En 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada y sumida en una etapa de posguerra y desconfianza. Las aterradoras cifras de bajas, tanto militares como civiles, y el consecuente daño social y económico de la contienda pesaban en el ambiente, lo que se constataba especialmente en Alemania. Siendo el más claro vestigio de la guerra, el país germano acabó dividido en cuatro partes: una francesa, una británica y una estadounidense —que ocupaban la Alemania occidental— y otra soviética en Alemania oriental.
Por su parte, Francia y Reino Unido, que habían sido aliados en la guerra contra el fascismo y el nazismo surgido en Italia y Alemania, tenían entre sus planes de posguerra una Europa unida para evitar futuros enfrentamientos. Además, el panorama internacional parecía comenzar a inclinarse hacia esa tendencia.
Entre los años 1945 y 1949 nacieron organizaciones como las Naciones Unidas —en sustitución de su fallida predecesora, la Sociedad de Naciones—, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) —que se convertiría más tarde en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)—. Todas ellas tenían un objetivo principal común: agrupar a diferentes Estados política y económicamente con el fin de asentar una paz duradera e impedir una nueva guerra. Se creía que, al comerciar los países entre ellos, habría menos posibilidades de que se declarasen la guerra unos a otros. En este marco internacional de cooperación en que se establecieron nuevas organizaciones que han perdurado hasta día de hoy, surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial la Unión Europea.
Para ampliar: “Los Estados Unidos de Europa”, Alex Maroño en El Orden Mundial, 2018
Un plan que lo cambió todo
Si hubiera que marcar una fecha de inicio del proyecto de la Unión Europea ese sería sin lugar a dudas el 9 de mayo de 1950, cuando Robert Schuman, entonces ministro francés de Asuntos Exteriores, presentó junto a Jean Monnet, consejero del Gobierno francés, el Plan Schuman —también conocido como la Declaración de Schuman—.
La idea de Schuman y Monnet pasaba por la creación de una Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), la primera comunidad supranacional de Europa, donde, con el fin de evitar otro enfrentamiento bélico, los miembros de dicha comunidad pondrían en común la producción de carbón y acero.
El plan de Schuman fue visto con buenos ojos por Italia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, la República Federal de Alemania —que era el nombre oficial de Alemania occidental— y por la propia Francia. Y así fue cómo el 18 de abril de 1951, en París, se firmó el Tratado constitutivo de la CECA, también conocido como el Tratado de París.
Con este tratado, Francia afianzaba dos de sus metas más acuciantes: por un lado, se modernizaba un ámbito esencial de la economía francesa y, por el otro, se establecía un control de la industria alemana. Ante esta situación, Konrad Adenauer, el primer canciller de la República Federal de Alemania, no opuso queja alguna, más bien todo lo contrario, ya que la estrategia de Schuman y la suya pasaban por el mismo punto: una reconciliación del eje franco-alemán.
Y mientras todo esto ocurría, Reino Unido a pesar de haber participado junto a Francia como uno de los actores principales en la Segunda Guerra Mundial, decidió no formar parte de ese tratado por voluntad propia. Su posición privilegiada y su relación con Estados Unidos causó que rechazara de primeras unirse a la antigua CECA.
Tras entrar en vigor el 26 de julio de 1952, el Tratado de París dio vida a la Asamblea Parlamentaria —predecesora del actual Parlamento Europeo—, a la Alta Autoridad —precursora de la Comisión Europea—, al Consejo de Ministros —antecesor del Consejo Europeo— y a la Corte de Justicia. Según este tratado, la Asamblea tenía el derecho de destituir a la Alta Autoridad, y estaba compuesta por miembros de los parlamentos nacionales. Estos representantes tenían, por lo tanto, un doble mandato y eran elegidos entre los diputados electos de los parlamentos de cada Estado miembro.
Entre el 10 y 13 de septiembre de 1952 la Asamblea se reunió por primera vez y nombró al belga Paul-Henri Spaak como su primer presidente. Este hecho, de alguna manera, sentó un precedente en lo que es hoy el Parlamento Europeo: los diputados no votaron a Spaak por su nacionalidad, sino por afinidad ideológica.
