Haití, Ucrania y Argentina elaborando el Estado fallido

Haití, Ucrania y Argentina, tres naciones en contextos aparentemente dispares, ofrecen un prisma devastador para observar este fenómeno global. No son ejemplos de Estados que han fracasado, sino de élites que han triunfado en su objetivo final: desmantelar el concepto de bien común y establecer, sobre sus ruinas, un Estado paralelo donde operan con total impunidad. El caos no es el problema; es la solución que han implementado para disfrazar el mayor de los saqueos. Lo que llamamos "falla" es, en realidad, un modo de gobierno exitosísimo para unos pocos.

Por Lic. Alejandro Marcó del Pont

La narrativa convencional de las relaciones internacionales presenta al «Estado fallido» como una anomalía, un desastre político, un vacío de poder; un territorio sumido en el caos donde la ley ha sido reemplazada por la violencia primaria y donde la comunidad internacional debe debatir, con una mezcla de conmiseración y fastidio, la posibilidad de una intervención humanitaria o de estabilización, dependiendo siempre de su beneficio estratégico inmediato.

La tesis subyacente es mucho más cruda y reveladora, lo que se diagnostica como «fallido» rara vez es un Estado que ha colapsado por sí solo, sino más bien uno que ha sido metódica y deliberadamente rediseñado, despojado de su capacidad para servir al bien común y reconvertido en una máquina de extracción de rentas. Lo que denominamos Estado fallido constituye la máxima expresión de un poder distorsionado que ha encontrado en la fachada del caos, en el teatro de la ingobernabilidad, su instrumento de dominación y enriquecimiento más perfecto y opaco.

Haití, Ucrania y Argentina, tres naciones en contextos aparentemente dispares, ofrecen un prisma devastador para observar este fenómeno global. No son ejemplos de Estados que han fracasado, sino de élites que han triunfado en su objetivo final: desmantelar el concepto de bien común y establecer, sobre sus ruinas, un Estado paralelo donde operan con total impunidad. El caos no es el problema; es la solución que han implementado para disfrazar el mayor de los saqueos.

El caso de Haití es el arquetipo más puro y brutal de esta dinámica. La narrativa internacional lo reduce a una tragedia perpetua, una sucesión de desastres naturales, golpes de Estado y violencia pandilleril que condenan a su población a una miseria insoluble. Esta lente ignora deliberadamente la ingeniería política que ha manufacturado esta realidad. Las pandillas que hoy siembran el terror en Puerto Príncipe y controlan el 90% de la capital no son entidades orgánicas surgidas de la marginalidad social. Son el producto de una estrategia deliberada de las élites económicas y políticas haitianas, en connivencia con intereses externos.

La ventaja estratégica para esta élite es monumental y multifacética. Bajo el manto protector de la «ingobernabilidad», operan con una impunidad absoluta, libres de cualquier fiscalización tributaria, laboral o judicial. El colapso deliberado del aparato estatal formal no significa una ausencia de gobierno, sino su privatización selectiva, donde las funciones más lucrativas son acaparadas por actores no estatales leales a sus patrocinadores. Las pandillas, en este esquema, actúan como brazo armado y socios comerciales, es decir, controlan los puertos críticos, imponiendo sus propios aranceles paralelos; dominan la cadena de suministros esenciales, desde alimentos hasta combustible; monopolizan la distribución de energía, creando escasez artificial para multiplicar sus ganancias en el mercado negro, y extorsionan a toda la actividad económica formal e informal, estableciendo un sistema de impuestos predatorios.

Los grandes conglomerados empresariales haitianos, dueños de la importación y la exportación, negocian con estas mismas pandillas para garantizar la seguridad de sus mercancías, externalizando el costo de la «protección» e integrando el precio de la extorsión como un simple gasto operativo más. La élite económica se beneficia de un sistema de extracción de riqueza que no requiere proporcionar servicios públicos, aportes, educación o salud a la población. La violencia pandilleril actúa como un muro de contención social, fragmentando cualquier posibilidad de organización popular que pueda desafiar el statu quo.

Ucrania presenta una variante de este modelo, pero sofisticada, militarizada y legitimada por una guerra de defensa nacional. La narrativa dominante en Occidente es la de un Estado unificado, heroicamente defendiéndose de una agresión imperialista, mientras avanza por un camino virtuoso de reformas democráticas y lucha contra la corrupción. Esta visión, esencial para mantener el flujo de ayuda militar y financiera, choca frontalmente con una realidad interna mucho más compleja y adversa.

La guerra no ha erradicado las viejas estructuras de poder oligárquico; en muchos sentidos, las ha fortalecido y les ha proporcionado una cobertura patriótica perfecta. El caso del batallón Azov, ahora integrado formalmente en la Guardia Nacional, conservando una identidad, una cadena de mando y una ideología marcadamente autónomas, es quien gobierna Ucrania. Lo que comenzó como un regimiento de voluntarios se ha convertido en dos cuerpos de ejército con decenas de miles de soldados, un poder militar dentro del Estado.

