IKEA, PC City, Renolux y Finconsum, multadas

La Agencia Catalana del Consum (ACC), dependiente de la Generalitat de Cataluña, ha impuesto unas sanciones por valor de cerca de 55.000 euros a cuatro empresas que han vulnerado diversos derechos de los consumidores.
Les sancionadas son: IKEA, PC City, Finconsum y Renolux France. Con esta actuación, la ACC quiere ”garantizar mejor los derechos de los consumidores, luchar contra la competencia desleal y contribuir a mejorar las buenas prácticas empresariales”, según Jordi Anguera, director de la ACC.
Finconsum, una empresa dedicada a actividades de crédito, ha sido sancionada con 18.000 euros por desarrollar cláusulas y prácticas abusivas y no respetar los derechos a la información y la documentación en los contratos. En concreto, mediante dos denuncias interpuestas por dos afectados, la ACC detectó el intento de cobrar unos recibos de un contrato no firmado por el consumidor. En el segundo caso el cliente no recibió ninguna documentación de la operación.
IKEA, por su parte, ha sido multada con 8.000 euros por defectos en el etiquetado de diversos productos alimentarios y textiles que no indicaban algunas características esenciales, ni instrucciones sobre la instalación, uso y mantenimiento. Además el etiquetado no estaba en ninguno de los dos idiomas oficiales (catalán o castellano).
En relación con, la cadena PC City, la ACC recibió siete denuncias. Ha sido castigada con diferentes sanciones por valor de 12.000 euros por incumplir la ley de garantía de los productos, deficiente información en la cartelería, negarse a facilitar documentación y resistirse a la inspección de Consumo, entre otras causas.
Finalmente Renolux France Industrie, S.A., fabricante de sillas infantiles para coches, tiene que hacer frente a más de 16.000 euros por riesgos en la seguridad del producto y la destrucción de un centenar de sillas. Destacar que en otras comunidades hay cerca de 1.200 sillas más, del mismo modelo, inmovilizadas.
Las sanciones comportan además la pena accesoria de publicidad. En muchas ocasiones las empresas afectadas prefieren pagar la multa porque es más económico que rectificar el error. Con esta medida se pretende dar a conocer a la opinión pública las compañías que desarrollan malas prácticas.