El Secretario de Estado de la Seguridad Social dio el pasado martes la razón, en parte, a los detractores del sistema especial que dentro del Régimen General de la Seguridad Social existe desde el primer día del ańo en curso para los empleados de hogar.
Manifestó que el citado sistema hay que modificarlo pues no está consiguiendo su objetivo de aflorar economía sumergida. Y, si ese es su cometido, en efecto resulta un fiasco; no sólo en su implantación, sino para su futuro ya que está prevista una progresión del gasto de los empleadores difícil de sostener.
A mi entender, aparte de aflorar economía sumergida, lo que el nuevo sistema pretende es mejorar las condiciones de trabajo de los empleados, sus prestaciones y racionalizar las cotizaciones. Porque en esto último no resultaba lógico que existiesen trabajadores sin obligación de cotizar y otros, por prestar servicios una hora más cada mes que quienes estaban exonerados de causar alta en el sistema, tuvieran que cotizar como si realizaran una jornada completa y a su cargo. Así que ahora todos cuantos trabajen han de tener cotización, pero por el tiempo real de trabajo, con un tope que es el mínimo mensual del Régimen General cuando se prestan servicios para un solo empleador y el máximo si se prestan servicios a varios empleadores.
Aunque no puede negarse que existe una gran libertad de negociación de las dos partes de la relación laboral para formalizar la misma y que el empleador no tiene las responsabilidades del empresario al uso, hay situaciones que pueden mejorarse dentro de lo legislado.
Pero ese no es el problema de que haya bajado el número de cotizantes (en el mes de junio 41.283); la causa es que no se han explicado bien las obligaciones y las ventajas que conlleva el nuevo sistema. De entrada que tales obligaciones entraron en vigor el día 1 de enero último y que el plazo dado hasta el día 30 de junio era únicamente para regularizar la situación de quienes ya estaban cotizando en 2011. Por eso, todos aquellos que se pagaban de forma autónoma su cotización, si no han sido dados de alta por un empleador antes de finalizar el mes de junio, han causado baja de oficio.
El día en que entró en vigor la norma había 296.949 empleados de hogar en alta (213.693 fijos y 83.256 discontinuos), de los cuales 182.683 eran extranjeros, y el día 30 de junio la cifra había bajado a 213.797. Por eso, como en el mes de junio se dieron de alta 61.863, hay que suponer que han causado baja aquellos dados de alta sin trabajar para generar derecho a una posible pensión. O que parte de los extranjeros ha podido abandonar el país.
Si lo que se pretende es que emerja el empleo irregular en este sector o evitar que personas con trabajo estén percibiendo indebidamente prestaciones o ser motivo de que algún familiar las cobre, habrá que hacer otras cosas. Como una mayor acción inspectora, no en domicilios particulares sino en centros de trabajo donde se sabe que puede existir esta prestación de servicios sin declarar. Algo quizás poco conveniente para el Estado.
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