Antes de que la columna de Álvarez Rementería ocupara la localidad de El Castillo de las Guardas, en Sevilla, en agosto de 1936, muchos de sus vecinos decidieron huir al monte.
Ya iniciado 1937 y tras la falaz llamada al retorno de quienes no tuvieran las manos manchadas de sangre, los huidos se reunieron para discutir su regreso y entregarse a las autoridades rebeldes.
Cuarenta y dos de ellos apostaron por esta opción, mientras los demás no se fiaban y les aconsejaron no hacerlo. No les hicieron caso y se entregaron. Todos fueron detenidos y procesados mediante un Consejo de Guerra Sumarísimo que se celebró en la localidad el 15 de abril de ese mismo año. Ocho, de los cuales cinco eran destacados dirigentes del sindicato minero de UGT, fueron fusilados el 4 de mayo, dieciocho condenados a cadena perpetua y los otros 16 absueltos.
Un grupo de los que optaron permanecer en el monte decidieron entonces esconderse en una mina abandonada, denominada Peñas Altas, y cercana a la aldea La Aulaga. El 1 de diciembre de ese mismo año, una compañía de ochenta falangistas al mando del capitán habilitado de la Guardia Civil José Robles Alés, que fue jefe de la famosa Harca Robles, descubrió durante una batida huellas humanas recientes en alrededor de uno de los socavones de la mina.
Al mandar a sus hombres inspeccionar el interior, uno de los requetés recibió un disparo que le hirió en el maxilar derecho. Fue la señal de inicio del cruel asedio sin cuartel a los veintidós hombres que se encontraban refugiados en las galerías subterráneas.
El sitio fue tan cruento y tan grande la resistencia que encontraron por parte de los fugitivos, que lanzaron multitud de bombas al interior, desviaron el cauce de un río para intentar ahogar a los sublevados y rociaron gasolina sobre el agua y le prendieron fuego para achicharrarlos vivos. Incluso pidieron gases asfixiantes a Sevilla para exterminarlos a todos en el interior de las galerías.
A pesar de todo eso, muchos de ellos lograron escapar. Uno de ellos era Fernando García Domínguez, apodado como El Mocho. Tenía por aquel entonces 23 años de edad. El Mocho murió después en la sierra “al pretender pasar a zona roja”, según consta en un informe de la Guardia Civil que forma parte de la causa 613/42 del ATMTS.
El sábado pasado, durante las jornadas sobre la memoria histórica a las que asistimos en El Castillo de las Guardas, pudimos ver en carne y hueso a su sobrina, 73 años después, luchando por rescatar la dignidad de su nombre y por encontrar su cuerpo y resguardarlo para siempre del olvido. El resto de la historia de lo sucedido en la mina y de sus ocupantes puedes leerla en “Cerco, resistencia y evasión en la mina de Peñas Altas”, una formidable investigación histórica llevada a cabo por el historiador José María García Márquez.
Arrojar luz sobre hechos como éste y encontrar el rastro de sus protagonistas, si es posible, forma parte del cometido de todoslosnombres.org, una web coordinada por Cecilio Gordillo, viejo militante anarquista, que dispone de una base de datos para albergar alrededor de ciento cincuenta mil nombres de desaparecidos o fusilados, pertenecientes en su mayoría, a las áreas de Badajoz, Andalucía y las antiguas colonias del norte de África y los datos que los historiadores van aportando sobre sus casos.
Merece la pena acercarse al formidable trabajo que están realizando contando con tan pocos recursos para dignificar los nombres de tantos miles de seres humanos olvidados por la Historia que escribieron en su día los vencedores y que hoy, tantos años después, los poderes públicos se empeñan en mantener oculta y negada a las generaciones venideras.
Empezando por la inscripción de todos esos fallecidos y desaparecidos en los registros civiles, para que así pueda quedar constancia de la existencia que un día tuvieron y que alguien se encargó de arrebatarles por el procedimiento urgente de las balas. Porque ya se sabe que las balas, sobre todo cuando impactan en el blanco, no sólo acaban con la vida, también lo pueden hacer con la memoria según quién sea el que empuñe el arma.