Las principales fuerzas del grupo de élite local que gobierna Honduras guiados por el poder transnacional dedican todos sus esfuerzos a profundizar el modelo expoliador del neoliberalismo en su versión más cruda, y con ello echan por tierra los importantes logros en materia de soberanía popular y económica alcanzados en nuestro Gobierno del poder ciudadano, que llegó a indicadores históricos de crecimiento y de reducción pobreza, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El monopolio del poder total por medio de la concentración de la fuerza y la acumulación de capital trasnacional tuvo que detener, en primer lugar, el proceso social histórico de consulta popular de la cuarta urna, así como sacar a Honduras de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), que irritaba a EE. UU.
La economía empobrecida de nuestro país, históricamente relegado, ha alcanzado un nivel crítico en el que todas las alarmas suenan anunciando una debacle fatal. La deuda externa se ha triplicado en siete años, el poder adquisitivo de la gente ha sido disminuido a menos de la mitad de lo que era en 2009, se ha devaluado la moneda aceleradamente… Todos estos indicadores nos permiten sacar conclusiones e indican que la brecha de la desigualdad se hace cada vez más insoportable y que la pobreza es un mal generalizado e incontenible.
Gracias al cinismo de esta clase gobernante, cada vez menos proclive a invertir en la producción e inclinada por la tentación de la especulación financiera y el uso del comercio de compraventa de mercancías que privilegian los acuerdos comerciales de EE. UU. y UE, se aumenta el desempleo y la migración de compatriotas a EE. UU. de modo alarmante.
El poder acumulado por esta élite por medio de los autores del golpe de Estado es tal que la institucionalidad democrática, históricamente frágil, dejó de existir y se convirtió en una herramienta de imposición y arbitrariedad que sirve únicamente para garantizar la impunidad absoluta de los actos irregulares del régimen, que en otras circunstancias serían vistos como bochornos jurídicos inaceptables.
Esa impunidad creada por la fuerza se traduce en inseguridad jurídica, que ahuyenta la inversión, corrompe el sistema judicial y se reproduce en una estructura electoral profundamente arbitraria sostenida gracias a la preminencia de una maquinaria fraudulenta con muchos mecanismos para burlar, una y otra vez, la voluntad popular.
Bajo las circunstancias actuales, los procesos electorales solo llevan al país a legitimar y perpetuar el régimen de criminalidad y terror hoy impuesto a la población con el endurecimiento de leyes y el militarismo, que no es más que la copia calcada del conocido plan Colombia para Honduras y que violenta todo el sistema de jurídico de garantías ciudadanas generado por medio siglo.
La Administración de Justicia y sus órganos, hoy invadidos por una red de favoritismo político y corrupción, funcionan como entes de represión del Estado contra quienes protestan por sus derechos mientras el 95% de los casos más evidentes de criminalidad, denunciados diariamente por esos mismos aparatos, sencillamente permanecen en total impunidad. La red de corrupción entronizada por el Estado es ya la que dirige la Justicia del país, por lo que se imponen el saqueo y el pillaje de la cosa pública.
La política de seguridad del régimen ha fracasado, y el statu quo se mantiene gracias al miedo, el terror y la incertidumbre. De hecho, la inseguridad es la materia prima con la que se sostiene toda la estructura criminal organizada. La militarización de la sociedad hondureña no lleva como propósito frenar los elevados niveles de violencia y, seguramente, tampoco tiene como propósito brindar mayor certidumbre y tranquilidad a la población. En términos generales, la paz no le conviene al régimen.
Es importante también apuntar la falta absoluta de independencia en el régimen producto del golpe de Estado, que sirve muy bien a su instigador principal: el gobierno transnacional de Estados Unidos y de la Unión Europea. Es muy significativo que, en un país siempre doblegado por la voluntad de la metrópoli, este sea el Gobierno más dócil de la Historia. La dirección de la política estratégica es llevada desde organismos norteamericanos y europeos, el FMI conduce la economía y las finanzas públicas y privadas; el Comando Sur y la Administración para el Control de Drogas (DEA en inglés), la política de seguridad; la política exterior es regida por el Departamento de Estado, y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), ejerce como los ojos y oídos del Departamento de Estado a cargo de la Justicia.
Esa agenda trasnacional incluye el continuismo del actual presidente y el bipartidismo que lo sostiene. En ese panorama, se produce la imposición ilegal, surgida del fraude, de la sentencia de reelección del ya gobernante, quien ha manipulado a la vista y paciencia de la comunidad internacional todo el aparato legal existente en el país hasta el extremo de que la misma Corte Suprema de Justicia emite fallos y sentencias ilegales, la más sonada de ellas, la que lo habilita para reelegirse.
Este aparato inmenso de ilegalidad y fraude sería imposible sin un sostén ideológico concreto, papel que se ha reservado a los medios de comunicación, los cuales mantienen una agenda que mueve a la opinión publica hondureña entre el terror y el escándalo. De esa forma, se pone de manifiesto un patrón mediático que desinforma y manipula como actividad principal.
Este aparato propagandístico ha tenido un efecto nocivo sobre nuestra sociedad, ya que incluso el destape de grandes casos de corrupción, como el del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, es dosificado convenientemente, de tal modo que entran y salen furtivamente en la agenda noticiosa nacional sin que lleguen a inquietar a los culpables y produciendo una pérdida total de nuestra capacidad de asombro.
Incluso la oposición política es una masa informe en su dirigencia colectiva, puesto que la cúpula dirigente del Partido Liberal sabotea una y otra vez cualquier intento de cohesionar la lucha contra la imposición y la impunidad mientras es aliada incondicional del régimen en la aplicación de todas sus políticas de despojo forzado contra la población hondureña. Esa incoherencia posterga, y con ello sabotea, toda aspiración de unidad de oposición política a corto plazo.
La maquinaria legislativa del bipartidismo ha permitido la legalización del saqueo mediante la privatización de todos los servicios públicos en operaciones dignas de bandas criminales, como el reciente caso de la empresa de energía eléctrica rematada a pedazos, entregada a pequeñas compañías de origen dudoso financiadas por el pueblo hondureño mediante subterfugios legislativos.
Resulta claro que la decadente situación de Honduras tiene su origen en el golpe de Estado militar de junio de 2009. Siendo ese un problema sin resolver y con los culpables entronizados en el Gobierno, es fácil entender muchas de las fuentes externas e internas del problema que hoy vivimos.
La llamada comunidad internacional de poco sirve: embarcada en un proyecto de desestabilización en toda la región latinoamericana, no hace más que legitimar el régimen hondureño y apoyar materialmente sus iniciativas. Lo que nos lleva inexorablemente a la conclusión de que los organismos internacionales no están interesados en el devenir de nuestros pueblos; tienen intereses que son, por supuesto, opuestos a los mismos, convirtiendo a Honduras en el primer Estado trasnacional de América Latina.
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