Historia de la defensa de la diversidad en la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se fundó al término de una de las mayores afrentas a la diversidad humana de la historia. El Holocausto nazi, un genocidio contra judíos, homosexuales o gitanos, demostró que era necesario crear una institución internacional que velara por el respeto de los derechos humanos y custodiara la paz en el mundo. Este compromiso se materializó en 1945 con la ratificación de la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional de la organización, cuyo primer Artículo recogía el respeto de los derechos humanos como uno de sus principios. Así, la ONU comenzó su andadura con el respeto a la diversidad de “raza, sexo, idioma o religión” por bandera. 

Dos años después, en 1947, se comenzó a redactar otro documento que ampliaría ese compromiso inicial: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración se aprobó en 1948 en la Asamblea General de la ONU, el principal órgano de la organización, aunque con la abstención de varios Estados del bloque del este, la Sudáfrica del apartheid y la monarquía absoluta de Arabia Saudí. La diversidad humana es uno de los ejes de la Declaración, que, como la Carta, enfatiza que los derechos humanos son intrínsecos a toda persona, independientemente de factores como su raza o sexo. Sin embargo, la Declaración no es un texto vinculante, y por tanto su aprobación no implicaba consecuencias legales para los países. Es por ello que, ya desde ese momento, se comenzó a debatir sobre la necesidad de tratados de protección de los derechos humanos que sí fueran vinculantes. 

Los primeros tratados para defender la diversidad 

El compromiso de la ONU con la diversidad llevó a la organización a desarrollar mecanismos protectores de los derechos humanos. El primero de los nueve tratados internacionales sobre derechos humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por las siglas en inglés) pretendía erradicar el racismo y la xenofobia. El tratado, adoptado en la Asamblea General en 1965, se gestó en una década marcada por el antisemitismo, el racismo y la intolerancia religiosa, así como por el sistema de apartheid instaurado en Sudáfrica. La ICERD definió la discriminación racial como cualquier “distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”, y estableció un Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial para monitorizar su cumplimiento por parte de los países. 

Eleanor Roosevelt, antigua primera dama estadounidense, con una Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuya redacción jugó un papel principal. Fuente: Wikimedia

182 estados se han adherido a la ICERD hasta 2020, aunque su alcance está limitado por las reservas que algunos de ellos establecieron cuando la ratificaron. Estados Unidos, por ejemplo, firmó la Convención en 1966, pero no la ratificó hasta 1994, casi tres décadas después. Además, EE. UU. hizo objeciones con respecto a las obligaciones a las que se atenía, como negarse a aceptar las obligaciones que limiten la libertad individual en materia de discurso, expresión y asociación, “particularmente bajo los artículos 4 y 7”. La Primera Enmienda a la Constitución estadounidense impide al Congreso regular la libertad de expresión, lo que choca con algunos de los propósitos de la Convención, como la prohibición de propaganda a favor de la superioridad racial.

Un año después de la firma de la ICERD, la Asamblea General aprobó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (ICCPR por sus siglas en inglés), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (ICESCR). Estos dos tratados, junto con tres Protocolos Opcionales que los amplían —dos para el ICCPR y otro para el ICESCR— y la Declaración de 1948, se conocen como la Carta Internacional de Derechos Humanos, el núcleo del derecho internacional de los derechos humanos. Pero, al contrario que la Declaración, estos tratados y sus protocolos sí son vinculantes: los Estados que los ratifiquen asumen compromisos legales. Debido a su carácter fundacional, ninguno de los dos Pactos enfatiza la defensa de la diversidad ni menciona a colectivos concretos. No obstante, al estilo de la Declaración, ambos Pactos rechazan la discriminación por motivos de raza, religión u origen nacional, entre otros. 

