que lideran el Grupo de Lima la defensa del territorio es una actividad peligrosa. Sus gobiernos buscan presionar a Venezuela con el tema de los derechos humanos mientras sus cifras de asesinados y desaparecidos indican que la democracia que exigen no es la que aplican dentro de sus fronteras.
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El informe anual sobre Defensores/as de Derechos Humanos en Riesgo en 2017 fue elaborado por la organización Front Line Defenders en colaboración con una red de más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, en el marco de un proyecto en el que pretenden desarrollar un Memorial Internacional de Defensores que documentará los casos de todos aquellos defensores de derechos humanos (DDHH) asesinados desde la adopción en 1998 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue elaborado en cooperación con la Unión Europea y los gobiernos de
Irlanda y Suecia.
Un dato relevante es que el 67% de los asesinados por razones políticas defendía la tierra, los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente, casi siempre en el contexto de actividades de megaproyectos, industrias extractivas y grandes empresas, es decir, en el marco de la mina en que fuimos convertidos por las potencias coloniales a partir de la División Internacional del Trabajo.
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Compartimos el informe anual de @FrontLineHRD: Más de 300 activistas asesinados en 2017, la mayoría por formar parte de #ResistenciaMegaproyectos
15:01 – 1 feb. 2018
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El 62% de los asesinatos ocurre en Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras (más Argentina con el caso de Santiago Maldonado), todos pertenecientes al Grupo de Lima, aquel que fue constituido en 2017 luego del estruendoso fracaso de la estrategia de EEUU contra Venezuela en la OEA.
La batería de sesiones, declaraciones y confabulaciones comandadas por Luis Almagro, secretario general de la OEA, no logró que calara la agenda intervencionista y ese bloque de países gobernados por corporaciones y terratenientes se refugió en esta figura que abiertamente pide y estimula intervención de cualquier tipo en la dinámica política venezolana.
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Ley del embudo en cifras
A varios de esos países está visitando el secretario de Estado de EEUU Rex Tillerson con el fin de aumentar la presión internacional que logre un cambio de gobierno en Venezuela sin elecciones. Como es común en todo proceso de intervención estadounidense, la Casa Blanca se hace de socios regionales como fue la Liga Árabe en el caso Siria o la Unión Africana en el caso Libia. Además utiliza un andamiaje propagandístico respecto a las violaciones a los derechos humanos, y de ahí deriva toda la narrativa de “golpe suave”: financian y organizan agrupaciones civiles que terminan siendo elementos de guerra propagandística y operaciones psicológicas para instrumentar cambios de gobierno y el posterior saqueo por parte de las élites corporativas.
Sin embargo, los medios globales de comunicación ocultan las cifras de asesinatos, masacres y persecución a líderes sociales en países del Grupo de Lima. El caso de Colombia no basta con cifras: al día de hoy los acuerdos de paz con las FARC están en vilo debido al incumplimiento del gobierno de Santos, el sabotaje reaccionario de los partidos de la oligarquía y la amenaza campante del paramilitarismo. Según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz),
al menos 23 líderes han sido asesinados durante 2018, de los cuales cinco fueron perpetrados por el Ejército de Colombia, uno por grupos disidentes, mientras que del resto (17) aún se desconocen los autores. La
Fiscalía reveló que entre 2017 y en lo corrido de 2018 han sido asesinados 101 líderes sociales en todo el territorio colombiano.
La violencia desplegada por los cuerpos de seguridad y carteles del narcotráfico en México tiene íconos como los 43 estudiantes desaparecidos por agentes de policía y hombres enmascarados cuando iban a una protesta. Luego fueron encontradas 12 fosas clandestinas durante la búsqueda de esos estudiantes desaparecidos; en ellas no estaba ninguno de los estudiantes. Cabe destacar que entre agosto y octubre de 2017, en México se denunció en promedio la desaparición o el extravío de una persona cada 90 minutos, o lo que es lo mismo: 1 mil 411 personas en tres meses. Son los
datos más recientes del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Aun cuando el informe de Front Line Defenders dice que han sido asesinados 27 defensores de DDHH,
un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) dice que la cifra de líderes sociales y campesinos asesinados en 2017 como consecuencia de disputas por la tierra fue de 65, la más alta registrada desde 2003, cuando el número de víctimas mortales se elevó a 71. Resaltan que el pasado año “una metodología más antigua” resurgió en el campo brasileño: las masacres y asesinatos en masa, como la ocurrida en mayo en Pau D’Arco, Pará, donde policías militares y civiles ejecutaron a diez trabajadores rurales sin tierra. Se confirma una tendencia observada en la última década: las víctimas continúan siendo asesinadas indirectamente por la expansión del latifundio, del agronegocio, de la minería y de las grandes obras de infraestructura.
Honduras persiste en medio de protestas contra unas elecciones presidenciales irregulares en las que observadores internacionales y dirigentes de la oposición denunciaron manipulación y fraude. Grupos armados y cuerpos de seguridad han asesinado a 31 personas vinculadas a las protestas provenientes, sobre todo de los departamentos de Cortés, Atlántida, Yoro, Francisco Morazán, Olancho y Choluteca, según movimientos sociales. Durante el primer semestre de este año al menos 187 mujeres fueron asesinadas de forma violenta, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH.
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teleSUR TV
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En menos de un mes han sido asesinados cuatro activistas en #Honduras, previo a celebrarse las elecciones generales #NoMásMuertes http://bit.ly/2hW1BKm
6:40 – 23 nov. 2017
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En su Informe Anual de 2017 la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala dice que
hasta el pasado mes de octubre se habían registrado 328 ataques contra defensores de DDHH, entre ellos 52 asesinatos, de los que 45 fueron perpetrados contra mujeres. Agrega que en las redes sociales y medios de comunicación se difunde un discurso de contenido “racista, sexista y patriarcal” contra quienes buscan justicia por los crímenes cometidos durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), ya que muchos de los que cometieron tales hechos “aún son parte de estructuras de poder vigente”.
Por otra parte, el pasado jueves dos periodistas fueron hallados atados de pies y manos, y con heridas de bala en la cabeza elevando el número de comunicadores asesinados a 14 en los últimos 19 meses. En el año 2016 fueron asesinados nueve periodistas, en el año 2017 se registraron tres asesinatos y en lo que va del presente año dos.
El mismo informe de Front Line Defenders habla de 160 “manifestantes” asesinados sin distinguir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos ni los miembros de cuerpos de seguridad o transeúntes que cayeron en la jornada violenta organizada y financiada por el antichavismo nacional e internacional. No se especifica quiénes (policías o manifestantes) murieron por armamento artesanal de los grupos violentos o por francotiradores. Existe
información detallada que sigue siendo invisibilizada por la gran red de agencias y medios alineados a la estrategia de EEUU contra Venezuela.
Precisamente, por este último factor son tan acentuadas las denuncias de DDHH amplificadas por los aparatos mediáticos privados de la región que se enfocan en la situación venezolana, y son igual de ruidosos los silencios en torno a otros casos mucho más alarmantes en América Latina.
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