Independencia, sí, pero nos la paga "Madrit ens roba"

¿ qué pretenden realmente los separatistas? Aunque la Ley de Transitoriedad no dice mucho al respecto, la cuestión es que la Generalidad ya encargó en su día un informe detallado sobre la distribución de activos y pasivos entre ambas administraciones, cuya redacción corrió a cargo del Consejo Asesor para la Transición Nacional en 2014. Este documento, junto a las cuentas que elaboró en 2013 la Fundación Josep Irla, vinculada a ERC, especifican el plan de los independentistas para llevar a cabo el citado reparto de patrimonio y deudas.

El primer capítulo tiene que ver con el capital físico. Según el informe del citado Consejo Asesor, "en principio, todos los bienes públicos situados en el territorio secesionado pasan al Estado sucesor [Cataluña] de forma directa y sin contraprestaciones, tal como establece el artículo 2.2.a de la Convención de Viena de 1983 [...] Aunque la Convención no lo especifica, esto incluye todo tipo de activos y bienes de Estado como edificios, servicios y corporaciones públicos".

Este capital, según el plan de los independentistas, debería pasar al nuevo Estado catalán de forma automática y sin ningún tipo de compensación. Es decir, gratis total.

El segundo gran capítulo es el referido al capital financiero. El Gobierno central, la Seguridad Social y el Banco de España también poseen un gran volumen de activos financieros que, según los secesionistas, deberían ser repartidos mediante una negociación bilateral tomando como referencia o bien el criterio de población (los catalanes representan el 16% del total de españoles) o el de PIB (Cataluña representa el 20% del PIB español). En este apartado se incluirían, entre otros activos, todos los créditos o préstamos concedidos por el Estado a terceros, sean empresas públicas o agentes privados; las reservas del Estado en metales preciosos, euros y otras divisas; las cuentas corrientes (etc.).

el negocio para los secesionistas sería redondo, puesto que, según su plan, estas cantidades se verían reducidas a poco más de 104.000 (47% del PIB) ó 136.000 millones de euros (61%), una vez restados los activos financieros asumidos por Cataluña, según se aplicase el criterio de población o de PIB. Y ello sin contar los 100.000 millones que se embolsarían con la apropiación del capital físico estatal radicado en dicha comunidad.

Propongo la expropiación sin ningún tipo de compensación a los ciudadanos y empresas vinculados al nacionalismo catalán de todos los bienes y derechos en el resto de España (por ejemplo, la familia Pujol). En el colmo de la cara dura, encima quieren quedarse en el Parlamento español, cobrando sus sueldos...

Mientras la Banca anuncia que no podrá garantizar los depósitos particulares si Cataluña declara su independencia. Y el Consell de Garantías avisa a Forcadell de que su dictamen es preceptivo.