La Carta Internacional ha ejercido gran influencia en los tratados internacionales posteriores sobre derechos humanos. El siguiente tratado tenía por objetivo proteger a otro colectivo discriminado: las mujeres. Pese a que desde 1948 los convenios internacionales prohibían cualquier discriminación por sexo, no había un tratado que recogiera los diferentes tipos de violencia machista. Para poner fin a este lastre histórico, los países de la ONU adoptaron en 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por las siglas en inglés). Como la Convención contra la discrminación racial, la CEDAW empieza definiendo el alcance de esta violencia, que afecta a las esferas “política, económica, social, cultural y civil”. 

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La CEDAW también estableció un organismo para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Solo cuatro países de los 193 miembros de la ONU no han firmado este tratado, aunque destaca el caso de Estados Unidos. Junto con Palaos, son los únicos dos países que firmaron el acuerdo pero no lo han ratificado, por lo que no están legalmente comprometidos con él. Otros países expresaron reservas a su alcance. Arabia Saudí, por ejemplo, no se siente obligada por cualquier aspecto de la Convención que choque con la ley islámica que rige el país. Baréin o Catar han defendido posturas similares. Según la ONU, el 35% de las mujeres en el mundo había sufrido algún tipo de violencia física o sexual en 2013, por lo que erradicar esta discriminación es una de las principales labores de la organización. 

Las Naciones Unidas amplían la definición de diversidad  

Las Naciones Unidas han seguido aprobando distintos tratados para resguardar la diversidad humana tras la entrada en vigor de la CEDAW en 1981. En 1989 se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoció privilegios intrínsecos a los menores de edad como el derecho al “descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas”. Posteriormente, la Asamblea General avaló los derechos de inmigrantes con la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, y los derechos de personas con discapacidad a través de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006.

Pese a que no todos los colectivos cuentan con el amparo legal de una Convención, la ONU ha implementado otros mecanismos para reafirmar su compromiso con la diversidad. Dos de ellos son la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de 2007 y la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 1992. Sin embargo, a diferencia de las convenciones, estas declaraciones no son vinculantes.

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El colectivo LGBTI tampoco cuenta con un tratado vinculante, pero en los últimos años la ONU le ha dado cada vez mayor importancia. El documento legal en que se basa la protección de este colectivo son los Principios de Yogyakarta, de 2006. A petición de la ONU, un grupo de expertos en derechos humanos se reunió en la ciudad indonesia de Yogyakarta para desarrollar una “serie de principios legales internacionales sobre la orientación sexual, la identidad de género y el derecho internacional”. 

La protección de los derechos humanos del colectivo LGBTI dio un paso más allá en 2011. Ese año, el Consejo de Derechos Humanos, un organismo intergubernamental de la ONU, aprobó la histórica resolución 17/19, la primera que mencionaba la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género en la ONU. La resolución se aprobó con veintitrés países a favor, diecinueve en contra y tres abstenciones. Pero el reconocimiento de los derechos LGBTI era imparable. Cinco años después, ese mismo organismo adoptó la resolución 32/2, que creó la figura del experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. El Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del experto por tres años en 2019, elogiando su necesaria labor. Veintisiete países votaron a favor de la renovación, doce en contra y siete se abstuvieron, lo que demuestra el creciente apoyo internacional al colectivo LGBTI. 

La discriminación del colectivo LGBTI es sistémica y transnacional. En numerosas ocasiones se maquilla como libertad religiosa o principios culturales, pretextos para justificar el rechazo a las identidades de género y orientaciones sexuales no normativas. Como dijo el entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en 2016: “¿Es su religión o cultura tan débil que la única forma de mantenerla es negando a los demás sus derechos básicos?”. El colectivo LGBTI sufre discriminación profesional, educativa o sanitaria, sumada al rechazo de sus familiares y comunidades, lo que a menudo les aboca a la exclusión. En países como Arabia Saudí e Irán, las relaciones homosexuales se llegan a castigar con la muerte. Frente a esta hostilidad hacia la comunidad LGBTI, el trabajo del experto independiente tiene gran relevancia. Su mandato recoge desde medidas para responder a las consecuencias de la pandemia de coronavirus en el colectivo hasta trabajar para eliminar las terapias de conversión.

