Hasta las puñetas

Cual pensionistas cabreados con el Gobierno, jueces, fiscales y abogados también saldrán hoy a la calle. La protesta la convocan todas las asociaciones del colectivo, así que no busquen intencionalidad política. Ello no será impedimento para que más pronto que tarde nos enteremos de que algunos partidos pedirán comparecencias de ministros y modificaciones legislativas, se unirán a las protestas y pregonarán que ellos ya habían pedido lo mismo. Mirar para otro lado cuando no interesa pero instrumentalizar las protestas de otros es modus operandi habitual en las fuerzas políticas de este país. Tal y como ha ocurrido con los pensionistas, no me extrañará que ocurra también con las demandas de jueces, fiscales y abogados. Y lo que demandan es que el Gobierno les tenga presentes en sus oraciones presupuestarias. 
No es mucho ni es nueva la petición, en realidad es más vieja que la pana y el hecho de que la sigan planteando demuestra el caso que le han hecho este y los anteriores gobiernos. Y eso que a priori no parece tan complicado mejorar los medios humanos y materiales de la Administración de Justicia y equiparar las retribuciones de sus servidores a los tiempos modernos y a la función capital que desempeñan. Con un poco de voluntad política se mueven unas partidas presupuestarias de sitio y el asunto queda encaminado. El problema gordo llega cuando el llamado estamento judicial tiene el atrevimiento de pedir que se "refuerce la independencia del Poder Judicial" respecto a otros poderes como el Ejecutivo y el de los partidos, por no ir más lejos y sin ánimo de señalar. ¡Con la Iglesia hemos dado, Sancho!

Aquí han tocado sus señorías el meollo del cogollo de cómo se ha ido organizando en España el servicio de la Justicia. Podríamos describirlo imaginando una primera y una segunda planta - juzgados y audiencias - en donde la independencia judicial de poderes injerentes extraños es bastante elevada. Sin embargo, a medida que ascendemos en la escala del entramado - tribunales superiores autonómicos, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo, Consejo del Poder Judicial o Tribunal Constitucional -  la fe empieza a flaquear y aparecen las dudas existenciales. En cuanto nos ponemos a averiguar si un juez o los miembros de un tribunal son conservadores, progresistas o medio pensionistas, es decir, si han llegado a donde han llegado porque un determinado partido les puso una escalera para que ascendieran y en función de ese empujón van a impartir justicia, los palos del andamio se nos vienen abajo; del mismo modo, si la Fiscalía General del Estado parece a veces poco más que una correa de transmisión de los intereses políticos del Gobierno, hablar de independencia del Poder Judicial es cuando menos un poco forzado. 
Lo anterior no quiere decir que la inmensa mayoría de jueces y fiscales, ya se encuentre en el primero, en el segundo o el tercer nivel, no actúe con rectitud y de acuerdo a derecho, solo que la configuración del sistema abre la puerta a la sospecha cuando esa puerta debería estar firmemente cerrada. Con esta reivindicación me temo mucho que pincharán en hueso los manifestantes de hoy por mucho que estén hasta las puñetas de la situación. No descarto que si insisten en las protestas y cumplen la advertencia de ponerse en huelga el ministro Catalá saque dinero de donde ahora no hay como hizo Montoro con los pensionistas. Para lo de la independencia judicial frente a injerencias indeseables tendrán que armarse de paciencia, ellos y todos los españoles, para desgracia del sistema democrático.