Indefensión del paciente maltratado. V: La indefensión

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Así, armado con esta confirmación judicial del maltrato recibido, el paciente hizo un nuevo intento para que dicha conducta fuese sancionada, dirigiéndose al efecto una vez más, mediante sendas cartas, a quienes venían ignorando su denuncia: Antonio Sanz Marca, director del hospital Parque Vía de la Plata, y Pedro Hidalgo Fernández, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz. En ellas, solicitaba la reapertura del expediente disciplinario contra el siquiatra; pero ambos destinatarios, desentendiéndose de la insoslayable realidad que los hechos acreditados suponían, no se dignaron siquiera acusar recibo de esta nueva solicitud, pese a la responsabilidad que podría caberles por dejar impune una conducta como la descrita en la sentencia, con el riesgo de que pudiera repetirse en el futuro con otros enfermos e iguales o peores consecuencias, habida cuenta la especial vulnerabilidad mental de los pacientes de siquiatría.

En vista de este silencio, el paciente acudió por último, en busca de amparo, a quienes estaban en condiciones de ofrecerle alguno, y presentó dos nuevas reclamaciones: una ante la compañía Segurcaixa Adeslas (como asegurado de la cual había acudido a tan malhadada consulta), responsable última de la calidad del servicio médico prestado a sus clientes, y otra ante la Consejería de sanidad y servicios sociales de la Junta de Extremadura, garante de los servicios sanitarios y derechos del paciente en dicha comunidad; pero nuevamente sus denuncias fueron desoídas, pues ambas instancias “echaron balones fuera” y se desentendieron del caso. Adeslas respondió con un incoherente escrito, firmado por Juan Romero Cadaval (jefe del Servicio de atención al cliente en Badajoz), en que venía a aducir que los centros y profesionales concertados trabajaban bajo su propia responsabilidad -lo cual es cierto-, sin someterse al control y los criterios de la aseguradora, lo cual es perfectamente absurdo, ya que Adeslas siempre puede rescindir el contrato a un médico del que tenga acreditada queja, y por tanto los profesionales concertados sí tienen que someterse, directa o indirectamente, a los criterios de la aseguradora; así que sostener lo contrario no tiene sentido. Por su parte, Laureano Marín Lencero, médico jefe del Servicio de inspección sanitaria de la Junta de Extremadura (aquí todo queda “en familia”), se lavó las manos mediante un argumento de escaso o nulo rigor jurídico, aduciendo que no procedía resolver ninguna actuación investigadora al respecto porque “la discrepancia” (sic) en la atención sanitaria dispensada por el siquiatra había sido “dilucidada a nivel judicial”, lo cual resulta falaz, toda vez que lo así “dilucidado” no fue discrepencia alguna, sino la posible comisión de un delito de coacciones contra el facultativo; asunto éste muy distinto -aunque guardase íntima relación- del elevado por el paciente al Servicio de inspección sanitaria: a saber, la acreditada falta de respeto del siquiatra para con él. Así que, mediante esa evasiva respuesta, el Sr. Martín Lencero dejaba de manifiesto su nula voluntad de ocuparse de tan intolerable conducta médica, pese a que dentro de las competencias de su Consejería entra la supervisión de la calidad de los servicios médicos en los centros públicos y concertados.

Esta es, pues, la absoluta indefensión en que se hallan los usuarios de los servicios sanitarios en Extremadura (y, es de suponer, en el resto de España también): ni el colegio profesional, ni la dirección del hospital, ni la compañía aseguradora, ni el gobierno autonómico han tenido interés en corregir, o tan siquiera investigar, el intolerable trato que un siquiatra propina a su paciente, pese a haber quedado acreditado dicho trato según descripción judicial. Pero, eso sí, desde los medios de comunicación bombardean incesantemente a la ciudadanía con los plañidos de la omnipotente corporación médica por las agresiones que estos profesionales sufren por parte de sus pacientes, y los poderes públicos extreman las medidas legales (llegando a otorgar a los médicos el carácter de Autoridad) para protegerlos de quienes, en realidad, se encuentran a su merced, infinitamente más indefensos.