El parlamento húngaro aprobó una nueva legislación que penaliza a los abogados y activistas que ayudan a los solicitantes de asilo. Cualquiera que “facilite la inmigración ilegal” se enfrentará a un año de cárcel. El gobierno de Viktor Orban apodó a la legislación como la “ley Stop Soros”, en honor al filántropo multimillonario al que acusa de apoyar a los inmigrantes musulmanes.
La votación en Budapest se produjo horas después de que varios líderes de la Unión Europea acordaron sostener conversaciones de crisis sobre cómo revisar las normas de asilo. Hungría dice que la inmigración amenaza su seguridad nacional, pero su posición de línea dura y la nueva ley han enfrentado críticas internacionales generalizadas.
La agencia de la ONU para los refugiados instó a los funcionarios húngaros a eliminar la propuesta de ley y los expertos legales de la organización de derechos humanos del Consejo de Europa apelaron para que la votación se posponga hasta que hayan presentado una revisión de las medidas el viernes.
Un informe de la Comisión de Venecia del Consejo filtrada a una agencia de noticias dijo que la legislación húngara “criminaliza actividades organizacionales que no están directamente relacionadas con la materialización de la migración ilegal”.
¿Por qué la ley es controvertida?
La nueva legislación enmienda ocho leyes existentes e introduce un nuevo delito de “facilitar la inmigración ilegal”. Según la nueva ley, cualquiera podría ser encarcelado por trabajar para o con organizaciones no gubernamentales que están involucradas en ayudar o hacer campaña por los solicitantes de asilo. Los grupos de derechos humanos insisten en que todo lo que intentan hacer es ayudar a las personas que han sido autorizadas en Hungría a solicitar legalmente asilo.
Las medidas también endurecen las restricciones sobre asylu, de modo que cualquier persona que intente ingresar a Hungría desde un tercer país donde no esté amenazada directamente con la persecución no puede solicitar asilo. En un desarrollo relacionado, los diputados aprobaron una enmienda a la constitución que declara que “las poblaciones alienígenas no pueden ser resueltas en Hungría“, prohibiendo de hecho los intentos de la Comisión Europea de reubicar a los solicitantes de asilo de Italia y Grecia a otros estados de la UE.
Cuando unas 400,000 personas viajaron a través de Hungría en medio de la crisis migratoria de 2015 en su camino hacia Europa occidental, Orban ordenó que se levantaran vallas para detener la afluencia. La Comisión impuso una cuota obligatoria de asilo para cada estado de la UE en respuesta a la crisis, pero el Sr. Orban se negó a aceptarla.
En 2015, 177,000 personas buscaron asilo en Hungría, pero solo unos pocos cientos fueron aceptados. El año pasado, el número de solicitudes de asilo cayó a alrededor de 3.200.
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