En el Gobierno se ve esta medida como algo de sentido común, sobre todo teniendo en cuenta la reforma realizada por el anterior Ejecutivo en agosto de 2011, que obligó a regularizar a las empleadas de hogar dándoles de alta en la Seguridad Social. La nueva normativa no vino acompańada de un tratamiento favorable en el Impuesto sobre la Renta para los contratantes, a no ser que éstos actúen como empresa. De hecho, ni siquiera pueden reflejar este gasto –salario y cotización anual a la Seguridad Social– en la declaración del IRPF.
