Impunidad judicial: de Garzón a Egunkaria

Muy pocas veces se nos presenta una buena ocasión para visualizar de forma clara y meridiana la impunidad de que gozan los jueces y magistrados en este país, que hacen lo que les viene en gana sin que nadie pueda ponerles coto y sin que tengan que dar explicaciones de sus actos. Cuando alguien lo intenta siempre se esgrime la independencia judicial.
Pues bien, la casualidad nos ha puesto estos días, negro sobre blanco, dos casos importantes para que podamos comparar.
El primero es el proceso abierto por el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón. Los miembros del Alto Tribunal, con el juez Luciano Varela a la cabeza, consideran que su decisión de investigar los crímenes del franquismo es un caso de prevaricación y va camino de la inhabilitación y del banquillo.
El otro es la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el cierre del periódico Egunkaria y el procesamiento de sus directivos por colaborar con ETA. Fue el juez Juan del Olmo el que tomó semejante decisión en 2003. Ahora, siete años después, la Audiencia Nacional ha sentenciado que el diario (editado íntegramente en euskera) no debió cerrarse nunca, que los acusados no tenían la menor relación con ETA y que no se ha acreditado ni remotamente que alguna vez hubiera defendido postulados terroristas.
El tribunal critica al juez instructor al precisar: "El cierre provisional o cautelar de Euskaldunon Egunkaria, único diario que existía en euskera, no tenía habilitación constitucional directa y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara".

El juez del Olmo ahí sigue.
A Garzón el Tribunal Supremo lo acusa de prevaricación, es decir, de tomar una decisión a sabiendas de que era injusta. El meollo del asunto de Garzón es si durante el franquismo se cometieron Crímenes contra la Humanidad. De ser así, los delitos no prescribirían nunca, como los del nazismo, y las leyes de Amnistía aprobadas en la Transición Política Española quedarían sin efecto por virtud del Derecho Internacional y de los convenios suscritos libremente por España.
En estos términos se debate el proceso a Garzón. Hay dos posiciones en las que, no lo vamos a negar, cuenta mucho el componente político e ideológico. Sin embargo, es algo sujeto a debate y, por tanto, es ridículo acusar al juez de prevaricación ya que hay una fuerte corriente de opinión jurídica internacional, de gran prestigio y reconocimiento, que estima que durante el franquismo se cometieron crímenes contra la humanidad imprescriptibles.
A lo sumo, en el peor de los casos, a Garzón se le podría haber obligado a cerrar la investigación, como ya se intentó con el proceso al dictador chileno Augusto Pinochet, en el que el debate se circunscribió a si un juez de la Audiencia Nacional tenía o no competencias para dictar orden de detención contra el ex dictador. Pero nada más. Nunca se insinuó que podría incurrir en prevaricación.
En el caso Egunkaria, sin embargo ¿no existen responsabilidades? ¿Cómo es posible ordenar el cierre de una empresa y el encarcelamiento e incomunicación de unos ciudadanos sin el menor atisbo de prueba, como ha concluido ahora el proceso de manera concluyente? ¿Quién le exige responsabilidades al juez del Olmo? ¿No deben dar cuenta los jueces de sus decisiones erróneas o manifiestamente erradas?
Si Garzón ha prevaricado por abrir un proceso por crímenes contra la humanidad ¿cómo hay que llamar al comportamiento del juez del Olmo al cerrar una empresa sin la menor base legal?
Y si Garzón resulta absuelto de las acusaciones que se le imputan por iniciar una causa general contra los crímenes franquistas ¿qué sucederá con los miembros del Tribunal Supremo que lo han sentado en el banquillo?
Hasta ahora nos habíamos escandalizado por sentencias polémicas de jueces menores. Recordemos a los que justificaban una violación porque la chica usaba minifalda, y casos semejantes en los que los prejuicios casposos se impusieron a los criterios jurídicos. Normalmente quedan siempre impunes, incluso después de que un tribunal superior revoque semejantes disparates.
Siempre se recurre a la sacrosanta impunidad judicial.
En las demás profesiones el error se paga, mucho más la prevaricación. En la justicia, raramente.