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Otra de las características más notables de la protección de la diversidad por parte de Naciones Unidas es su carácter interseccional. Las violaciones de derechos humanos que sufren algunos colectivos trascienden la categorización tradicional, ya que sus identidades son múltiples: podrían ser mujeres pertenecientes a una minoría perseguida o indígena, por ejemplo. En ese sentido, el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) publicó en 2012 unas directrices para afrontar la doble discriminación sufrida por los refugiados LGBTI.

Países como España reconocen la orientación sexual y la identidad de género como factores para recibir el estatus de refugiado. Sin embargo, muchos otros países han utilizado prácticas vejatorias para supuestamente comprobar la veracidad de dicha identidad. ACNUR, por ejemplo, criticó a Chequia en 2011 por mantener la práctica de la falometría, que declaró incompatible con la prohibición de sufrir cualquier trato degradante. Esta práctica pretende comprobar la orientación sexual del sujeto registrando su excitación a través de la medición del flujo sanguíneo de su pene cuando se le expone a imágenes de contenido sexual, y no está avalada científicamente. 

Los retos de un futuro diverso en la ONU 

Desde la fundación de la ONU en 1945 el mundo ha avanzado en la protección de los derechos humanos, aunque en algunos países los avances han sido costosos o incluso inexistentes. Cuando se aprobó la CEDAW en 1979, solo hacía ocho años que Suiza había reconocido el derecho de las mujeres a votar en las elecciones federales. En 2011, cuando se adoptó la histórica resolución 17/19 en el Consejo de Derechos Humanos, solo diez países reconocían el matrimonio igualitario.

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La defensa de la diversidad no está asegurada en todo el mundo, y los órganos de la ONU siguen mostrando su rechazo a la vulneración de derechos humanos en distintos países. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recriminó a Turquía en 2019 la falta de sensibilización del Estado con respecto a la estigmatización del colectivo, y en 2020 el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial mostró su preocupación con las leyes discriminatorias hacia los ciudadanos árabes de Israel. 

La labor de la ONU para defender la diversidad está lejos de ser modélica: distintas organizaciones no gubernamentales han criticado su falta de rapidez a la hora de responder ante las violaciones de derechos humanos. La International Service for Human Rights y Human Rights Watch, por ejemplo, han instado al Consejo de Derechos Humanos a abordar la situación de la población musulmana en la región china de Xinjiang, que sufre represión por parte del Gobierno china disfrazada de lucha antiterrorista.

Sin embargo, la ONU es una organización intergubernamental, y el éxito de sus medidas depende, en buena medida, de la disposición de los propios países que la componen. Los diferentes cargos de la ONU, encabezados por el secretario general, impulsan esta lucha por la diversidad, pero el apoyo estatal sigue siendo necesario. Para que la diversidad humana pueda protegerse, debe estar amparada por la mayoría de países en el mundo. Si no, uno de los principios fundacionales de la ONU se verá severamente constreñido. 

Así funciona el sistema de Naciones Unidas

Si hay una muestra del compromiso de las Naciones Unidas con la defensa de la diversidad son las diversas convenciones, resoluciones o declaraciones que han aprobado en las últimas décadas. A través de los Comités, la organización monitoriza el cumplimiento de los tratados suscritos por los Estados parte, lo que ampara a colectivos vulnerables como los niños o las personas con discapacidad. Esa utopía en la que la diversidad humana no está amenazada todavía está lejos. Muchos países siguen esgrimiendo pretextos culturales, religiosos o políticos para quebrantar los derechos de mujeres, minorías o personas LGBTI, y los mecanismos de la ONU para poner freno a esas violaciones son limitados. Sin embargo, el mundo de 2020 ha avanzado contra el racismo, el machismo, la homofobia y la transfobia. Queda un largo camino por delante, pero la ONU lo empuja inexorablemente en esa dirección.

Historia de la defensa de la diversidad en la ONU fue publicado en El Orden Mundial - EOM.