¡Hay hermanas, muchísimo que hacer!

Pedazo de zonzonazo, cobarde, poca hombría han sido las expresiones con las que dos connotadas congresistas fujimoristas se han referido a un parlamentario que le atribuyó a la congresista Martha Chávez haber acusado a los estudiantes de la Cantuta, asesinados en el Gobierno de Fujimori por un comando paramilitar, de haberse autosecuestrado. (1) “Lo conmino a que demuestre eso porque si no, lo voy a denunciar por difamador,” gritó con furia la congresista, mientras se discutía otra vez acerca del Informe Final de la Comisión de la Verdad, que luego de nueve años de haber sido presentado vuelve a ser cuestionado por algunos sectores, por algunas imprecisiones que en realidad no le quitan el valor que tiene al haber puesto en evidencia el horror de la guerra y el dolor de las víctimas, las cuales aún esperan reparación y justicia, asunto que no provoca los mismos acalorados debates en el Parlamento. Es que estas discusiones se repiten en los tiempos en que se quiere imponer la desmemoria, la impunidad, el olvido. Aunque en este caso no faltaron los memoriosos que nos hicieron recordar lo que aparece en el informe suscrito por los congresistas oficialistas Jaime Freundt y Gilberto Siura, revelado en La República el 21 de junio de 1993 (2) y avalado por Martha Chávez que dice. “La hipótesis de una voluntaria desaparición del lugar también es factible (...) Se han dado casos de personas denunciadas como desaparecidas (que) han sido ubicadas en otros lugares del país o del extranjero, a los que se trasladan para no ser identificados y poder realizar sus actividades proselitistas”. Al defender la posición de la Comisión la congresista declaró “No sería raro que estas personas estén engrosando ahora las filas de Sendero Luminoso. No se han comprobado estos hechos”
Hay que señalar que las dos parlamentarias no representan la mejor imagen que se espera de las mujeres que han logrado ingresar al mundo de la política y ocupar escaños en el Parlamento, gracias a las luchas de otras mujeres que nos precedieron y que al igual de lo que se pretende hacer con los sucesos del conflicto armado interno, han caído en el olvido. Si damos una breve mirada al pasado, nos encontraremos con mujeres como María Jesús Alvarado, pionera del feminismo peruano que defendía la igualdad de oportunidades para las mujeres, exigiendo no sólo el voto y el acceso a la educación, sino “darle [a la mujer] acceso á los empleos públicos y profesiones liberales, para que pueda subsistir por sus propios esfuerzos, mejorando su condición económica y social”.(3) No hay que olvidar que en aquellos tiempos que muchos y muchas han olvidado o desconocen, las mujeres necesitaban permiso de sus familiares masculinos para hacer vida social, comprar o vender bienes y trabajar, siendo consideradas incapaces de realizar cualquiera de estas actividades, más aún las de participación política. El control sexual de las mujeres en esas épocas era tan fuerte que el adulterio se castigaba con dureza, aunque, contradictoriamente, en caso de un embarazo producto de una relación adúltera, el aborto se consideraba una atenuante para su delito, pues significaba que no se provocaría olas sociales.
No sólo tuvo preocupaciones de género esta precursora, sino que también abordó la problemática de la población indígena, que vivía sometida a condiciones de servidumbre y casi esclavitud, exigiendo que se elimine el oprobioso sistema de enganche de las haciendas y las minas que los enganchaba para aprovechar la mano de obra y en la práctica apropiarse de sus vidas por las deudas que les iban haciendo adquirir. (4) Entonces desde los primeros albores del siglo XX, las mujeres feministas tuvieron clara la necesidad de luchar contra toda forma de opresión y subordinación y esa lucha fue no sólo para las mujeres sino para todos los sectores que no podían ejercer sus derechos como ciudadanos.
Este recuerdo viene al caso, pues en la misma semana que los titulares se llenaban con la cuestionable acción de las congresistas, no se hizo mucha referencia ni, por supuesto, se dedicó ningún titular al día internacional de las mujeres indígenas, que se celebra en 5 de septiembre, o al día de los derechos cívicos, que se celebra el 7 de septiembre y que conmemora la primera vez que las mujeres peruanas pudieron votar, en el Perú, allá por 1957.
Por estos días, también se presentó el texto de Cecilia Olea, a propósito del día de las mujeres indígenas y en el marco de las celebraciones por los 30 años de haberse aprobado la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer (5), la cual fue ratificada por el Estado peruano el 13 de septiembre de 1982. El trabajo presentado es muy significativo, pues por un lado denota el esfuerzo del feminismo por retomar el camino que fue marcado antes por mujeres feministas como María Jesús Alvarado, estableciendo puentes con las organizaciones y con las mujeres indígenas en general, en tiempos en los que aún persiste un desconocimiento y mal entendimiento de unas y otras.