El lugar de esta primera reunión fue Estrasburgo, aunque para nada fue una decisión sencilla. Schuman propuso Estrasburgo como sede provisional, ya que en dicha ciudad residía el Consejo de Europa; desde Bélgica se propuso la ciudad de Lieja; Países Bajos apostaba por La Haya —que desde 1945 era ya la sede de la Corte Internacional de Justicia—; y Luxemburgo ofreció que fuese el Gran Ducado.
Finalmente, como la discusión de este tema parecía inacabable, Luxemburgo ofreció su territorio para comenzar a trabajar y discernir más adelante el lugar definitivo para las sedes de las instituciones. La cuestión finalizó con la Alta Autoridad y la Corte de Justicia comenzando su trabajo en Luxemburgo, y con la Asamblea haciendo lo propio en Estrasburgo. No sería hasta 1992 cuando se estableció Bruselas como lugar de reunión de las comisiones parlamentarias.
La actividad de la Asamblea durante sus inicios fue más bien discreta debido principalmente a que esta institución no estaba específicamente mencionada en las intenciones de Schuman. Sin embargo, Monnet decidió incluirla ya que el Consejo de Europa, creado en 1949, poseía una Asamblea consultiva, y pensó que esto ayudaría a la aceptación de la nueva Comunidad que se creaba.
La Asamblea de la CECA estaba compuesta por 78 parlamentarios —que eran repartidos entre los Estados miembro en proporción a su población—, debía reunirse una sola vez al año y tenía únicamente competencias consultivas. En parte por estos motivos la Asamblea no era vista como un contrapeso real a la Alta Autoridad. Por fortuna para esta institución, los tratados venideros le irían otorgando cada vez más competencias y poder.
Para ampliar: “La unificación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial: Retos y desafíos en un mundo globalizado”, Walther L. Bernecker en Revista Tribuna Internacional, 2016
De asamblea consultiva a… ¿parlamento consultivo?
Tras el primer año de vida, los miembros de la Asamblea pasaron de sentarse agrupados en base a su nacionalidad u orden alfabético, para hacerlo en función de su afinidad ideológica. Además, crearon seis comisiones de trabajo y establecieron tres grupos políticos: los Demócratas Cristianos, los Socialistas y los Liberales.
Tras casi tres años de funcionamiento, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo quisieron darle al proyecto de la integración europea un nuevo impulso. Con motivo de ello, el 18 de mayo de 1955 se creó el Memorándum de Benelux, que corresponde a las siglas en inglés de Bélgica (Belgium), Países Bajos (Netherlands) y Luxemburgo (Luxembourg), en este orden. En este se hacía un llamamiento a la cooperación en ámbitos como el energético, el de políticas sociales y, especialmente, el económico.
Este hecho inspiró el primer gran hito que, de manera fundamental, cambió la Asamblea: la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957. Concretamente se firmaron dos tratados ese día: el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE), y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (más conocida como Euratom).
Gracias a la creación de la CEE, la Asamblea Parlamentaria no solo adquirió nuevas competencias, sino también un nuevo nombre: Asamblea Parlamentaria Europea. Y, aunque su nuevo nombre no reflejase un gran cambio, sí se modificaron sus nuevos poderes. A pesar de que la enorme mayoría de sus competencias seguían siendo meramente consultivas, ahora la Asamblea podía “elaborar proyectos encaminados a hacer posible su elección por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados miembros” (artículo 138.3), lo que llevaría, años más tarde, a la convocatoria de las primeras elecciones europeas. Asimismo, ahora tenía la capacidad de destituir a la Comisión —antes conocida como Alta Autoridad— en cualquier momento.
Al igual que su nombre, el tamaño de la Asamblea también se modificó considerablemente: pasó de contar con 78 diputados a estar conformada por 142, de los cuales un tercio habían estado previamente en la anterior Asamblea Parlamentaria. Esto, sumado a que se mantuvo el mismo reglamento que en la anterior asamblea, permitió una transición suave entre la antigua y la nueva institución.
