Hace más quien quiere que quien puede.

Cuando me trasladé a vivir al sur de Tarragona, a la zona que nosotros llamamos “Terres de l’Ebre” pude empezar a disfrutar de su calidad de vida, de la amabilidad de sus gentes, de sus impagables entornos naturales y de su gastronomía. La primera vez que fui a la playa a Les Cases d’Alcanar, recuerdo haberme fijado en aquella torre que sobresalía del horizonte, en el mar; cuando pregunté de qué se trataba, alguien me contestó un “se trata de un plataforma petrolífera o algo similar”; poco podíamos imaginar en ese momento que aquella plataforma iba a dar, y mucho,  que hablar en el futuro, pero en ese momento no dejaba de ser una simple instalación en el mar que era visible desde la costa.

Recuerdo que hace un año me quedó bastante claro a qué se dedicaba tal plataforma, se trataba de un almacén de gas subterráneo, que hoy en día todos conocemos como CASTOR. También recuerdo cómo de repente empezaron a llover noticias de continuos terremotos, también recuerdo el nerviosismo de la gente de las zonas afectadas y el consecuente escándalo informativo. También  recuerdo como en los telediarios de Antena 3 se referían a los seísmos como si estos exclusivamente se vivieran en las comarcas vecinas del norte de Castellón, como si los efectos de la plataforma no se vivieran igual en la catalana comarca del Montsià que en la valenciana del Maestrat, quizá fuera porque el CASTOR está justo en territorio valenciano, o quizá fuera por desconocimiento de que las comarcas del sur de Tarragona y del norte de Castellón no sólo comparten fuertes afinidades culturales e idiomáticas, sino que también son limítrofes.

Pero lo curioso del caso es que, debido al escándalo sucedido y a la exigencia de la población, el Gobierno paró el proyecto y ahora se ha visto obligado a pagar una indemnización indecente a la empresa adjudicataria. Indecente indemnización que será pagada como recargo en la factura del gas de los usuarios de este servicio durante los próximos treinta años. Seguro que tal indemnización estará prevista en el contrato pertinente, e incluso hasta puede que sea LEGAL, pero la duda que tengo es sobre si es MORAL, y todos los indicios me señalan a pensar que NO.

Ya lo decía mi padre, “en este mundo hace más quien quiere que quien puede“; si conviene modificar la Constitución en una semana porque así lo quiere Europa, hecho; si hay que pagar 1.350 millones de euros en tiempo récord  a una importante empresa y con cargo a las facturas del gas de los próximos treinta años, pues vale. Ahora bien, buscar una solución satisfactoria para todos al problema territorial, crear mecanismos eficientes para evitar la corrupción o adelgazar el Gasto Público, creando métodos administrativos más eficientes, “esto ahora no toca“, vivir para ver…