El descarrilamiento del tren Alvia el día de Santiago a tres kilómetros de esa ciudad el 25 de julio de hace tres años, ha congregado nuevamente en el lugar del accidente a centenares de familiares, allegados y vecinos de las 79 personas fallecidas, que han exigido “la verdad” sobre el accidente.
Reclamaban también el pago de buena parte de las indemnizaciones debidas, cuya entrega se alarga, crispando a sus beneficiarios.
Además, recordaban un reciente informe de la Agencia Ferroviaria Europea crítico con la investigación española, centrada en el “error humano” del maquinista, sin profundizar en las “causas subyacentes” alegadas por las víctimas.
La justicia española había sentenciado la culpabilidad del maquinista, Francisco José Garzón, que admitió que circulaba a 190 kilómetros por hora y no a la señalada de 80 en la peligrosa curva de Angrois, donde ocurrió el accidente
No haber forzado la entrega de las indemnizaciones lo paga ahora la nueva presidenta del Parlamento, Ana Pastor, que cuando ocurrió el accidente era ministra de Fomento, pero que no tuvo responsabilidad en la peligrosidad en las “causas subyacentes” de la vía férrea, concebida en la curva de Angrois para bajas velocidades, no para trenes lanzados a alta velocidad.
Aunque, desde que José Blanco, ministro socialista de Fomento, inauguró la llamada alta velocidad Ourense-Santiago, habían circulado normalmente por Angrois al menos 830 trenes, tantos como días, hasta el del accidente.
El propio Garzón Amo reconoció su responsabilidad al salir vivo del tren descarrilado, exclamando “¡Ay Dios mío, lo que he hecho!”
De haber sobrevivido milagrosamente habría dicho lo mismo Andreas Lubitz, el copiloto del avión de Greenways de la lísea Barcelona-Düseldorf que se suicidó estrellando el avión con 149 personas más el 24 de abril de 2015.
Nada puede atenuar ya los males del desastre de Angrois que no sea abonar las máximas indemnizaciones, evitando dilaciones en esas entregas.
Pero no haber acelerado los pagos es una grave falta de atención de Ana Pastor, que ahora se cobran con manifestaciones en su contra.
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