El estudio constituye también un esfuerzo por evidenciar las enormes brechas de género y étnicas que existen y que nos permiten visibilizar cómo aún en el país son las mujeres indígenas, y especialmente las rurales, las que siguen estando en situación de alta vulnerabilidad, mostrando, gracias a un minucioso análisis de las escasas estadísticas que nos dan la data étnica, la interseccionalidad de las discriminaciones que viven cotidianamente las mujeres indígenas. Y es que pese a las recomendaciones que ha hecho la CEDAW al Estado, en sus diferentes momentos y en diferentes temas, aún persisten vulneraciones de derechos y grandes brechas, a la par que surgen nuevas problemáticas.
Además un dato relevante que se consigna en el texto es que la población con lengua materna quechua y aymara reside en mayor proporción en el área urbana, mientras que en el caso de indígenas amazónicos su lugar de residencia es sobre todo rural. Esto es de primordial importancia con relación a los derechos de las mujeres indígenas, porque en el país se asocia fuertemente lo indígena a lo rural y en general los diferentes planteamientos de políticas públicas dirigidas tangencialmente a las mujeres indígenas lo hacen a partir de la ruralidad. Se requieren entonces respuestas que se dirijan a posibilitar el ejercicio de derechos de las mujeres indígenas que viven en las ciudades, lo que implica un nuevo reto para quienes tienen a su cargo las políticas de transversalización de género y la interculturalidad en el Estado.
Aunque desde diferentes sectores de la población, pero especialmente desde las mujeres y desde los pueblos indígenas, se tenía grandes esperanzas en que la nueva gestión gubernamental respondiera con mayor esfuerzo para acortar estas brechas y se avanzara con paso firme hacia una sociedad más democrática y con mayor ejercicio de derechos, parece ser poco lo que se está avanzando, en todos los niveles. Ahí están, por un lado, las voces que cuestionan el Informe de la CVR y de paso niegan el derecho a las víctimas, a sus familiares, a mujeres indígenas de obtener la justicia tan esperada y saber la verdad, quizá para morir con algo de tranquilidad. Ahí están declaraciones como las del presidente regional de Ayacucho que llama gallinas a las mujeres organizadas y las manda a lavar y cocinar. Están también las agresiones de un alcalde a una regidora en una municipalidad de Apurímac. Están las altas tasas de embarazo adolescente, la lucha de las mujeres por el protocolo del aborto terapéutico, la exigencia de las mujeres indígenas por una mejor ley de consulta, por conocer los pormenores de la consulta previa, por una nueva institucionalidad indígena y por participar en todos los procesos. Ahí están los feminicidios que persisten pese a la ley, están las mujeres que viven la violencia a diario, en casa y en la calle, las niñas secuestradas por Sendero, la explotación sexual de niñas y mujeres, las brechas salariales, la poca representación de las mujeres en las alcaldías y los gobiernos regionales, la ausencia de mujeres en los debates públicos en los grandes temas, como si en el Perú no hubiera mujeres con gran capacidad para hablar sobre asuntos políticos, económicos sociales, y podría seguir.
Aunque la lucha contra toda forma de discriminación es larga, esperemos que haya un mayor impulso para que las mujeres en general y las mujeres indígenas y campesinas en particular, especialmente ahora que ya tenemos por fin el Plan Nacional de Igualdad de Género. Un primer paso, me atrevo a decir, pasa por entender que para transformar el país hay que trabajar para cambiar esta cultura machista, patriarcal y etnocéntrica que de una forma u otra todos y todas llevamos dentro y que está con mucha vitalidad en diferentes sectores del Estado y entre sus funcionarios y autoridades.
Por Rosa Montalvo Reinoso Fuente: Noticias Ser Perú
Notas:
1) “Congresistas Luisa María Cuculiza y Martha Chávez le dicen de todo a su colega Rimarachín”, Canal N, 6 de septiembre del 2012. http://www.youtube.com/watch?v=NRtJ382o-EE 2) Mariano Vásquez, “Una dosis de memorex para la congresista Martha Chávez”, Diario 16, 8 de septiembre del 2012. http://diario16.pe/noticia/18902-una-dosis-de-memorex-para-la-congresist... 3) María Jesús Alvarado, “El feminismo”, Respuesta a un artículo publicado en el diario El Comercio que impugna el feminismo, publicación desconocida, Lima, 14 de mayo de 1911, Acervo María Jesús Alvarado, CENDOC-Mujer. 4) María Jesús Alvarado, “El aniquilamiento del aborigen por el sistema de enganche. Trabajo leído por la señorita María Jesús Alvarado Rivera en la conferencia dada por la Asociación Pro-Indígena en el Centro Unión Hijos de Cajacay el 8 de julio de 1914”, Acervo María Jesús Alvarado, CENDOC-Mujer.. 5) Cecilia Olea Mauleón, Informe y recomendaciones sobre los Derechos humanos de las mujeres indígenas en el marco de la CEDAW, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristan, Lima, 2012.