Desde que llegaron los “alcaldes del cambio” el año pasado a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Santiago, ya casi no hay manifestaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como cuando los regidores eran del PP y del PSOE, a los que llamaban despectivamente “funcionarios del PPSOE”.
Pero los desahucios siguen produciéndose como antes, aunque en Madrid, por ejemplo, la alcaldesa podemita, Manuela Carmena, presuma de tener acuerdos con los bancos para reducir su número, cuando la legislación previa a su mandato y las negociaciones de su antecesora popular, Ana Botella, ya tenían igual éxito.
Tras la nueva ley hipotecaria de 2013, a mediados de 2014 un tercio de los embargos se producía ya con daciones en pago, y el porcentaje crecía rápidamente.
Aquellas manifestaciones con escraches y heroicas peleas organizadas por las PAH sólo aprovechaban los dramas de algunas familias.
Las Plataformas aparecían como héroes que exigían cumplir la Constitución, pues su artículo 47 empieza así: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.
Un buen deseo que ampara también a vagos que exigen vivir sin trabajar, obtener casa u okuparla, como proponen los activistas del 15M, que además cobrarán el salario de al menos 600 euros prometidos por Podemos y abonados por quienes se matan trabajando.
Buena parte de los embargados, además, adquirieron viviendas teniendo trabajos precarios, muchos no españoles –desprotegidos por el Art. 47--, llegados en el boom de la construcción y que con la crisis quedaron desocupados.
Estas personas eran el objetivo propagandístico de las PAH y de la demagogia de su gran sacerdotisa, Ada Colau, hoy alcaldesa de Barcelona, donde los embargos y las expulsiones siguen como antes, pero calladas porque ya no hace falta mandar comandos a protestar contra el PPSOE.
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