Ambos tratados —el de creación del CEE y de Euratom— entraron en vigor el 1 de enero de 1958 y Robert Schuman fue elegido primer presidente de la Asamblea Parlamentaria Europea. Tras esto, la cámara pasaría la siguiente década luchando, insatisfactoriamente, contra su debilidad con respecto a las demás instituciones europeas y teniendo poca repercusión. Tal era su situación que incluso era habitual que el Consejo tomase una decisión final antes siquiera de que la Asamblea le hiciese llegar su opinión, como estaba estipulado en los tratados.
Tras su ampliación, el objetivo principal de la Asamblea pasó a ser conseguir que sus miembros fueran elegidos directamente por la ciudadanía, como apuntaban los últimos tratados. Para ello, el parlamento elaboró su primer informe en mayo de 1961, el Informe Dehousse, que defendía un proceso electoral uniforme entre los seis Estados miembro. No obstante, esta propuesta fue ignorada por el Consejo, al igual que las dos que la siguieron en 1963 y 1969. Pero antes de ello, en marzo de 1962, con el fin de ir ganando importancia y seriedad dentro de los márgenes permitidos, la Asamblea pasó a llamarse, de manera extraoficial, Parlamento Europeo, un suceso que fue ignorado por el resto de instituciones y que no se haría oficial hasta 1986, con la llegada del Acta Única Europea.
Para ampliar: “Breve manual de instrucciones para entender la Unión Europea”, Diego Mourelle en El Orden Mundial, 2019
Rumbo a un parlamento real
Tras una de las etapas con más bajo impacto del Parlamento Europeo, la cumbre de La Haya de 1969 le permitió alcanzar cierto control sobre el presupuesto. Sin embargo, no fue hasta 1975, a través del Tratado de Bruselas, cuando obtuvo el derecho a rechazar el presupuesto en su totalidad.
Con cierto control sobre el presupuesto, el Parlamento buscaba entonces materializar la elección directa de sus diputados, es decir, que la ciudadanía pudiese elegir directamente a sus representantes para el Parlamento. Y, casi como regalo venido por Navidad, fue un tema que se abordó el 9 y 10 de diciembre de 1974, en la cumbre de París. Allí se decidió que las primeras elecciones directas tendrían lugar en 1978 o después. Finalmente, en 1979, entre los días 7 y 10 de junio ocurrieron dichas elecciones —a pesar de que la propuesta inicial del Parlamento era hacerlas en un único día—, que desde entonces se repetirían cada cinco años.
Estas primeras elecciones supusieron investir a una mujer como presidenta de la cámara por primera vez. Simone Veil —exministra francesa de Salud, Seguridad Social y Familia y miembro del partido Liberal del Parlamento— tuvo el honor de abrir esa etapa democrática del Parlamento Europeo. Con las primeras elecciones directas se convirtió en la única institución que era elegida directamente por la ciudadanía, ganado así más autoridad política, y pasando a estar conformada por 410 diputados. En los años siguientes se incorporaron a la Comunidad Económica Europea Grecia (1981), y España y Portugal (ambas en 1986), pasando la Eurocámara a tener 518 diputados.
Ya en 1987 y como reforma del Tratado de Roma, entró en vigor el Acta Única Europea. Este acta fue el primer documento donde al fin, de manera oficial, se reconocía el nombre de Parlamento Europeo. Asimismo, fortaleció el papel de esta institución al introducir un limitado procedimiento de cooperación con el Consejo en materia legislativa, y al otorgarle poder de veto sobre la admisión de nuevos Estados miembro y sobre acuerdos con otros Estados.
La solidificación del Parlamento Europeo
Y mientras todo esto ocurría, la historia obliga a volver la mirada hacia Alemania, que aún permanecía dividida en dos bloques como un amargo recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, aunque esto cambiaría en noviembre de 1989, con la caída del Muro de Berlín. Así, tras la reunificación de Alemania —que finalmente tuvo lugar en octubre de 1990—, el ánimo integrador europeo parecía gozar de tan buena salud que en 1992 se firmó el Tratado de Maastricht, también conocido como Tratado de la Unión Europea, precisamente porque transformó la antigua Comunidad Económica Europea en la UE.
Entrando en vigor en 1993, este tratado reconocía oficialmente por por primera vez el concepto de ciudadanía europea y la necesidad de partidos políticos europeos. En lo que concernía al Parlamento Europeo, los poderes más importantes que se le confirieron fueron, por un lado, el proceso de codecisión —en sustitución del proceso de cooperación—, con el que obtenía poder de veto en algunas áreas legislativas; por otro, que los miembros de la Comisión debían ser aprobados previamente por el Parlamento.
