Imputados varios responsables de la Sanidad Pública madrileña

Llegó la hora. La Justicia ha empezado a funcionar. Hoy vemos que han sido imputados nueve personajes en relación con la Sanidad Pública madrileña.

Se ha admitido a trámite la querella contra el proceso de privatización que empezó el equipo de Esperanza Aguirre en 2003 (en concreto la privatización de los hospitales Infanta Elena en Valdemoro, el Rey Juan Carlos en Móstoles y el Hospital de Torrejón de Ardoz) por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros.

Nueve son los imputados, entre ellos dos ex-consejeros de la sanidad madrileña: Manuel Lamela y Juan José Güemes; dos altos cargos actuales de la misma: Antonio Burgueño y Patricia Flores. Y además el gerente de la Fundación Jiménez Díaz (otro centro sanitario privado) y los responsables de Capio –hoy se llama IDC Salud—, Ribera Salud, Unilabs y Asisa.

Los dos exconsejeros son cachorros de la lideresa, jóvenes criados a sus pechos, con perdón. Lamela ya tuvo un asunto turbio al atribuir al Severo Ochoa y al Dr. Montes malas praxis en las sedaciones, algo que resulto falso y que hizo que Aguirre tuviera que cambiarle de consejería.

Güemes, un jovencito guay que forjó su carrera en el PP gracias a su matrimonio con Andrea Fabra –aquella diputada que dijo, dedicó a los parados, una preciosa frase: ‘Que se jodan’—, hija de Carlos Fabra, el imputadísimo de Castellón y amigo de Espe Aguirre. Tanto él como su antecesor Lamela tienen conexiones con empresas privadas sanitarias.

De Antonio Burgüeño, hoy director general de hospitales de la CAM, podemos decir que es el ideólogo de la privatización de la sanidad. Tiene un currículum lleno de puestos de médico en la sanidad privada, a la que defiende con los dientes, a pesar de ser responsable de los hospitales públicos de Madrid. Fue el artífice del modelo Alzira –el que hoy se quiere aplicar en Madrid—, un modelo de hospital privatizado que falló y que tuvo que ser rescatado por la Comunidad Valenciana y después vuelto a dar a la misma empresa.

Por último, Patricia Flores es viceconsejera de asistencia sanitaria, y levantó una enorme polémica al hacerse una pregunta, para ella, significativa: “¿Tiene sentido que un enfermo crónico viva gratis del sistema?”  Maravillosa y ejemplar frase que denota la sensibilidad de la interfecta. Lástima que ella no sea una enferma crónica.

Pues bien, parece que el juez ha visto indicios raros entre estos personajillos y las empresas imputadas en el proceso de privatización y lo quiere aclarar. La denuncia admitida fue presentada a trámite por la asociación de médicos Afem, al considerar que podían existir delito en esa privatización. Afem es una asociación muy activa dentro de la Marea Blanca y con estas imputaciones ha conseguido un primer éxito que debería paralizar el proceso iniciado de privatización de seis hospitales en Madrid.

No podemos ni queremos renunciar a una Sanidad Pública que es un ejemplo en el mundo entero y es de las más baratas de nuestro entorno. No hay ningún motivo para privatizarla salvo hacer generosos regalos a costa del erario público a empresas sanitarias privadas que no garantizan ni menor coste ni aumento de calidad. Seguir el modelo Thatcher en la Sanidad llevará a encontrarnos en la situación de Gran Bretaña, una sanidad privatizada de las peores y a la que se achaca mal servicio y culpabilidad en la muerte de pacientes.

Hoy, podemos decir, una vez más, que el clamor popular y organizado contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar –hay quien ya lo llama el Estado del Bienestuvo, y con razón— no está siendo baldío y poco a poco, van creciendo las semillas plantadas de defensa contra esta ignominia. Hay que seguir en la lucha. En la calle con protestas, en los juzgados con denuncias y en los parlamentos con acciones de oposición. Esa es la única manera de parar esta ofensiva neoliberal que quiere acabar con lo público en aras de facilitar los negocios de grandes empresas privadas. 

Salud y República