Se diría que Mariano Rajoy es más izquierdista que Felipe González, que prometió elaborar una Ley de Huelga para controlar piquetes y paros salvajes, aunque la retiró intimidado por los sindicatos, mientras él, un primer ministro derechista, declara innecesaria esa ley.
Lo hace a pesar de que estos días, por ejemplo, unos cuantos empleados del Metro están paralizando Madrid.
Quienes votaron huelgas salvajes en los días de mayor tráfico fueron solamente 1.002 de los 7.610 trabajadores de ese servicio que usan diariamente cerca de dos millones de los 3,3 millones de habitantes de la ciudad.
Como el Gobierno central ha cancelado la paga extra de diciembre a los funcionarios, estos exigen que la Comunidad autónoma la abone.
Debe recordarse: el Metro madrileño era una empresa modelo del franquismo que empleó a masas de adictos, como se le entregó los estancos hereditarios a los falangistas heridos del la Guerra Civil.
Entre las prebendas que les concedía el Metro estaba la de que los padres podían dejar en herencia el trabajo a sus hijos.
Los dirigentes de los huelguistas actuales defienden esas canonjías del sindicalismo vertical, pero haciéndose pasar por militantes progresistas de los partidos políticos izquierdistas.
Los empleados del Metro se acercan a los 3.000 euros mensuales de salario medio y reciben además innumerables ayudas familiares, que incluyen créditos a la compra de viviendas o uso gratuito de servicios comunitarios.
Si no reciben lo que exigen, sus dirigentes sabotean la circulación. Incluso paralizan en los túneles los trenes, cerrados herméticamente, y provocan pánicos masivos.
España sigue siendo un país que elimina la meritocracia para elegir y promocionar regularmente a todo empleado público, lo que facilita el crecimiento de las mafias sindicalistas, antes fascistas, ahora travestidas de rojas.
Que no extrañe los votantes de Rajoy sospechen de su ideología: rechaza la nonata Ley de Huelga de González, mientras sube impuestos y tasas como los socialdemócratas.
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SALAS