José Efraín Ríos Montt
El Ministerio Público (MP) necesitó ocho horas para presentar su acusación y solicitar a Miguel Ángel Gálvez, juez primero B de Mayor Riesgo, que los militares retirados José Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de la Sección de Inteligencia (G-2), enfrenten juicio por genocidio y deberes contra la humanidad.
A los militares se les acusó por su presunta participación en las masacres contra la población civil de la etnia ixil en Quiché, en 1982.
Orlando López, fiscal a cargo de la investigación, acusó a Ríos Montt de autor intelectual y de haber implementado el plan de campaña Victoria 82, del cual se desprendieron los planes operativos Sofía e Ixil, dirigidos a combatir a la guerrilla.
En la acusación se argumentó que Ríos Montt continuó y fortaleció la política contrainsurgente del expresidente Romeo Lucas García, a quien el acusado sucedió en el poder mediante golpe de Estado.
La entidad investigadora aclaró que la participación del militar retirado en las masacres no fue material, sino por haber dispuesto del Ejército para aniquilar a los grupos guerrilleros y a la población ixil.
En el enfrentamiento, el Ejército creía que la población civil apoyaba a la guerrilla, indicó el fiscal.
El MP responsabiliza a Ríos Montt de haber ordenado 15 masacres en las que habrían muerto mil 771 indígenas de la etnia ixil.
Durante ese tiempo hubo 29 mil desplazados, que huyeron a las montañas a vivir en condiciones precarias.
La Fiscalía cuenta con documentos que señalan la tortura de 163 personas, violación de 41 niñas y captura de 109 niños.
López explicó que necesitó unas ocho horas, de las 9.20 a las 17, para argumentar la acusación, ya que no son delitos comunes y tienen trascendencia internacional.
Para ejecutar el plan Sofía, Ríos Montt, jefe de Estado de 1982 a 1983, puso a disposición brigadas, zonas, destacamentos y la unidad de paracaidistas para la lucha contrainsurgente, expuso el fiscal.
“Durante su gobierno, que duró 16 meses, ocurrió la tercera parte de las muertes que se cometieron durante la guerra interna”, dijo López.
Esa cifra representa el 33.61% de los cinco mil 270 indígenas de esa etnia que fueron masacrados por militares durante el conflicto armado, entre 1960 y 1996, aseguró el fiscal de Derechos Humanos.
DIRECTOR DE LA G-2
El MP también pidió que Rodríguez Sánchez, quien llegó a la audiencia en silla de ruedas y con ropa del hospital donde está recluido, enfrente juicio, por ser responsable de implementar los planes operativos Sofía, Firmeza 83 e Ixil, que le fueron ordenados, según la cadena de mando del Ejército, y de haber participado en 11 masacres.
Según las pesquisas, cada operativo militar que implementó Rodríguez Sánchez era informado inmediatamente a Ríos Montt y a Héctor Mario López Fuentes, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, también vinculado en este caso, pero cuyo proceso está pendiente por su estado de salud.
Hoy continuará la audiencia en la que se espera que los dos abogados de las víctimas argumenten sobre la acusación planteada.
Después, los abogados de los militares retirados tomarán la palabra para desvanecer las pruebas de la entidad investigadora.
Danilo Rodríguez, abogado de Ríos Montt, afirmó que no se puede demostrar que su cliente sea autor de genocidio y por ello pedirán que su proceso se cierre, ya que no hay suficientes pruebas en su contra.
PARTICIPACIÓN
El Ministerio Público señala a Ríos Montt como autor intelectual.
Lo responsabiliza de 15 masacres en Quiché, durante su régimen de facto.
Se cuenta con 128 testimonios, 66 informes periciales y antropológicos que lo incriminan en genocidio.
Según la Fiscalía, Ríos Montt continuó y fortaleció la política contrainsurgente.
RESPONSABLE
José Mauricio Rodríguez habría ejecutado planes operativos.
Lo acusan de haber desarrollado los planes operativos dirigidos contra la población ixil.
Ante la ofensiva militar, 54 comunidades huyeron a las montañas y fueron desplazadas 29 mil personas.
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