Ante las quejas de los
operadores de cable, la CMT se plantea fiscalizar las ofertas de las
tres compañías móviles a las grandes cuentas, para impedir
comportamientos anticompetitivos.
Las aguas bajan revueltas desde hace
tiempo en las relaciones entre los operadores de cable y los grandes
grupos de telefonía móvil de España.
Las cuatro compañías principales de
cable de España (Ono, con presencia en casi toda España, la gallega R,
la asturiana Telecable y la vasca Euskaltel) se vienen quejando
sottovoce de las prácticas de los grandes operadores móviles con red
propia, es decir Movistar, Vodafone y Orange, en los concursos ante las
grandes cuentas (los diferentes tipos de administraciones y las empresas
más importantes).
Virtuales
Los cuatro operadores de cable no tienen
red propia y para dar sus servicios de telefonía móvil utilizan la red
de un grupo anfitrión, como operadores virtuales. R, Euskaltel y
Telecable usan la red de Vodafone, mientras que Ono utiliza la de
Telefónica. La queja de los grupos de cable apunta a que los precios que
ofrecen los operadores móviles en estos concursos, y en general en el
segmento empresarial, se encuentran por debajo de los precios mayoristas
que cobran a los cableros.
De esta forma, los grupos de cable
tienen prácticamente imposible competir en el segmento empresarial a
menos que incurran en pérdidas. Y, como las comunicaciones móviles son
cada vez más importantes en estos concursos, su capacidad de competir en
las grandes cuentas es muy pequeña. Eso se traduce en que la cuota de
mercado de los grupos de cable en este segmento es mucho menor que su
participación en el segmento residencial.
Lo que hasta hace poco eran quejas en
voz baja se ha transformado ahora en actuaciones directas ante el
regulador. A través de la Agrupación de Operadores de cable (AOC), una
entidad que agrupa a los cableros del norte de España, se ha presentado
el caso ante la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), el
regulador del sector. Y la respuesta del regulador deja bastante claro
que admite los razonamientos de los grupos de cable y que se muestra
dispuesto a tomar cartas en el asunto.
La iniciativa de la AOC no era una
denuncia directa, sino una consulta para asegurarse, previamente, que la
CMT puede intervenir en ese asunto amparada en la regulación del
negocio móvil.
Sin embargo, la victoria de los
operadores de cable es parcial. Es verdad que, por un lado, la CMT
reconoce ahora que es competente en este conflicto y también admite que
existe un mercado de telecomunicaciones empresariales en el que tiene
competencias para actuar, en vez de, por ejemplo, la Comisión Nacional
de la Competencia (CNC), el otro organismo que, teóricamente, podría
intervenir.
Sin embargo, aunque también señala que
puede fiscalizar uno por uno los contratos que consigan los operadores
grandes, siempre a denuncia de los cableros, esta decisión no colma las
aspiraciones de los grupos de cable, que hubieran preferido que la CMT
regulase con carácter previo (ex ante) las relaciones entre los
operadores anfitriones de telefonía móvil y los que usan sus redes en la
modalidad de compañía virtual.
Investigación
En marzo, la CMT ya anunció, en la misma
línea, que iniciaría una investigación general sobre los niveles de
competencia en el mercado empresarial, que supone el 30% de la
facturación global del sector, y sobre la situación y las prácticas de
Telefónica, que en este segmento mantiene cuotas mucho más altas (entre
el 60% y el 75%) que el 52% en el mercado residencial.
Las razones
El conflicto surge tras la denuncia de los grupos de cable contra los tres grandes operadores.
Para los cableros, el problema parte de
que los precios que ofrecen Movistar, Vodafone y Orange en los concursos
ante las grandes cuentas son inferiores a los precios mayoristas que
les cobran a los operadores de cable para el negocio de la telefonía
móvil.
Eso les produce un estrechamiento de márgenes que les impide competir.
La CMT ha tomado en consideración la
queja de los cableros y abre la puerta a verificar, una por una, cada
oferta que se presente ante la Administración y las grandes empresas.
Sin embargo, el regulador no ha accedido
a establecer una regulación previa del sector móvil que marque, como en
el fijo, unos precios mayoristas ligados a los precios minoristas de
Telefónica.
Fuente: neeo
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