Los incendios forestales se duplicaron en el mundo en los últimos 20 años, según un estudio de World Resources Institute y la Universidad de Maryland (EE.UU.). El informe indica que la pérdida de árboles por incendios está aumentando en 3% por año y que 2021 fue uno de los peores años de incendios forestales desde el 2000. Señala a la crisis climática como uno de los principales factores del aumento de la intensidad y frecuencia de estos hechos. Solo en Brasil hay se contó un total de incendios forestales de unos 74.000 en lo que va de este año, más de la mitad en la selva amazónica (solo en el pasado mes de agosto se han detectado 29.308 focos de incendio en la Amazonia). Por otro lado, en el Delta del Paraná, agosto fue el mes con mayor cantidad de focos detectados en lo que va del 2022: en dos semanas se generó casi un 30% de la cantidad total de este año.
"Si los pobres están distraídos, los ricos no tienen nada que temer".
Zygmunt Bauman
La Crisis Climática ya está afectando a todo el planeta, tal como reporta el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) presentado este año. Pero no lo hace en igual medida sobre todos los países y poblaciones, sino que produce daños y pérdidas más graves en las comunidades que sufren las desigualdades cotidianamente. La realidad ambiental actual nos muestra la cara más humana de la desigualdad: las comunidades más vulneradas son las que más sufren eventos extremos, como tormentas, incendios e inundaciones y quienes menos herramientas tienen para hacer frente a ello.
En Latinoamérica el panorama es alarmante y merece un análisis más profundo que incorpore la mirada no solo de lo ecológico sino también de la justicia social. Vale entonces preguntarse por qué es pertinente imprimirle una mirada ambiental y política a la situación del fuego en Argentina y en la región.
Prender fuego y apropiarse de los bienes comunes naturales como si fueran meras mercancías no puede seguir siendo un negocio. Como sociedad debemos preguntarnos dónde están los autores materiales e intelectuales, por qué no se investiga, por qué nunca nadie cumplió pena por violentar no sólo las leyes sino atentar contra el ambiente y el interés colectivo.
En el año 2020 se sancionó la Ley 27.604, que modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y que incorpora artículos que buscan frenar estos fuegos especulativos. En los casos de incendios de bosques nativos, áreas naturales y humedales, se prohíbe por 60 años modificaciones en el uso que se le daba a esas tierras previo al inicio de los focos. El objetivo central de esta ley es prevenir la generación de incendios, desincentivando la posibilidad de hacer negocios con las tierras incendiadas. Dos años después de aquella sanción, la Ley no está reglamentada y por lo tanto no existen los mecanismos administrativos y operativos para poder terminar con los incendios especulativos en nuestros territorios. Incendios que tienen un impacto directo en nuestra salud, nuestra soberanía y nuestro futuro.
Proyecto de ley de Humedales
El proyecto de ley de Humedales promovida por comunidades que viven en esos territorios y organizaciones ambientalistas, puede convertirse en un aporte muy valioso para frenar el desastre ecologico que afecta a territorios cuyo valor ecológico es enorme porque actúan como un filtro que permiten la retención de sedimentos y sustancias tóxicas, son una fuente fundamental de agua potable, regulan el clima, albergan una enorme biodiversidad y amortiguan inundaciones y sequías.
Los humedales ocupan casi un cuarto de nuestro territorio nacional. Exceden enormemente la discusión que se presenta vinculada a los fuegos y la ganadería. Cuando hablamos de problemáticas en los humedales, estamos hablando de la minería en las turberas de Tierra del Fuego y en los salares de altura de Jujuy; estamos hablando del avance de la agroindustria forestal a gran escala en todo el NEA; estamos hablando de los emprendimientos inmobiliarios que avanzan en Buenos Aires y en los mallines patagónicos. Si bien el Delta del Paraná hoy ocupa la agenda mediática, es solo la punta del iceberg.
Por estas razones es imperiosa la aprobación de una ley de humedales. No para conservar y evitar la producción en todos los humedales del país. Si no, para poder planificar el territorio en base al respeto de las funciones ecosistémicas, pero también en base a la pautas y prácticas culturales y productivas de cada zona. Para hacer esto, es fundamental abrir un gran proceso de diálogo intersectorial y federal. Porque si hay algo que importa más que la sanción de la ley, es su proceso de construcción. ¿De qué nos sirve tener la ley perfecta sino concertamos con los actores del territorio para que se cumpla? Parte de esto, ya se ha iniciado. El día de hoy a las 18:00 hs, se realizará la primera reunión informativa: «Hacia una Ley Nacional de Humedales» en el marco de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde estarán presentes profesionales, expertes y referentes ambientalistas.
Entender la problemática de los humedales es entender que quienes sufren estas consecuencias son les más vulnerables. Es la gente que vive cerca que se ve afectada por el humo, o la gente que vive un poco más lejos que se inunda porque el sistema ya no absorbe el agua como antes. Pero también, la misma gente que habita y produce en los humedales vive en carne propia estas problemáticas; desde apicultores cuya producción se ve afectada por el humo, hasta gente que ve a su casa arrasada que fuegos descontrolados.
