
Todo este sainete trae causa de la celeridad con la que se afrontó la cuasi extirpación de la Justicia Universal en España por parte del PP. Al Gobierno español se le metió el susto en el cuerpo cuando los chinos se pusieron como tales y le reprocharon que un juez español hubiera dictado orden de detención contra varios dirigentes de Pekín por el genocidio en el Tíbet. Sin pensárselo dos veces encargó al PP una reforma urgente de la Justicia Universal que dejara a los jueces españoles atados de pies y manos para perseguir ese tipo de crímenes. De esta manera, la reforma se pudo hacer por la vía de la proposición de ley y no del proyecto de ley, lo que acortó los plazos al evitarse trámites como el informe del Consejo de Estado y otras innecesarias pérdidas de tiempo: había que cambiar la ley cuanto antes para calmar a los chinos.
En la operación “reforma legal de la Justicia Universal a mayor gloria de las relaciones comerciales con China y Estados Unidos”, cayeron las violaciones de derechos humanos en el Sahara o en Guatemala y la investigación sobre el asesinato a manos estadounidenses del cámara José Couso, entre otras causas. Pronunció entonces el portavoz popular, Alfonso Alonso, una frase que pasará a la posteridad como ejemplo de lo que le preocupan a este señor y a su partido los derechos humanos y su defensa: “La Justicia Universal despierta falsas expectativas y sólo crea quebraderos diplomáticos”. El Gobierno chino no tardó en agradecer el gesto a España y aseguró que ahora sí podemos hacer negocios sin que ningún juez nos esté tocando las narices.
Claro que, de paso, también se beneficiaron de este disparate los narcotraficantes que, de la noche a la mañana, vieron abiertas las puertas de las prisiones en donde esperaban juicio. Teniendo en cuenta que muchos de ellos son extranjeros y probablemente ya hayan puesto pies en polvorosa, tengo un gran interés por saber cuántos podrá detener de nuevo la policía para ponerlos otra vez a buen recaudo.
Mas no debería limitarse el Supremo a tumbar la excarcelación de narcotraficantes sino dar un paso más: tumbar toda la reforma en su conjunto por cuanto también vulnera convenios internacionales sobre derechos humanos suscritos por España. A ver si así el Notario Mayor del Reino, que con tanta abnegación defiende valores como el de la vida, recibe por fin el mensaje de que jugar y hacer el ridículo en todo el mundo con algo tan sagrado como la Justicia y los derechos humanos no le puede salir gratis.