Las recientes adhesiones de Finlandia, Suecia y Austria en 1995, y las venideras que se esperaban, desembocaron rápidamente en la creación de otro tratado de gran importancia: el Tratado de Ámsterdam, firmado en 1997. Aunque su objetivo era crear una reforma institucional de la Unión Europea con el fin de prepararla para la sucesiva expansión del proyecto, el Parlamento Europeo salió beneficiado con la reestructuración del proceso de codecisión. Ahora, si el Parlamento y el Consejo no llegaban a un acuerdo respecto a una propuesta, esta se descartaba y el proceso de decisión debía comenzar desde cero, lo que equiparaba el poder del Parlamento al del Consejo. Asimismo, desde ese momento, la designación del presidente de la Comisión debía ser aprobada por el Parlamento y, con el fin de que el número de diputados no siguiera aumentando de manera indefinida, se estableció en 700 escaños su límite máximo posible.
Pese a que el Tratado de Ámsterdam entró en vigor en 1999, ya en el año 2000 la Unión Europea comenzaba la búsqueda de una nueva reforma. El Parlamento insistía vehementemente en la necesidad de una reforma ambiciosa, pero tendría que conformarse en 2001 con la llegada de, a sus ojos, un decepcionante Tratado de Niza, que aumentó sus competencias legislativas y el número de eurodiputados a 732.
El último gran hito que culminaría las casi dos décadas de adhesiones de nuevos países y de incesante búsqueda de reformas sería el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009. Gracias a este documento el Parlamento obtuvo más poder legislativo y la capacidad de aprobar la totalidad del presupuesto de la Unión junto con el Consejo. Respecto al tamaño del Parlamento, con la entrada de Croacia en 2013 como último Estado miembro en acceder los escaños se fijaron en 751.
Para ampliar: “Manual para entender el Tratado de Lisboa” en El Imparcial, 2009
Curiosamente, el Tratado de Lisboa llegó como consecuencia del fracaso de intentar aprobar una Constitución de la Unión Europea en 2003, pero así ha sido la vida del Parlamento Europeo: una historia con decepciones y alegrías, pero siempre en continua evolución y avance. Con mayor o menor velocidad, ha conseguido ir adquiriendo cada vez más competencias hasta pasar de ser una institución consultiva a un parlamento democrático con autoridad política y legislativa.
A día de hoy, el Parlamento puede presumir de seguir siendo la única institución europea que representa a la ciudadanía siendo elegida en elecciones directas. No obstante, su gran reto seguirá siendo conseguir popularizarse y hacer que la gran abstención en los comicios europeos disminuya cada vez más, y que la Eurocámara se vea poco a poco más arropada por los 500 millones de habitantes de la Unión Europea.
Ya en 1979, tras las primeras elecciones, se criticaba el abstencionismo por parte de la población y el esfuerzo que tendría que hacer la Eurocámara para hacerse un hueco entre la ciudadanía en el futuro. Parece que, a pesar de que los avances son significativamente positivos, 40 años después todavía se ha alcanzado ese futuro. En toda la historia de las elecciones europeas la participación nunca ha superado el 65%, y de hecho ha bajado progresivamente en las últimas ediciones.
En los eurodiputados y eurodiputadas está el poder y la oportunidad de conseguir un Parlamento con más fuerza; un Parlamento que nombre de manera oficial a los candidatos a la presidencia de la Comisión y no a través de un proceso quebradizo acordado de buena fe, el spitzenkandidaten, que ha fracasado en las últimas elecciones de 2019; un Parlamento que siga en su empeño de democratizar la Comisión y de hacer más transparentes algunas de sus etapas legislativas. En manos del Parlamento Europeo queda alcanzar el sueño frustrado de figuras históricas —y de parte de la ciudadanía actual— por conseguir una equiparación real de su poder con el del resto de instituciones.
Para ampliar: The European Parliament and Supranational Party System, Amie Kreppel, 2004
Historia del Parlamento Europeo fue publicado en El Orden Mundial - EOM.
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