Complejizar la mirada para analizar la heterogeneidad que atraviesa a los humedales es central para dar esta discusión. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de reproducir errores del pasado donde se enfrentaron a los actores del agro como un todo. El problema no es “la producción” en los humedales, el problema es la producción que solo se preocupa por la reproducción de las ganancias, que no respeta las dinámicas ecosistémicas y que socializa los costos ambientales que recaen sobre les más vulnerables.
Autoconvocados en el Río Paraná: El negocio criminal e$ quien viene a quemar!
ATENCIÓN ARGENTINA
SOBRE LOS HUMEDALES DEL RÍO PARANÁ
HAY FAMILIAS ISLERAS BAJO FUEGO!
.Desde Zarate y Campana convocamos a dejar de lado las mentiras burocráticas y sumarnos a la resistencia contra los responsables políticos y empresariales del ecogenocidio isleño!!
El poder político sigue obediente a los agrodolares y los negocios de la Mesa de Enlace, mientras estamos bajo el HUMO + FUEGO + el GLIFOSATO + la EXPULSIÓN DE NUESTRAS FAMILIAS!
Contra incendio$ y topadoras la Vida resiste!
Unidad, Solidaridad, Organización
NO A LA DESTRUCCIÒN!
Basta Ya de impunidad!
Detrás del humo
Si la derecha argentina expone toda su arrogancia e irresponsabilidad ambiental con los incendios de campos en el el Delta, el gobierno nacional la enfrenta de rodillas con un combo de gobernadores cómplices, funcionarios alcahuetes y amigos del poder económico. Detrás del humo de los incendios sigue la fiesta del complejo agroindustrial y el ajuste de los salarios.
La utilización del fuego como auxiliar de la agricultura y la ganadería es una práctica ancestral. La usaron los guaraníes para limpiar áreas de selva para hacer sus plantaciones durante tres temporadas. La utilizaron los criollos correntinos desde hace trescientos años, quemando el material seco de los fachinales a fin del invierno para favorecer el rebrote de primavera. Pero, en la segunda década del siglo XX, cuando se afirma que estamos orgullosos del avance del conocimiento y de las nuevas tecnologías, es una práctica muy cuestionada. Mucho peor en las islas del Delta, donde no hay escapatoria para los animales terrestres que no pueden huir de los incendios. El fuego produce una selección de especies eliminando las que son sensibles a su uso, deja suelos desnudos promoviendo una mayor ocurrencia de sequías e inundaciones, y contribuyen a la contaminación atmosférica. El ecólogo zimbabuense Allan Savory, conocido por sus aportes al manejo holístico de la producción agropecuaria, afirma que “los científicos han calculado que las emisiones por segundo de una incendio vegetal de 0,5 hectárea son equivalentes a las emisiones de monóxido de carbono producidas por segundo de 3694 automóviles y a los óxidos de nitrógeno producidos por por segundo por 1260 automóviles” .
Quienes hoy apelan al fuego, lo hacen por cuestiones de conveniencia económica inmediata. Resulta más barato quemar los campos que utilizar otras tecnologías para eliminar el pasto seco. El gobierno nacional ha aportado algunos datos sobre los campos donde se han producido quemas en la Provincia de Entre Ríos y el Delta del Paraná y de esos relevamientos surge que sus autores no son pequeños propietarios sino empresarios dueños de grandes extensiones. El móvil de estos delitos ambientales es aumentar los márgenes de ganancia de empresas ganaderas, que desarrollan una actividad que ha sido muy rentable en los últimos años.
Los incendios intencionales han contado con una abierta complicidad de las autoridades provinciales y municipales. Los gobernadores justicialistas, Omar Perottii de Santa Fe y Gustavo Bordet de Entre Ríos, tienen estrechas relaciones con los grandes propietarios rurales de sus provincias, la familia del Intendente de Victoria, Domigo Maiocco, es propietaria de campos donde se han detectado incendios.
Bastante oculta por el humo, se pudo conocer ayer la información que en el primer semestre de 2022 las exportaciones de maquinaria agrícola acumularon U$S 56,8 millones y crecieron un 46%. Si se comparan estos números con el primer semestre de 2020, cuando la facturación fue de U$S 23,9 millones, la mejora fue de 137%. También se informó que se acordó una inversión china de U$S 1.250 millones para levantar una fábrica de fertilizantes en Tierra del Fuego. Para completar la fiesta de los grandes ganadores de la cadena agropecuaria industrial, el gobierno ha manifestado su decisión de otorgar nuevas concesiones a las empresas productoras de biodiesel y de facilitar los trámites para que los exportadores puedan liquidar sus ventas a precio de dólar soja.
Seguramente también por el humo pasó desapercibido el informe del Mercado Rosario Ganadero (Rosgan), que advierte que el precio de venta de carne al público mostró una desaceleración en el segundo semestre, por lo que preocupa que la caída del poder adquisitivo del salario podría impactar en el precio de la hacienda de consumo. En la Argentina del revés, el mercado ganadero lamenta que “la falta de carne en la mesa de parte de los argentinos no radica ya en una cuestión de escasez general de oferta, sino en la capacidad de compra de un consumidor cuyo salario real se encuentra cada vez más deteriorado”.
Parece una broma. El poder económico presiona al gobierno para que ajuste y audite a los pobres y después lo humilla diciéndole que deberían aumentar los salarios, así pueden vender más carne en el mercado interno.
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