Este poder no es neutral. Azov y otras unidades similares funcionan, en la práctica, como el brazo armado de una facción específica de la oligarquía y la ultraderecha ucraniana. Su función va más allá del campo de batalla. Garantizan un control territorial y económico sobre las zonas en las que operan, protegiendo los intereses de sus patrocinadores oligarcas y participando en el saqueo sistemático de los recursos que deberían estar destinados al esfuerzo de guerra. La corrupción endémica, denunciada incluso por los aliados occidentales de Ucrania, no es un fallo del sistema; es el sistema mismo. Es el Estado paralelo en acción, una estructura que utiliza los instrumentos formales del poder —leyes, decretos, sanciones— para enriquecer a una red de actores privados.

La movilización masiva, lejos de ser un acto de unidad nacional perfecta, ha expuesto la profunda fractura de clase que recorre la guerra. Como documentan analistas, se ha convertido en «una guerra librada por los pobres«. Las leyes de movilización, su aplicación, muestran una selectividad perversa. Mientras los jóvenes de las zonas rurales y las clases bajas son reclutados de forma compulsiva en las trincheras, las élites urbanas y los conectados con el poder pueden eludir el servicio con sobornos, certificados médicos falsos o simplemente abandonando el país. Simultáneamente, el gobierno de Zelensky, bajo la presión de la necesidad financiera y el mandato del FMI, ha implementado políticas fiscales profundamente regresivas, aumentando impuestos a la población ya agotada y recortando gastos sociales.

La guerra, por tanto, funciona como una pantalla de humo gigantesca que permite un doble movimiento: la concentración extrema de la riqueza en manos de una oligarquía militarizada extranjerizada y la transferencia de todo el costo humano y económico hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. El heroísmo del soldado en el frente es la narrativa que esconde la impunidad del saqueo en la retaguardia.

Argentina ofrece la versión posmoderna y financiarizada del Estado fallido fabricado, la obsesión de un Estado paralelo. Aquí, el instrumento de dominación no son las pandillas armadas o los batallones ultranacionalistas, sino el capital financiero internacional y sus socios locales. El relato fantasma que se vende es el de un país crónicamente ingobernable, víctima de su propio populismo, que existe al borde del abismo macroeconómico por su incapacidad para vivir dentro de sus posibilidades (déficit fiscal). Este relato omite cuidadosamente que el colapso fiscal permanente es un negocio extraordinariamente lucrativo para una élite específica.

El mecanismo es diabólico en su simpleza: un sector de la oligarquía argentina, profundamente vinculado a los monopolios de exportación de commodities (agro, energía y minería) y los grandes grupos económicos financieros, necesita evadir impuestos, quitar regulaciones, fugar capitales externalizando sus ganancias en dólares. Para ello, requiere mantener al Estado en una situación de crisis de deuda perpetua.

El endeudamiento externo masivo no es un accidente; es una herramienta de política económica. Cada préstamo del FMI, cada emisión de bonos de deuda, viene acompañado de condicionalidades que exigen recortes salvajes en el gasto público, privatizaciones y desregulaciones. Estos ajustes, presentados como «medidas de saneamiento», tienen un efecto inmediato: debilitan al Estado como regulador y como proveedor de servicios, transfiriendo ese poder y esos recursos al sector privado.

Los «dueños del sector externo», se benefician doblemente, primero, especulan con los dólares para pagar la deuda externa, después con la deuda interna (comprando bonos a precios de quiebra y cobrando su valor total o prestándole al estado con tasas de interés inaceptables), y segundo, operan en un mercado laboral cada vez más desregulado donde pueden maximizar sus ganancias sin restricciones, exportar en dólares y pagar en pesos. El gobierno de Javier Milei, lejos de ser un iconoclasta que rompe con el sistema, es la expresión más pura y radical de esta lógica. Su «plan de ajuste hasta los huesos» no es más que la aceleración final de un proceso de décadas: el desmantelamiento metódico del Estado nacional para servir a los intereses de una plutocracia financiera.

Los recientes casos de corrupción que acechan a su gobierno, incluyendo las acusaciones contra su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la contratación de funcionarios con sobresueldos en negro y la manipulación de la cadena de pagos del Estado, sobre todo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sacarles a los discapacitados para su bolsillo, no es una anomalía. Son la consecuencia natural de un proyecto que concibe el Estado no como un árbitro del bien común, sino como un botín a repartir entre los leales. La retórica anarcocapitalista de «destruir el Estado» se traduce, en la práctica, de entregar lo que queda de él.

La «libertad» que pregona es, en esencia, la libertad de que esa élite opere sin fiscalización, sin impuestos y sin rendir cuentas a una sociedad a la que se mantiene en un estado de shock permanente mediante la inflación, variaciones en el tipo de cambio y recesión. El caos económico no es un efecto colateral no deseado; es el ambiente necesario para este gran rediseño a favor de que unos pocos concentren los dólar. El Estado fallido argentino es una hoja de cálculos en Excel, una crisis de deuda cuidadosamente orquestada que enriquece a los mismos que predican la austeridad para los demás.
La conclusión que emerge de este análisis trilateral es tan contundente como inquietante para el orden internacional establecido. La idea convencional del Estado fallido como un accidente de la historia o una patología exclusiva del Sur global es un mito útil, un relato que debe ser deconstruido con urgencia. Haití, Ucrania y Argentina, cada uno a su manera, demuestran con crudeza que el «fracaso» estatal es, con frecuencia, la forma más pura de éxito para las élites depredadoras locales y globales.
Lic. Alejandro Marcó del Pont